Una investigación especial de la Contraloría General de la República reveló este miércoles que, durante la campaña de vacunación contra la influenza de 2024, el Estado chileno gastó más de $3.600 millones en vacunas que nunca llegaron a la población y detectó 208 casos de personas que fueron “inoculadas” después de muertas. El informe, que se conoció en medio de la ofensiva del gobierno de José Antonio Kast contra los derechos de la clase trabajadora, ha destapado la podredumbre de un sistema que administra la salud pública como un negocio y que, a la hora de rendir cuentas, solo encuentra responsables cuando la evidencia es tan grotesca que resulta imposible de ocultar.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Los datos son tan brutales como reveladores. La Contraloría General de la República, tras una investigación especial al Ministerio de Salud, constató que 762.326 dosis de vacunas contra la influenza, adquiridas a los laboratorios Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur, vencieron en las bodegas del operador logístico del ministerio sin haber sido distribuidas a los centros de salud. El costo fiscal de este desastre asciende a $3.640.544.800.
Pero el descalabro va más allá de la pérdida millonaria. El informe revela la naturaleza fantasmal de la gestión sanitaria. 2.906.653 vacunas desaparecieron del registro: no aparecen como administradas ni como vencidas. Y, como si fuera una escena de una novela gótica, la Contraloría encontró 208 registros de personas vacunadas después de muertas. En algunos casos, la fecha de vacunación es posterior al fallecimiento por hasta 61 años. En 58 de esos casos, los datos coinciden exactamente con el certificado de defunción.
La meta oficial del Ministerio de Salud para 2024 era alcanzar una cobertura del 85% de la población objetivo. Los resultados fueron un fracaso: en personas de 60 años y más, la cobertura llegó solo al 66%; en gestantes, al 72%; y en la “estrategia capullo”, apenas al 64%. La vacuna que podría haber salvado vidas terminó en la basura, mientras los registros oficiales se llenaban de fantasmas.
El negocio de la salud y los muertos que se vacunan
Desde una perspectiva marxista, el informe de la Contraloría no es una mera denuncia de ineficiencia técnica. Es la radiografía de un modelo de salud pública que ha sido desmantelado sistemáticamente por el capital. La compra de 9,6 millones de dosis para una campaña que apenas logró administrar cinco millones no es un error de cálculo: es la lógica de un sistema que prioriza la compra de insumos por sobre su distribución efectiva, que privilegia los contratos millonarios con los laboratorios antes que la salud de la población. La Contraloría concluyó que la Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber agotado todas las alternativas disponibles para gestionar o redistribuir oportunamente esas vacunas. En otras palabras: el Estado compró, pero no planificó; pagó, pero no controló.
El hecho de que 2,9 millones de dosis hayan desaparecido del registro sin dejar rastro es la prueba de que el sistema de control de inventarios es una farsa. El hecho de que 208 personas hayan sido vacunadas después de muertas no es solo un error de digitación; es la evidencia de que la burocracia sanitaria funciona como una máquina ciega, donde los datos se ingresan sin verificación, los recursos se pierden sin que nadie rinda cuentas, y la salud de la clase trabajadora es un mero número en una planilla.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, fue contundente: “Más de 700 mil vacunas, que terminan equivalendo a más de 3 mil millones de pesos, son recursos con los que podríamos haber construido varios centros de salud familiar”. Su declaración es una confesión involuntaria: el Estado chileno gasta en vacunas que no usa, mientras los centros de salud se caen a pedazos. La salud pública no es una prioridad; es un negocio.
La doble moral de la derecha y el silencio de los responsables
El informe de la Contraloría ha puesto en el centro del escándalo a la exministra Ximena Aguilera y a la exsubsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quienes lideraron la cartera durante el período investigado, que corresponde al gobierno de Gabriel Boric. La bancada de Renovación Nacional ya había oficiado en 2025 al Consejo de Defensa del Estado para que evaluara acciones legales por el presunto “perjuicio al patrimonio fiscal”. Pero la hipocresía de la derecha es monumental. La misma administración que hoy se rasga las vestiduras por la pérdida de $3.600 millones en vacunas es la que, bajo el gobierno de José Antonio Kast, ha recortado el presupuesto de salud en más de $400 mil millones, que ha impulsado una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que ha desfinanciado la atención primaria y que ha dejado a los hospitales públicos al borde del colapso.
Mientras la derecha exige responsabilidades por la pérdida de vacunas en 2024, olvidando un espectaculo similar durante el gobierno de Sebastián Pipñera durante la pandemia Covid 19, el gobierno de Kast ha autorizado un aumento del 14,4% en los sueldos de los consejeros del Banco Central, ha impulsado una reforma constitucional para restringir derechos fundamentales y ha declarado una “guerra total” al crimen organizado que, en los hechos, no es más que un dispositivo de control social. La pérdida de $3.600 millones en vacunas es, para el capital, un mal negocio; la pérdida de derechos de la clase trabajadora es, para el capital, la esencia del negocio.
La función de clase de la burocracia sanitaria
El caso de las vacunas vencidas y de los muertos vacunados es la expresión de una lógica de clase que gobierna la administración pública chilena. La burocracia sanitaria no es un ente técnico neutral; es un mecanismo de gestión de los recursos públicos que opera bajo los principios del capital: comprar barato, distribuir mal, perder sin control, y dejar que los de abajo paguen las consecuencias. La Contraloría formuló un reparo por los $3.640 millones, un mecanismo para perseguir responsabilidades patrimoniales. Pero el reparo no devolverá las vacunas a los centros de salud; no salvará las vidas que pudieron haberse salvado; no reparará la confianza de la clase trabajadora en un sistema que la abandona.
El senador Juan Luis Castro cuestionó el vencimiento de las vacunas, pero su crítica no es suficiente. La clase trabajadora debe entender que la pérdida de vacunas y los registros de muertos vacunados no son errores aislados; son el síntoma de un sistema que trata la salud como una mercancía y a los trabajadores como números en una planilla. Mientras el capital acumula, el Estado pierde. Mientras los de arriba celebran sus aumentos, los de abajo esperan vacunas que nunca llegan.
Epílogo: el vacío de la salud pública
La investigación de la Contraloría ha destapado una verdad incómoda: el Estado chileno gasta en vacunas que no usa, registra a muertos que se vacunan, y pierde el rastro de millones de dosis mientras la población objetivo no alcanza la cobertura necesaria. La salud pública, en el Chile de los patrones, es un negocio donde los laboratorios facturan, los funcionarios firman y los trabajadores esperan.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de una Contraloría que formula reparos y una derecha que exige responsabilidades. La verdadera responsabilidad no es de la exministra Aguilera ni de la exsubsecretaria Albagli; es de un sistema que ha convertido la salud en una mercancía y que, a la hora de rendir cuentas, solo encuentra responsables cuando la evidencia es tan grotesca que resulta imposible de ocultar. Mientras el gobierno de Kast sigue recortando el presupuesto de salud y regalando el Estado al capital, los muertos que se vacunan y las vacunas que se pierden son el recordatorio de que, para el capital, la salud de los de abajo es un costo que se puede reducir.