La Contraloría General de la República confirmó este jueves lo que la clase trabajadora ya sabía: la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, actuó de manera ilegal al solicitar a la PDI información confidencial sobre detectives con los que había trabajado cuando era fiscal. El dictamen del ente fiscalizador, que declaró que la exsecretaria de Estado se extralimitó en sus funciones, es un revés para la administración de José Antonio Kast y una prueba más de la doble vara con la que opera el sistema de justicia chileno. Mientras los exministros y exfuncionarios de alto rango son investigados con cuentagotas y sus responsabilidades se diluyen en el laberinto burocrático, los trabajadores de base, los enemigos del sistema y los dirigentes sociales son perseguidos con todo el peso de la ley por faltas menores. La Contraloría ha puesto un dedo en la llaga, pero el problema de fondo no es la conducta de una exministra, sino la naturaleza de un Estado que protege a los de arriba mientras criminaliza a los de abajo.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia cayó como un balde de agua fría en La Moneda. La Contraloría General de la República emitió este jueves un dictamen que declara ilegal la actuación de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien el 13 de marzo, a apenas dos días de asumir el cargo, envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando información detallada sobre el traslado y cese de funciones de un grupo de detectives de la Región de Tarapacá [7†L17-L19]. El dictamen de la contralora Dorothy Pérez determinó que Steinert se extralimitó en sus atribuciones al pedir antecedentes que no correspondían a su función como ministra y que podían afectar una investigación en curso [6†L14-L15][7†L21-L22].
La información solicitada por Steinert era de una minuciosidad que delata una intención que va más allá de la mera fiscalización: pidió la individualización completa de los funcionarios trasladados, una fundamentación “pormenorizada” de las razones del traslado, información sobre sus nuevas destinaciones y funciones, e incluso copia de los antecedentes disciplinarios o penales de los detectives [7†L26-L31]. El equipo de detectives, liderado por el subprefecto Mauricio Fuentes, había trabajado con Steinert cuando ella era fiscal en Tarapacá y participó en las investigaciones para desbaratar al Clan Chen, una mafia que operaba en la Zona Franca de Iquique [7†L31-L37].
La lógica del doble estándar
El fallo de la Contraloría es un golpe a la figura de Steinert, quien ya había sido removida de su cargo el pasado 2 de junio tras una gestión marcada por la polémica. Pero la clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura” contra una exfuncionaria. El verdadero escándalo no es que Steinert haya violado la ley, sino que el sistema de justicia chileno haya sido diseñado para que los poderosos puedan violarla con impunidad.
Mientras Steinert es investigada con un procedimiento que duró meses y que concluyó con un dictamen que, en los hechos, no tendrá consecuencias penales para ella, los trabajadores de base y los dirigentes sociales son perseguidos con todo el peso de la ley por faltas menores. Un manifestante puede ser condenado a prisión por “desórdenes públicos”, mientras un exministro puede solicitar información confidencial a la policía con total impunidad. La Contraloría ha puesto un dedo en la llaga, pero el problema de fondo no es la conducta de una exministra, sino la naturaleza de un Estado que protege a los de arriba mientras criminaliza a los de abajo.
El blindaje de la élite
La defensa de Steinert, que aseguró estar “muy tranquila” ante el informe de la Contraloría, y el respaldo que el propio Presidente Kast le brindó en su momento, son la prueba de que el sistema de justicia chileno está diseñado para proteger a los poderosos [2†L25-L26][7†L9-L10]. La misma lógica que permitió a Steinert solicitar información confidencial sin rendir cuentas es la que permite a los grandes empresarios evadir impuestos, a los políticos recibir financiamiento ilegal y a los jueces fallar a favor de sus amigos.
El dictamen de la Contraloría es un recordatorio de que la ley, en el Chile de los patrones, se aplica con saña a los de abajo y con benevolencia a los de arriba. Steinert seguirá su vida con normalidad, mientras los trabajadores de la salud, los profesores y los dirigentes sociales siguen siendo perseguidos por un sistema que los criminaliza. La clase trabajadora no debe celebrar este fallo como un triunfo de la justicia, sino como una confirmación de que el sistema está podrido hasta los cimientos. Mientras el poder político y el poder judicial se protegen entre sí, los de abajo seguimos pagando el costo de un Estado que nos vigila, nos persigue y nos condena, mientras los verdaderos responsables siguen libres, disfrutando de sus privilegios.