El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este jueves el operativo de allanamiento ordenado por el fiscal nacional Ángel Valencia en las propias dependencias del Ministerio Público, luego de que se hallaran restos de cocaína en un baño de la Fiscalía Centro Norte. La medida, ejecutada por el OS7 de Carabineros con perros antidrogas, desató la indignación de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), que acusó una vulneración de derechos fundamentales y presentó una tutela laboral. Mientras el gobierno de Kast se ufana de su “tolerancia cero” y el ministro Arrau declara que “no se puede tolerar la corrupción y la dependencia a las drogas”, la clase trabajadora asiste a un nuevo episodio de la farsa: el poder judicial y el ejecutivo montan un espectáculo represivo contra sus propios funcionarios para desviar la atención de la verdadera crisis, la poca credibilidad de una institución permeada por el poder, la delincuencia de cuello y corbata, el narcotráfico que lava dinero en los bancos y la complicidad de las élites con el crimen organizado. Mientras allanan la Fiscalía en busca de un resto de cocaína, los grandes narcos siguen operando con total impunidad, protegidos por un sistema que solo persigue a los de abajo.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El jueves 2 de julio, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió a defender con bombo y platillo una medida que, en cualquier otro contexto, habría sido calificada como un exceso autoritario: el allanamiento de las dependencias de la Fiscalía Nacional por parte del OS7 de Carabineros, con perros antidrogas, para buscar sustancias ilícitas. La razón oficial: el hallazgo de restos de cocaína en un baño de la Fiscalía Centro Norte el pasado 21 de enero. El fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenó entonces una investigación y autorizó la entrada de los canes al edificio de la Fiscalía Nacional, que recorrieron oficinas, pasillos y espacios comunes.
La medida, sin embargo, ha generado una profunda molestia entre los funcionarios del Ministerio Público. La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP) acusó una vulneración de derechos fundamentales y presentó una tutela laboral contra el propio organismo. La Fiscalía, por su parte, defendió el operativo y rechazó ante el tribunal cualquier compromiso de no repetirlo. El Consejo de Defensa del Estado también respaldó el proceso.
La lógica del espectáculo: drogas para los de abajo, impunidad para los de arriba
El ministro Arrau fue categórico en su defensa: “En instituciones de persecución penal, si hay algo que no se puede tolerar es la corrupción y la dependencia a las drogas”. Y añadió: “Cuando tenemos a funcionarios potencialmente que podrían estar vinculados con actos ilícitos ¿qué garantía tenemos de cumplir nuestro deber?”.
La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es: ¿por qué esta misma lógica no se aplica a los grandes narcotraficantes, a los empresarios que lavan dinero, a los políticos que reciben financiamiento ilegal? ¿Por qué el Estado no allana los bancos donde se blanquean las ganancias del narcotráfico? ¿Por qué no se investiga a los grupos económicos que han construido su fortuna sobre la base de la explotación y el crimen? La respuesta es evidente: el sistema de justicia penal no está diseñado para perseguir a los poderosos, sino para disciplinar a los de abajo.
La hipocresía de la “mano dura”
El gobierno de Kast, que ha hecho de la “mano dura” contra la delincuencia su principal bandera, utiliza este tipo de operativos para construir una narrativa de “tolerancia cero”. Pero la realidad es que la persecución penal se concentra en los eslabones más débiles de la cadena: los consumidores, los pequeños traficantes, los funcionarios de base. Mientras tanto, los grandes capos del narcotráfico operan con total impunidad, protegidos por un entramado de complicidades que incluye a la policía, la política y el poder judicial.
El propio ministro Arrau anunció que en el Ministerio de Seguridad están incorporando “exigencias a los funcionarios bastante mayor que en otros ministerios”. Es decir, mientras el gobierno flexibiliza los derechos de los trabajadores y recorta el gasto social, endurece las condiciones de sus propios funcionarios, en una lógica que criminaliza a los empleados públicos mientras protege a los que realmente manejan el negocio de las drogas.
Epílogo: el circo continúa
El allanamiento de la Fiscalía es un acto de hipocresía de proporciones monumentales. Mientras los perros antidrogas olfateaban las oficinas de los fiscales, los verdaderos narcotraficantes seguían moviendo toneladas de cocaína a través de los puertos chilenos, con la complicidad de funcionarios aduaneros y agentes policiales. Mientras el ministro Arrau se ufanaba de su “tolerancia cero”, los grupos económicos que lavan dinero seguían operando con total normalidad.
El gobierno de Kast necesita alimentar el mito de la “mano dura” para ocultar su propia incapacidad para enfrentar el crimen organizado. Y para eso, no duda en montar un circo represivo contra sus propios funcionarios, mientras los verdaderos responsables siguen libres, protegidos por un sistema que los blinda. La clase trabajadora no debe dejarse engañar: este operativo no es una muestra de eficacia policial, sino un acto de propaganda política para desviar la atención de la verdadera crisis de seguridad que el gobierno no ha logrado resolver.