La propia Comisión Kahan, creada posteriormente por el Gobierno israelí para investigar los acontecimientos, determinó responsabilidades indirectas israelíes. Respecto del entonces ministro de Defensa Ariel Sharon, concluyó que tenía responsabilidad personal por haber ignorado el peligro de violencia y represalias derivado de permitir la entrada de los falangistas a los campamentos. La comisión recomendó que dejara el Ministerio de Defensa. Así lo reconoce hasta hoy la propia Knéset israelí.
Por Daniel Jadue
Este 16 de septiembre se cumplen 44 años del inicio de la masacre de Sabra y Shatila, ocurrida entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982 en Beirut. Recordarla no significa únicamente volver sobre uno de los episodios más dolorosos de la historia palestina contemporánea. Significa también interrogarnos acerca de la responsabilidad política, la protección de los civiles y la persistencia de una cuestión palestina que, más de cuatro décadas después, continúa sin encontrar una solución justa y duradera.
La historia exige precisión. En septiembre de 1982, Líbano se encontraba atravesado por la guerra civil y por la invasión israelí iniciada meses antes. Después de la evacuación de las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina de Beirut, y tras el asesinato del presidente electo libanés Bashir Gemayel, el ejército israelí avanzó sobre Beirut occidental. Para el 16 de septiembre controlaba gran parte de ese sector y mantenía posiciones alrededor de los campamentos palestinos de Sabra y Shatila. Aquella tarde ingresaron fuerzas falangistas libanesas. Durante los días siguientes tuvo lugar la matanza de civiles.
Los asesinatos fueron ejecutados directamente por milicias falangistas libanesas. Pero detener la historia en esa afirmación sería insuficiente. La propia Comisión Kahan, creada posteriormente por el Gobierno israelí para investigar los acontecimientos, determinó responsabilidades indirectas israelíes. Respecto del entonces ministro de Defensa Ariel Sharon, concluyó que tenía responsabilidad personal por haber ignorado el peligro de violencia y represalias derivado de permitir la entrada de los falangistas a los campamentos. La comisión recomendó que dejara el Ministerio de Defensa. Así lo reconoce hasta hoy la propia Knéset israelí.
Esto resulta fundamental porque la memoria no necesita exageraciones para ser contundente. Necesita verdad. Y la verdad documentada es suficientemente grave. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reunido el 19 de septiembre de 1982, condenó unánimemente lo que denominó la “masacre criminal” de civiles palestinos en Beirut y reclamó medidas destinadas a proteger a la población civil. Meses después, la Asamblea General condenó nuevamente la masacre y aprobó una resolución que la calificó como un acto de genocidio; esa caracterización fue objeto de desacuerdo entre Estados miembros y no equivale a una sentencia de un tribunal internacional.
Pero Sabra y Shatila tampoco puede comprenderse como un acontecimiento aislado. Es inseparable de la historia del desplazamiento palestino y de los campos de refugiados que surgieron como consecuencia de décadas de conflicto. Personas que ya habían experimentado el desarraigo volvieron a encontrarse atrapadas en una guerra que no podían controlar.
Y quizás allí reside una de las dimensiones más profundas de esta tragedia: la vulnerabilidad extrema de quienes pierden territorio, ciudadanía efectiva y protección política. Frantz Fanon comprendió que el colonialismo no era simplemente una relación entre Estados. Era una estructura capaz de dividir el mundo entre quienes podían ejercer plenamente sus derechos y quienes eran convertidos en sujetos permanentemente vulnerables.
Edward Said agregaría posteriormente otra dimensión indispensable: Palestina no constituye solamente una disputa territorial, sino también una batalla por la representación, por quién tiene derecho a narrar su propia historia y por qué sufrimientos consiguen entrar en la conciencia internacional.
Por eso recordar Sabra y Shatila significa negarse a aceptar que unas víctimas sean más visibles que otras. Toda vida civil posee el mismo valor. No existe dolor israelí y dolor palestino medidos con escalas morales diferentes. No existen niños cuya muerte merezca indignación y otros cuya muerte pueda reducirse a una estadística. La defensa de los derechos humanos solo conserva significado cuando se aplica universalmente, también cuando resulta políticamente incómoda.
Esa debe ser una convicción fundamental de cualquier izquierda verdaderamente internacionalista. No combatimos el antisemitismo para tolerar el racismo contra los palestinos. No denunciamos los crímenes cometidos contra civiles israelíes para relativizar los sufrimientos de civiles palestinos. Y tampoco podemos utilizar la causa palestina para justificar odio contra personas judías.
Nuestra frontera política debe estar siempre entre humanidad y deshumanización, nunca entre pueblos. Sabra y Shatila nos enseña además algo acerca de la responsabilidad política. No basta con preguntar quién ejecuta materialmente una atrocidad. También debemos preguntarnos quién controla el territorio, quién adopta decisiones que hacen posible una determinada situación, quién conoce riesgos previsibles y qué obligaciones poseen quienes tienen capacidad efectiva para proteger a la población civil.
Eso es precisamente lo que hizo relevante el trabajo de la Comisión Kahan: incluso desde las instituciones israelíes se reconoció que no bastaba con responder que los autores materiales pertenecían a otra fuerza. Existía una cuestión adicional de responsabilidad por las decisiones adoptadas.
Cuarenta y cuatro años después, esa pregunta continúa teniendo una enorme vigencia. Porque la memoria histórica no sirve únicamente para distribuir responsabilidades sobre el pasado. Sirve para establecer límites para el presente.
Cuando aceptamos que la población civil puede transformarse en instrumento de presión política, cuando normalizamos el castigo colectivo o cuando comenzamos a considerar inevitable la muerte de inocentes, estamos preparando las condiciones morales para nuevas tragedias. Por eso Sabra y Shatila pertenece también a nuestro tiempo.
No porque todos los acontecimientos posteriores sean equivalentes —no lo son y cada uno debe analizarse conforme a sus propios hechos—, sino porque permanece intacta una pregunta fundamental: ¿cuánto sufrimiento deberá acumular el pueblo palestino antes de que la comunidad internacional sea capaz de garantizar efectivamente sus derechos, su seguridad y su autodeterminación?
La respuesta no puede ser la negación de los derechos de otro pueblo. Palestinos e israelíes tienen derecho a vivir con seguridad. Pero la seguridad duradera jamás podrá construirse sobre dominación permanente, desplazamiento, negación de derechos o ausencia de horizonte político y genocidio como el que se desarrolla hoy en Gaza y Cisjordania.
Mahmoud Darwish convirtió la experiencia palestina del exilio en una poesía universal precisamente porque comprendió que detrás de las grandes categorías geopolíticas siempre existen seres humanos que desean algo elemental: una casa, una tierra, una familia, una memoria y la posibilidad de vivir sin miedo.
Eso es lo que las estadísticas frecuentemente nos hacen olvidar. Sabra y Shatila tiene nombres. Tiene familias. Tiene historias que quedaron interrumpidas. Y tiene sobrevivientes cuya memoria constituye un testimonio frente al olvido. Recordarlos hoy significa rechazar dos tentaciones igualmente peligrosas: utilizar la historia para alimentar odio contra pueblos enteros o utilizar la complejidad histórica como excusa para diluir responsabilidades documentadas.
La memoria verdaderamente emancipadora hace exactamente lo contrario. Identifica responsabilidades sin deshumanizar pueblos. Defiende a las víctimas sin convertir su sufrimiento en instrumento de odio. Exige justicia sin renunciar a la convivencia futura.
Cuarenta y cuatro años después, Sabra y Shatila sigue interpelándonos porque la cuestión que estaba detrás de aquellos campamentos continúa abierta: el derecho del pueblo palestino a existir como sujeto político, a ejercer su autodeterminación y a vivir con dignidad y seguridad.
Por eso hoy no basta con decir que recordamos. Recordar significa actuar para que ningún pueblo vuelva a ser considerado prescindible. Recordar significa defender el derecho internacional incluso cuando contradice los intereses de los poderosos. Recordar significa exigir protección para todos los civiles. Y recordar Sabra y Shatila significa afirmar que ninguna paz verdadera puede construirse sobre el olvido de las víctimas.
La memoria palestina no reclama privilegios. Reclama algo mucho más elemental: que sus muertos sean reconocidos, que sus derechos sean respetados y que las generaciones actuales futuras puedan finalmente vivir aquello que demasiadas generaciones anteriores no pudieron conocer: libertad, seguridad, dignidad y paz.