La aprobación de la Resolución de Poderes de Guerra para frenar las acciones militares del Ejecutivo sin autorización del Congreso expone las profundas grietas presupuestarias de la maquinaria bélica transnacional y la erosión del consenso bipartidista en vísperas de la contienda electoral.
Por Equipo El Despertar
La reciente votación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde una mayoría de legisladores aprobó una resolución amparada en la Ley de Poderes de Guerra para exigir el cese inmediato de las operaciones militares no autorizadas en Medio Oriente, ha sido adjetivada por los monopolios de la información occidental como un “choque constitucional” o un “gallito legislativo de cara a los comicios de medio término”. La narrativa hegemónica intenta confinar el episodio a un cálculo electoralista o a una disputa sobre la distribución del poder normativo en Washington, silenciando los condicionantes económicos y la insostenibilidad material de las aventuras bélicas del imperio.
Sin embargo, desde una lectura dialéctica y materialista de la geopolítica contemporánea, la rebelión parlamentaria contra las acciones del Ejecutivo revela el impacto directo de la crisis de acumulación en el corazón del sistema imperialista. El billonario drenaje de fondos del Tesoro Público hacia el complejo militar-industrial —en momentos en que la inflación, la carestía de combustibles y la precarización laboral asfixian a la clase trabajadora estadounidense— ha fracturado la cohesión de la burguesía central. El voto de rechazo a la continuidad de las operaciones armadas no responde a un repentino pacifismo de las cúpulas del Partido Demócrata o de los sectores disidentes del Partido Republicano, sino al temor de las élites a que el agotamiento de los inventarios de defensa y el descontento popular deriven en un estallido de la protesta social en el frente interno.
El choque entre el Capitolio y la Casa Blanca evidencia la paradoja histórica que atraviesa la hegemonía unipolar. Para intentar mantener las cuotas de ganancia corporativa y el control sobre los corredores estratégicos de energía, el Ejecutivo recurre al militarismo unilateral; pero ese mismo despliegue financiero y logístico agrava el déficit fiscal y la inestabilidad de los mercados de consumo domésticos. Como explicaba el economista y teórico marxista David Harvey al estudiar las dinámicas del “nuevo imperialismo”: «La sobreextensión militar y la exportación permanente de capitales de violencia terminan por exacerbar las contradicciones internas de la metrópoli, obligando a las clases dominantes a disputarse el presupuesto estatal para salvar la economía doméstica o financiar la acumulación por desposesión en la periferia».
Frente a la previsible amenaza de veto presidencial o el bloqueo del aparato burocrático para dejar la resolución en papel mojado, la clase trabajadora internacional no debe dejarse engatusar por las ilusiones del parlamentarismo burgués. El voto en el Congreso norteamericano confirma que la maquinaria de guerra imperial no se detiene por el simple equilibrio de votos en las alturas, sino cuando la crisis material de sus propias economías y la resistencia de los pueblos sometidos tornan inviable la continuidad del saqueo neocolonial.