En su quinta declaración ante la Fiscalía, el principal imputado del Caso Audios reconoció pagos en efectivo que atribuye a una decisión del expresidente y detalló cómo un círculo de abogados discutía qué jueces debían llegar a las cortes. Uno de ellos es hoy embajador del gobierno de Kast en Israel.
Por Equipo El Despertar
La imagen del abogado díscolo que actuó por cuenta propia, repetida durante meses para contener el Caso Audios, se resquebraja con la nueva declaración de Luis Hermosilla. Ante la Fiscalía de Valparaíso reconoció que él y Samuel Donoso recibieron pagos en efectivo vinculados a su trabajo en causas judiciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y describió un circuito de influencia sobre los nombramientos judiciales en el que participaban abogados del foro, asesores presidenciales y funcionarios del Ministerio de Justicia. La declaración fue prestada el 27 de agosto y corresponde a su quinto interrogatorio en esta arista, en el que manifestó su intención de colaborar con las diligencias.
Según su relato, el dinero tenía un origen político preciso. Hermosilla dijo que, por instrucciones de Piñera, se coordinaba con abogados que defendían a las más altas autoridades políticas en causas relacionadas con el 18 de octubre y la pandemia, y que el expresidente decidió pagar ese trabajo. “Cada uno recibía 100 UF mensuales”, precisó ante las fiscales. Los montos se acumulaban habitualmente y se entregaban cada tres meses. El dinero lo habrían proporcionado primero Benjamín Salas y luego Andrés Sotomayor, ambos exasesores de Piñera, y sobre su procedencia Hermosilla se limitó a decir “No sé de dónde provenían estos dineros”. Los pagos, agregó, se prolongaron más allá del mandato, hasta al menos mediados de 2022, después de que Piñera dejara La Moneda, “porque el encargo era de él”.
El dato merece detenerse. El Estado, en el momento de su mayor crisis de legitimidad desde el fin de la dictadura, habría financiado por vías opacas la defensa penal de las autoridades acusadas por la represión del estallido social. No es un exceso individual, sino la forma en que el aparato estatal se protege a sí mismo cuando su violencia queda expuesta, con recursos cuya trazabilidad nadie ha podido establecer.
Quién decide quién juzga
La segunda parte de la declaración toca el nervio del poder judicial. De acuerdo con su testimonio, al menos desde 2019 funcionaba un grupo informal de asesores integrado por él mismo, Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso. Hermosilla afirmó que las conversaciones sobre nombramientos las sostenían recurrentemente con Héctor Mery y, en algunos casos, con Benjamín Salas, Andrés Sotomayor y Pablo Urquízar, y que les interesaban especialmente las Cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso. Mery era entonces jefe de la División Judicial del Gobierno.
Sobre Zaliasnik, Hermosilla fue más lejos y sostuvo ante las fiscales que su colega “tenía más acceso que yo, a algunos ministros de la Corte de Apelaciones, incluso Suprema”. También describió a Zaliasnik y Donoso como muy cercanos entre sí, más de lo que cada uno lo era con él. El expediente incluye mensajes en que Donoso promovía la candidatura del exjuez Antonio Ulloa para la Corte de Santiago tras coordinarse con Zaliasnik, y la declaración aborda además los vínculos de este con la exministra Verónica Sabaj. Otro intercambio, de marzo de 2021, muestra a Hermosilla y Donoso comentando ternas judiciales que, según entendía el primero, serían enviadas a Andrés Sotomayor.
Los chats exhibidos por la Fiscalía revelan con crudeza el criterio de selección. En uno de septiembre de 2021, Donoso escribe que un candidato le fue presentado como “hombre suyo, obediente y que defendera al psdt”, es decir, al presidente Piñera. La pregunta por el mérito o la independencia de los jueces desaparece; lo que se evalúa es la lealtad. Lo que la prensa tradicional describe como “redes de contacto” es, en términos más precisos, la captura de una función pública por una fracción de la élite jurídica que circula entre los estudios que defienden al gran capital, los gobiernos de derecha y las cortes. No por casualidad, la Fiscalía consultó a Hermosilla por una causa que involucraba a Sartor, representada por Zaliasnik como querellante.
Continuidad bajo Kast
Lo que convierte esta declaración en un problema político del presente es el destino de uno de sus protagonistas. Zaliasnik es hoy embajador de Chile en Israel, un nombramiento político y no diplomático que recibió tras apoyar a Kast en su campaña. En junio, pese a que la Fiscalía de Valparaíso había abierto una investigación penal en su contra, el gobierno ratificó su designación, y ha decidido mantenerlo en el cargo tras la nueva declaración. Los chats conocidos antes de su nombramiento ya anticipaban esa relación. En noviembre de 2021 Hermosilla le ofreció ser ministro de Justicia en un eventual gobierno de Kast, y Zaliasnik respondió que no podía restarse, añadiendo que así “le cubro el flanco de la acusación de nazi”. Consultado por Teletrece, el embajador se excusó de participar en el reportaje por sus obligaciones diplomáticas.
Tras la declaración creció la presión opositora para pedir su salida, a lo que se suman sus dichos contra la comunidad palestina en Chile. Esas declaraciones, en las que cuestionó el tamaño de la comunidad palestina, obligaron al canciller Pérez Mackenna a desmarcarse públicamente. Que el gobierno sostenga a un embajador investigado por influir en nombramientos judiciales y desautorizado por su propia Cancillería dice bastante sobre las lealtades que hoy ordenan la política exterior.
Los límites de un testimonio
La declaración debe leerse con cautela. Hermosilla es un imputado que busca beneficios procesales, en una causa conexa en la que la Fiscalía ya pidió 17 años de cárcel en su contra, y sus dichos deberán corroborarse. Él mismo reconoció que nunca conversó directamente con Piñera sobre los pagos, y el expresidente, fallecido en 2024, no puede responder. Zaliasnik y Donoso no han sido condenados y gozan de la presunción de inocencia.
Pero la cautela frente al testimonio no autoriza a reducir el caso a la conducta de un puñado de abogados. Lo que emerge de los chats y declaraciones no es una desviación, sino un mecanismo, en el cual el acceso a los tribunales, la selección de jueces y la defensa de las autoridades frente a las víctimas del estallido se resolvían en un circuito cerrado de la clase dominante, financiado con dinero sin origen conocido. Mientras la discusión pública se concentre en la moral de los individuos, esa estructura seguirá intacta, y con ella la desigualdad ante la ley que millones de chilenos experimentan cada día.