La negativa de La Moneda a emitir declaraciones sobre los vínculos del embajador designado en Israel en las filtraciones del abogado Hermosilla expone cómo el aparato de Estado prioriza la cohesión de la élite sobre la transparencia pública.
Por Equipo El Despertar
Frente a las crecientes interrogantes públicas surgidas por las menciones al abogado Gabriel Zaliasnik en las filtraciones del llamado “Caso Hermosilla” —quien fue ratificado como embajador de Chile en Israel—, el Ejecutivo ha optado por un hermetismo estricto, declinando pronunciarse o abrir investigaciones sumarias al respecto. Las narrativas hegemónicas de la prensa corporativa tienden a presentar este silencio gubernamental como una postura de “prudencia republicana”, un resguardo de la “continuidad de la política exterior” o una simple neutralidad ante procesos judiciales en curso. Sin embargo, desde la perspectiva del materialismo histórico, la omisión deliberada del Ejecutivo desvela la función central del Estado burgués: operar como un garante institucional de los intereses y alianzas de la clase dominante, protegiendo a los operadores políticos e ideológicos que garantizan la continuidad del régimen, independientemente del color político del gobierno de turno.
Lejos de ser un ente neutral al servicio del “bien común” o de la “fe pública”, la burocracia estatal actúa en consonancia con la estructura de poder que la sostiene. En El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx analizaba cómo la máquina estatal consolidaba la dominación burguesa a través de redes de influencias interconectadas, señalando que “el poder del Estado no flota en el aire”, sino que descansa en la articulación concreta de los intereses de las fracciones de clase que hegemonizan las instituciones. En este contexto, el nombramiento diplomatico y la subsiguiente cobertura de silencio hacia Zaliasnik no representan un descuido administrativo, sino la preservación defensiva de los entramados transversales de influencia que vinculan al gran capital, la casta judicial y la diplomacia estratégica del Estado chileno.
La designación y protección de una figura vinculada al litigio corporativo y a la defensa de intereses del capital financiero e industrial en un enclave diplomático clave como Israel cobra una dimensión profundamente política. Para el aparato de gobierno, romper el silencio significaría resquebrajar el consenso interburgués sobre el cual se asienta la política exterior del Estado y poner en tensión los pactos no escritos de protección mutua entre las élites políticas y judiciales. El discurso institucional de la “probidad” y el “cumplimiento de los estándares democráticos” demuestra así su carácter puramente formal: se aplica con rigor punitivo sobre la clase trabajadora y los sectores populares, pero se diluye en ambigüedades y negativas de vocería cuando amenaza con salpicar a los cuadros de representación del poder económico.
Para la clase trabajadora y los movimientos sociales, esta negativa gubernamental es un recordatorio de que las instituciones de la democracia liberal no están diseñadas para auto-fiscalizarse ni para desmantelar las redes de corrupción sistémica que brotan de la acumulación capitalista. El hermetismo oficial frente a la trama de influencias no es una falla fortuita del sistema, sino la forma orgánica en que la estructura gubernamental preserva la estabilidad de la dominación de clase. Frente a la ilusión de que el Estado actuará como un juez imparcial, se vuelve indispensable la fiscalización independiente, la organización comunitaria y la denuncia permanente del entrelazamiento entre el capital privado, el sistema de justicia y las cúpulas de la política institucional.