En una columna publicada por El Mostrador, el abogado y académico Matías Pérez Ojeda denuncia el silencioso retroceso en los derechos políticos de los migrantes residentes en Chile, en particular su participación electoral. A través de mecanismos administrativos, ausencia de voluntad política y discursos xenófobos, la democracia liberal chilena ha ido cercando la participación política de cientos de miles de personas extranjeras que viven, trabajan y tributan en el país.
El autor apunta a una combinación peligrosa: apatía institucional, criminalización mediática y discriminación estructural, que han llevado a que los migrantes sean excluidos —de facto— del proceso democrático. Aunque la ley les reconoce el derecho a sufragio después de cinco años de residencia, la tramitación burocrática y la ausencia de campañas informativas hacen que ese derecho sea letra muerta para la mayoría.
El migrante como enemigo interno
Este proceso no es casual. En contextos de crisis económica y degradación del tejido social, el capital necesita chivos expiatorios para desviar el conflicto de clases hacia la lucha entre pobres. Así, los migrantes son transformados en el nuevo “peligro interno”: invasores, delincuentes, portadores de caos.
Como señala la columna, los medios de comunicación y sectores de la derecha han sido claves en esta operación: se asocia migración con inseguridad, pobreza con amenaza, y lo extranjero con lo criminal. El resultado: justificación del control, militarización, y ahora, exclusión política.
“La ideología dominante transforma el miedo en orden, y el orden en obediencia.”
(Marx, La ideología alemana)
La democracia liberal al servicio del capital nacionalista
Mientras los migrantes son considerados “mano de obra disponible” para el agro, el retail y la construcción, su existencia política es borrada. Se les exige trabajar, pagar impuestos, contribuir al consumo y a las cotizaciones, pero no se les permite decidir colectivamente sobre el rumbo del país que sostienen con su esfuerzo.
No es una omisión: es una estrategia. En el marco del Estado capitalista-nacional, los derechos civiles son otorgados según la utilidad del sujeto al orden dominante. Y en ese esquema, el migrante solo vale mientras no cuestione el poder.
El sistema los necesita invisibles, divididos y mudos
El retroceso en derechos políticos ocurre en paralelo al auge del populismo punitivo, la consolidación de discursos identitarios reaccionarios y el crecimiento de fuerzas parlamentarias como el Partido Republicano y sectores libertarios que piden cerrar fronteras mientras exportan capital.
La columna de Pérez Ojeda acierta al denunciar que el silencio sobre los derechos políticos de los migrantes no es casual: es funcional. Porque un migrante organizado, politizado y con derecho a voto desafía directamente al orden desigual que lo explota.
Conclusión: o hay ciudadanía para todos, o hay oligarquía para siempre
Los migrantes no son “un problema a integrar”, son parte del proletariado transnacional que el capital necesita dividir; son parte de la Unidad Material del mundo que Marx y Recabarren reconocen en sus escritos. Negarles participación es negar el carácter colectivo y al mismo tiempo unitario de la sociedad chilena contemporánea. Es consolidar un régimen de apartheid institucional donde trabajas pero no decides, produces pero no existes.
Como dijo Rosa Luxemburgo:
“Donde comienza la exclusión política, termina toda forma de igualdad.”