La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta semana, en general, el proyecto de ley que propone eliminar el tope de 11 años para el cálculo de indemnizaciones por años de servicio, un límite que ha estado vigente desde la dictadura y que reduce significativamente el monto de las compensaciones por despido.
La iniciativa, respaldada por sectores del oficialismo y parte de la oposición, busca avanzar hacia una mayor justicia laboral y adecuar la legislación chilena a los estándares internacionales, donde no existen topes tan restrictivos. De convertirse en ley, las indemnizaciones deberán calcularse por la totalidad de los años trabajados, sin importar si son más de 11.
Empresariado: “impacto negativo en el empleo”
La aprobación preliminar del proyecto fue duramente cuestionada por la CPC, que a través de su presidente Ricardo Mewes advirtió que la medida podría “aumentar el desempleo, encarecer las contrataciones y frenar la inversión privada”.
“Estamos preocupados por el momento económico en que se impulsa esta medida. No es el camino para mejorar el mercado laboral”, señaló Mewes.
Desde el mundo empresarial, como siempre, se ha instalado la tesis de que elevar los costos de despido desincentivaría la contratación formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, sin embargo la evidencia no dice lo mismo. La realidad es que la instalación del tope solo sirve al empresariado que aumenta su tasa de ganancia a costa de derivar sobre la clase trabajadora los riesgos del proceso productivo abaratando el despido en tiempos de crisis.
Sindicatos y trabajadores: “una deuda histórica con la clase obrera”
Por el contrario, diversas organizaciones sindicales valoraron el avance del proyecto como un paso hacia la reparación de una injusticia estructural heredada del modelo laboral impuesto durante la dictadura.
“Eliminar el tope de 11 años no es un lujo, es un derecho. La indemnización completa por despido es lo mínimo que merece un trabajador tras décadas de servicio”, señaló la CUT en un comunicado.
Actualmente, en Chile un trabajador despedido solo puede recibir un máximo de 11 sueldos mensuales como indemnización, aunque haya trabajado 15, 20 o más años. Este mecanismo ha sido criticado por organismos internacionales como la OIT por precarizar la relación laboral y favorecer el despido sin costo real para el empleador.
¿Qué dice el proyecto?
El texto propone Eliminar el tope de 11 años, mantener la base de 1 mes de sueldo por cada año trabajado, Incorporar la obligación de que el pago se efectúe al momento del término del contrato, y estudiar posibles exenciones o ajustes para microempresas (a discutir en la etapa siguiente).
El proyecto pasará ahora a su discusión en particular, donde se podrán introducir indicaciones antes de ser votado en sala.
Debate abierto: ¿proteger el empleo o facilitar el despido?
Mientras el empresariado advierte sobre “efectos negativos” y la CUT insiste en la justicia de fondo, expertos laborales subrayan que la indemnización por años de servicio no es un privilegio, sino una compensación ante la ruptura unilateral del contrato.
Además, estudios de la Fundación SOL y otros centros laborales han demostrado que el sistema actual favorece la rotación, la inestabilidad y la informalidad, y que en la práctica muchas empresas evitan pagar la indemnización mediante renuncias forzadas, reemplazos por honorarios o contratos a plazo fijo.
Lo que viene
La iniciativa será debatida nuevamente en la Comisión de Trabajo en las próximas semanas, y su destino dependerá del equilibrio político en la Cámara, donde sectores de derecha ya han anunciado su rechazo.
Pese a ello, el proyecto ha abierto una discusión clave sobre el tipo de relaciones laborales que Chile debe construir, en un contexto donde la ciudadanía exige mayores estándares de justicia social y protección frente a la precariedad.