El impuesto, en teoría, gravaría los patrimonios personales sobre cierto umbral (por ejemplo, 5 millones de dólares). No se trata de tributar ingresos mensuales, sino de aplicar una tasa marginal sobre la riqueza acumulada, activos, propiedades, inversiones, de los más acaudalados.
Por Equipo El Despertar
Una vez más, sectores del oficialismo chileno intentan instalar el debate sobre un impuesto a los súper ricos, y una vez más el capital responde con gritos de guerra. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), gremios empresariales y medios económicos salieron a advertir que este tipo de propuestas son “populistas”, “perjudiciales para la inversión” y “abren la puerta a la inestabilidad”.
La idea ni siquiera ha llegado al papel, pero ya está políticamente herida. Porque en Chile, como en cualquier sociedad capitalista, el 1% más rico no solo concentra la riqueza: también controla la política, los medios, los bancos y el Estado.
El impuesto, en teoría, gravaría los patrimonios personales sobre cierto umbral (por ejemplo, 5 millones de dólares). No se trata de tributar ingresos mensuales, sino de aplicar una tasa marginal sobre la riqueza acumulada, activos, propiedades, inversiones, de los más acaudalados.
En un país donde el 1% de la población concentra más del 20% de la riqueza, esto parecería elemental. Pero en la práctica, cualquier intento de aplicar este tipo de tributo toca el nervio central del poder económico.
Y como advertía Marx en El Capital: “El capital tiene un único impulso vital: valorizarse, crear plusvalor, chupar con succionadora insaciable el trabajo excedente.” Y aunque el impuesto al patrimonio no detiene esa succión, la incomoda. Y por eso lo rechazan.
Quienes hoy defienden este impuesto lo hacen desde dentro de un Parlamento, un Ministerio de Hacienda y una institucionalidad que no fue creada para redistribuir riqueza, sino para protegerla.
El Estado moderno, como explicaron Marx y Engels en El Manifiesto del Partido Comunista, es el instrumento colectivo de administración de los intereses de la clase dominante. Por eso se puede discutir alza del IVA (que afecta a todos); se puede congelar el gasto público y se puede subir el impuesto al trabajo formal. Pero gravar las fortunas, esos patrimonios construidos sobre la explotación histórica del trabajo, sigue siendo tabú.
Los empresarios no discuten con argumentos sociales. Discuten con amenazas estructurales: Se irán los capitales, se destruirá el empleo, se paralizará la inversión y se enviará una mala señal al mercado. Es el chantaje habitual del capital financiero, que se moviliza más rápido que cualquier clase trabajadora, porque no necesita organización: tiene bancos, asesores y paraísos fiscales.
Y lo peor es que los gobiernos progresistas, atrapados en la lógica del consenso y el diálogo, retroceden antes de avanzar. Como decía Rosa Luxemburgo: “Quienes intentan conciliar los intereses del capital y del trabajo, solo terminan fortaleciendo al primero.
La única forma realista de aplicar un impuesto a los súper ricos no es por medio de acuerdos en comisiones legislativas, sino mediante la presión de masas y la organización popular ante el chantaje del capital.
Mientras los sindicatos estén debilitados, las poblaciones fragmentadas y los partidos de izquierda institucionalizados, los ricos no cederán ni una moneda. Un verdadero impuesto a los súper ricos no es solo una política fiscal, es una expresión de las contradicciones de clase. Y como tal, no se conquista con tecnocracia, sino con lucha organizada.