Lo más ofensivo no es la deuda, sino la impunidad. Los parlamentarios que redactan leyes fiscales, que exigen “responsabilidad tributaria” a la ciudadanía, no cumplen con sus propios deberes. Y cuando se descubre el escándalo, firman convenios de pago con cuotas mensuales simbólicas, mientras siguen acumulando riqueza inmobiliaria.
Por Equipo El Despertar
Mientras al pueblo se le embargan casas por deudas mínimas, cinco senadores de la República —con altos ingresos y múltiples propiedades— acumulan deudas millonarias en contribuciones territoriales sin mayores consecuencias. Según reveló El Desconcierto tras cruzar registros públicos de la Tesorería General de la República (TGR), los montos adeudados van desde los 9 hasta los 332 millones de pesos.
Entre los casos más notorios figuran Fidel Espinoza (PS) con $332 millones por un terreno en Puerto Montt; Jorge Soria (PPD) con $246 millones en Iquique, deuda activa desde 2023, Loreto Carvajal (PPD) con 13 inmuebles morosos desde 2019, por $9 millones; y José Durana (UDI) y Juan Castro Prieto (PSC): con $2,7 millones y $29 millones respectivamente.
Lo más ofensivo no es la deuda, sino la impunidad. Los parlamentarios que redactan leyes fiscales, que exigen “responsabilidad tributaria” a la ciudadanía, no cumplen con sus propios deberes. Y cuando se descubre el escándalo, firman convenios de pago con cuotas mensuales simbólicas, mientras siguen acumulando riqueza inmobiliaria.
El régimen político chileno, como cualquier Estado burgués, está diseñado para proteger la propiedad, no para fiscalizarla. Los mismos que bloquean impuestos a los súper ricos, que defienden exenciones tributarias y que se oponen a gravar el capital inmobiliario, son los que deben millones al Estado sin consecuencias reales.
Esto no es una anomalía. Es una expresión coherente del sistema: La evasión o el no pago de contribuciones no es simple “negligencia”, sino un síntoma del desprecio de clase que los propietarios tienen hacia cualquier forma de control social.
Estos senadores no solo legislan desde el privilegio, sino que se aprovechan de su rol legislativo para protegerse. Cuando un trabajador común acumula deuda en contribuciones o impuestos, es perseguido por la TGR, recibe notificaciones judiciales, se le congelan cuentas, se le amenaza con remates.
¿Y los senadores? Nada. Convenios, declaraciones públicas vacías, silencio parlamentario. La clase política se protege a sí misma como corporación de propietarios. Este doble estándar erosiona aún más la legitimidad de una institucionalidad ya capturada por el capital.
La noticia también revela un hecho estructural: solo entre el 20% y el 30% de los inmuebles en Chile pagan efectivamente sus contribuciones. Y esto ocurre mientras los gobiernos insisten en recaudar por la vía del IVA, los impuestos al consumo, la educación endeudada y los combustibles.
Es decir, el pueblo paga todo. La élite propietaria vive gratis. Y en este modelo, los legisladores actúan como propietarios antes que como representantes. Porque la democracia parlamentaria no representa al pueblo: representa a los dueños del país.
La evasión o morosidad de senadores no es solo un problema de ética personal. Es una expresión estructural de la alianza entre poder político y capital inmobiliario.
por lo mismo, no se trata de moralizar, sino de organizar, lo que exige auditoría pública permanente a las declaraciones de bienes de parlamentarios, inhabilitación automática para cargos públicos ante deudas con el Estado, reforma tributaria real, con impuestos progresivos al capital inmobiliario y financiero; y sobre todo, control fiscal comunitario, desde los territorios, con participación popular activa. Todo lo que jamás se hará realidad sin una Nueva Constitución en donde sean los pueblos y no la Nación, el verdadero soberano.
Porque la justicia fiscal no es un detalle técnico: es la base material de cualquier democracia digna.
Y si quienes legislan evaden, el pueblo tiene todo el derecho, y el deber, de cambiarlo todo.