En seguridad, Kast volvió al libreto de la criminalización del conflicto: “lo increíble es que hay autoridades que nos dicen que está todo normal” y “la calle que se tome se va a ir preso” si no hay permisos, boletas de garantía y demás requisitos. Esto no es “orden”: es cerco preventivo a la protesta. Gramsci lo describió hace un siglo: cuando el consenso no alcanza, la hegemonía recurre a la coerción. Y Angela Davis aporta la brújula democrática: “las prisiones no hacen desaparecer los problemas sociales; hacen desaparecer a las personas”. Reprimir marchas no resuelve salarios, arriendos ni deudas.
Por Equipo El Despertar
En el foro de Clapes UC, coorganizado por El Mercurio, Canal 13 y Radio Biobío, es decir por los medios hegemónicos y representativos de la clase dominante, José Antonio Kast defendió su “meta ambiciosa” de recortar US$ 6.000 millones en 18 meses “sin bajar los gastos sociales” y, de paso, cargó contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y contra Eduardo Artés. También desempolvó la épica de Massú, “en la vida nada es imposible”, para vestir de gesta un ajuste que, históricamente, siempre ha tenido nombre y apellido: que paguen los de abajo. (Fuente: Emol, 24/09/2025; citas del evento “Propuestas para Chile 2026-2030”).
La promesa de recortar sin dañar derechos se repite cada vez que el capital pide “orden fiscal”. La experiencia dice otra cosa: la tijera suele caer sobre inversión pública, programas territoriales y políticas de cuidado. Samir Amin lo llamó “ajuste permanente”: una transferencia sistemática de cargas desde el capital al trabajo. El presupuesto, desde un enfoque materialista, no es neutral: es la contabilidad anual de las prioridades de clase. Cuando el candidato jura que “no afectará el gasto social”, conviene preguntar qué entiende por social, dónde recortará y a quién beneficiará.
En seguridad, Kast volvió al libreto de la criminalización del conflicto: “lo increíble es que hay autoridades que nos dicen que está todo normal” y “la calle que se tome se va a ir preso” si no hay permisos, boletas de garantía y demás requisitos. Esto no es “orden”: es cerco preventivo a la protesta. Gramsci lo describió hace un siglo: cuando el consenso no alcanza, la hegemonía recurre a la coerción. Y Angela Davis aporta la brújula democrática: “las prisiones no hacen desaparecer los problemas sociales; hacen desaparecer a las personas”. Reprimir marchas no resuelve salarios, arriendos ni deudas.
El golpe al Ministerio de Seguridad (“apitutados”, “operadores políticos”), mientras se exige mano dura y resultados, revela otra tensión: se reclama eficacia punitiva a la vez que se propone un ajuste fiscal. ¿Se financiará la expansión policial y carcelaria recortando en salud, educación o municipios? La suma no cierra sin que alguien pierda. Marx y Engels, sobrios como siempre, lo dijeron sin maquillaje: “El Estado moderno no es sino el comité que administra los negocios comunes de toda la burguesía” (Manifiesto, Obras Escogidas, Progreso, 1980). El comité hoy pide tijera y tolete.
Kast también reescribe el estallido de 2019 como puro “daño” y “delictualidad”. Es la narrativa que borra causas sociales para justificar el garrote. Pero la seguridad se construye con empleo, vivienda, salud, y se sostiene con participación; no con la amenaza de cárcel para “la calle” sin permiso. La cita a Massú ( “nada es imposible”) funciona como marketing de voluntad donde faltan plan y cuentas: el eslogan no sustituye la matriz presupuestaria.
La arremetida contra Artés (“que grite en la calle… pero el día que arroje una piedra le va a caer todo el peso de la ley”) apunta a dibujar un campo político donde la disidencia cabe solo como folclor inocuo. Cuando la protesta toca intereses, se la expulsa del espacio público. Rosa Luxemburg dejó la regla que separa democracia de decorado: “La libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto.” Si el derecho a manifestarse queda supeditado a garantías financieras y permisos discrecionales, deja de ser derecho: es concesión.
Al final, el paquete es claro: austeridad sin garantías y orden sin derechos. El recorte “sin tocar lo social” y la promesa de cárcel para la calle componen la misma partitura: disciplinar el gasto y disciplinar a la sociedad. La pregunta no es si “se puede” —como diría el eslogan— sino para quién se gobierna. Si la tijera evita por arriba impuestos efectivos y por abajo recorta la vida cotidiana, el resultado es el de siempre: acumulación en un polo y precariedad en el otro.