La reacción política de la narco derecha argentina fue inmediata. Javier Milei cerró filas y calificó el caso de “operación del kirchnerismo” y “chimento de peluquería”. Entre tanto, la justicia argentina reactivó causas y citó a excolaboradores de campaña para reconstruir itinerarios de vuelo, contratos y transferencias. Si los vuelos fueron aportes en especie, si hubo lavado o si se trata de servicios profesionales reales no se dirime con eslóganes: se prueba con papeles, bitácoras y contabilidad electoral.
Por Equipo El Despertar
El “nuevo orden” se empantana con viejas prácticas. Una investigación de La Nación reveló que José Luis Espert, candidato a diputado por la libertad avanza y aliado clave de Javier Milei, recibió en 2020 una transferencia de US$200.000 desde una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido y acusado por narcotráfico en Estados Unidos. La denuncia fue reforzada con documentos judiciales estadounidenses difundidos por el dirigente opositor Juan Grabois, que conectan los fondos con el entramado de Machado. Espert admitió el cobro, pero sostuvo que fue “pago por una asesoría profesional para una minera guatemalteca” y no financiamiento político.
El problema se agranda con la logística: según el mismo reportaje, Espert utilizó 35 veces aviones propiedad de Machado. La defensa del candidato es que “desconocía” los antecedentes del empresario y que los hechos “ocurrieron antes de que existieran sospechas públicas”. La cronología no lo ayuda: los vuelos repetidos y el flujo de dinero configuran, como mínimo, un riesgo de conflicto de intereses y de aportes encubiertos a su campaña 2019, más allá del rótulo “consultoría”.
La reacción política de la narco derecha argentina fue inmediata. Javier Milei cerró filas y calificó el caso de “operación del kirchnerismo” y “chimento de peluquería”. Entre tanto, la justicia argentina reactivó causas y citó a excolaboradores de campaña para reconstruir itinerarios de vuelo, contratos y transferencias. Si los vuelos fueron aportes en especie, si hubo lavado o si se trata de servicios profesionales reales no se dirime con eslóganes: se prueba con papeles, bitácoras y contabilidad electoral.
Lo que aquí asoma no es un “desliz personal”: es la economía política de la campaña. Cuando el financiamiento depende de capitales opacos, el resultado es captura privada del interés público. Marx lo escribió sin perfume: “El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros” (El Capital, t. I). El narcocapital no es una anomalía: se integra a las cadenas de aviones privados, consultorías y fideicomisos que lubrican la política “moderna”.
La doble vara es obscena: mano dura y “tolerancia cero” para los de abajo; jets y consultorías para los de arriba. Angela Davis lo resume con una brújula útil: las prisiones no resuelven problemas sociales; desaparecen personas. Mientras el punitivismo castiga al pibe de la esquina, el dinero de la droga circula por estudios contables y hangares con impecables notas de prensa. La retórica “libertaria” se vuelve coartada moral para negocios de siempre.
Hay, además, un vector geopolítico: Machado no es un “empresario cualquiera”, sino un condenado en el sistema judicial de EE.UU. El caso vuelve a mostrar que la narcoeconomía está incrustada en circuitos financieros transnacionales. Samir Amin habló del imperialismo colectivo: mercados, bancos y tribunales que integran, y a veces lavan, rentas criminales cuando conviene, mientras exportan punitivismo a la periferia.
Las preguntas obvias son técnicas y urgentes: ¿quién emitió la factura por la supuesta asesoría? ¿Qué RUT y qué contrato la respaldan? ¿Se declararon los 35 vuelos como aportes en especie en la Cámara Nacional Electoral? ¿Qué informó la UIF sobre la procedencia de fondos? ¿Hubo factoreo o vehículos interpuestos? Sin esa trazabilidad, la “asesoría” huele a puente contable.
En síntesis: el “narco escándalo libertario” no se explica con gritos de “opereta” ni con excusas de consultorías a 10.000 kilómetros. Si Milei pretende gobernar contra la “casta”, su primer deber es forzar transparencia total en la campaña de su candidato estrella: contratos, vuelos, contabilidad y beneficiarios finales, publicados y auditados. Lo contrario confirma la regla de hierro: en América Latina, cuando el capital habla en dólares y despega en jet, la ética aterriza de emergencia.