Lo central, sin embargo, es que incluso si la ministra no movió un dedo (como afirma su entorno), el solo hecho de que el sistema “se mueva” cuando aparece un apellido influyente es una señal devastadora: no hay igualdad ante el derecho a la salud. Es decir, la salud no puede funcionar con excepciones de dirección.
Por Equipo El Despertar
El problema no es que una mujer de 87 años con fractura de cadera haya sido operada “rápido”. Eso debería ser la norma, no el privilegio. De hecho, guías clínicas internacionales recomiendan cirugía temprana en fractura de cadera (del orden de 24–48 horas desde el ingreso) porque se asocia a mejores resultados.
El escándalo real, si se confirman los antecedentes, es otro: que en un hospital público pueda existir una “autorización de dirección” que acelere un caso saltándose procedimientos y reordenando una jornada quirúrgica sin una trazabilidad transparente; y que esa decisión quede asociada a un apellido y a un cargo, en un país donde miles esperan días, semanas o meses por atención oportuna.
Qué se sabe hasta ahora? Que la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ingresó el 23 de diciembre de 2025 al Hospital del Salvador por una fractura de cadera y fue operada el mismo día. El hospital afirmó que la atención fue “conforme a protocolos” y que se verificó priorización por edad y condición clínica; además señaló que influyó la disponibilidad de un traumatólogo con subespecialidad.
Sin embargo, un reportaje de T13 publicó registros internos donde personal deja constancia de envío a pabellón “por autorización de dirección”, sin completar trámites administrativos rutinarios, y que se postergó la “reexploración” de un paciente laparotomizado. Ese paciente falleció tres días después por shock séptico (lo que no prueba causalidad, pero vuelve imprescindible una auditoría).
Ante esto, la oposición inició una ofensiva política con citaciones al Congreso, comisión investigadora y anuncios de denuncia ante Fiscalía por presunto tráfico de influencias, mientras los Republicanos piden la salida de Aguilera.
Lo central, sin embargo, es que incluso si la ministra no movió un dedo (como afirma su entorno), el solo hecho de que el sistema “se mueva” cuando aparece un apellido influyente es una señal devastadora: no hay igualdad ante el derecho a la salud. Es decir, la salud no puede funcionar con excepciones de dirección.
Y aquí hay que decirlo claro: el debate público se está construyendo como si el dilema fuera “operar rápido” versus “respetar la fila”. Pero en salud no existe una fila ciega: existe priorización clínica, con criterios objetivos y registrables. Lo intolerable es que esa priorización se vuelva administrativa, opaca o selectiva; o que “lo administrativo” se use para blindar decisiones sin explicarlas.
Pero más importante es tener cuidado con la hipocresía de algunos sectores políticos, pues la misma oposición que empuja esta controversia suele ser la que defiende el negocio privado y se niega a construir un sistema de salud universal y sin exclusiones, naturalizando la desigualdad sanitaria entre ricos y pobres. Por eso, ojo con el libreto: transformar una denuncia grave en argumento para “demostrar” que lo público no sirve, mientras se promueve el modelo que segmenta por billetera, no solo es hipócrita, muestra de cuerpo entero a quienes gobernaran Chile desde el próximo 11 de marzo.
Si el problema es que se puede acelerar una cirugía por “autorización de dirección”, la conclusión no es privatizar más. La conclusión es democratizar y transparentar la gestión hospitalaria, reforzar capacidades, y garantizar estándares para todos.
En realidad lo que corresponde pedir, sin show y con justicia, es una auditoría clínica y administrativa independiente, con bitácoras completas de programación quirúrgica y cadena de decisiones del 23 de diciembre; reglas públicas de priorización y trazabilidad digital, donde quede claro quién decide, por qué, y qué caso se mueve y cuál se posterga, protección a los equipos de salud: que no se descargue la crisis en funcionarios de turno, sino que se investigue donde corresponde (jefaturas, dirección, protocolos); y que se establezca un compromiso verificable: si operar fracturas de cadera rápido es el estándar clínico, entonces que el sistema lo cumpla para todos, no solo cuando hay “dirección” mirando.
Este caso duele porque toca una experiencia que la mayoría conoce: la sospecha de que en Chile la urgencia tiene clase social. Y esa sospecha no se combate con comunicados defensivos ni con linchamientos políticos, sino con verdad completa, responsabilidades donde correspondan y una reforma de fondo: salud como derecho universal y sin exclusiones; y por cierto, sin filas VIP ni atajos para los cercanos al poder.