El proyecto de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social” del gobierno de José Antonio Kast fue aprobado en general este miércoles 20 de mayo por la Cámara de Diputados con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. El Ejecutivo consiguió el respaldo gracias al crucial apoyo del Partido de la Gente (PDG), que luego de intensas negociaciones cerró filas con el oficialismo a cambio de concesiones específicas. Mientras los grandes empresarios celebran rebajas tributarias millonarias y una controvertida invariabilidad de impuestos de 25 años para las megainversiones, la clase trabajadora observa con impotencia cómo se desmantelan servicios públicos, se congela la gratuidad universitaria y se sacrifica el futuro de los estudiantes en nombre de la “reactivación”. El giro del PDG, que pasó de calificar el proyecto como “CPC” a proporcionar los votos decisivos, demuestra una vez más que la “emergencia” es solo la coartada para un saqueo institucional que beneficia a una ínfima minoría a costa de las mayorías.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La derecha chilena celebró este miércoles una nueva victoria en el Congreso. La Cámara de Diputados dio luz verde a la idea de legislar el megaproyecto del Ejecutivo, un paquete de más de 40 medidas que el gobierno de Kast ha impulsado con suma urgencia, invocando la necesidad de “reconstruir” el país tras los incendios del Biobío y “recuperar la senda del crecimiento”. La votación final en la Sala arrojó 90 votos a favor (incluyendo a todos los oficialistas y a la bancada del PDG), 59 en contra y una abstención. Tras superar este primer escollo, la iniciativa inició de inmediato su discusión en particular, una maratónica sesión para revisar el articulado y las 119 indicaciones presentadas.
El corazón de este paquete, la reforma tributaria que reduce gradualmente el impuesto corporativo del 27% al 23%, es una transferencia millonaria de recursos públicos al 1% más rico del país. A esto se suma la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a los US$ 50 millones, un blindaje que congela las condiciones impositivas para las grandes empresas y las pone a salvo de cualquier cambio regulatorio futuro, comprometiendo la soberanía fiscal de futuros gobiernos.
La contrapartida de este festín empresarial es un brutal ajuste fiscal que golpea directamente a los sectores populares. Entre las medidas aprobadas destacan el congelamiento por dos años de la adscripción de nuevas instituciones y estudiantes al sistema de gratuidad universitaria, además de disposiciones que facilitan el cobro del CAE y la puesta al día de deudas morosas por parte del Estado. Mientras las grandes corporaciones obtienen rebajas millonarias, los hijos de la clase trabajadora ven cómo se les cierra la puerta a la educación superior.
El precio de la dignidad: la comparsa del PDG
Si hay una imagen que resume la podredumbre de la política burguesa, es la de la bancada del Partido de la Gente (PDG) proporcionando los votos decisivos para la aprobación del proyecto. El giro es particularmente grotesco porque semanas antes el líder del partido, Franco Parisi, había calificado la iniciativa como un “proyecto CPC” (esto es, de la élite empresarial) y llamó abiertamente a rechazarla. Sin embargo, una reunión a puertas cerradas entre Parisi y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cambió el rumbo. El costo de la transacción fue una negociación por la devolución del IVA a medicamentos y pañales, una concesión menor que no altera en nada la esencia regresiva del proyecto.
El diputado del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, justificó el apoyo asegurando que su colectividad no daría “cheques en blanco” al Gobierno, pero que tampoco caerían en la “lógica de no poder negociar”. La bancada, que finalmente apoyó la idea de legislar, se convirtió en el puntal indispensable que permitió al oficialismo superar los 78 votos requeridos, después de que la oposición (Frente Amplio, Partido Comunista, Socialista y Democracia Cristiana) se uniera para rechazar la iniciativa. El economista Parisi, que en campaña se presentaba como el “verdadero representante de la clase media”, ha demostrado a quién sirve realmente: a los mismos poderosos que decía enfrentar.
La ficción del “despilfarro”: la oposición alerta del costo social
Los parlamentarios de la izquierda, junto a sectores de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, votaron en contra de la iniciativa, denunciando que se trata de “una reforma tributaria encubierta” que beneficiará al gran empresariado mientras se desfinancia al Estado. El diputado Daniel Manouchehri (PS) cuestionó duramente la postura del director de Presupuestos, quien calificó las severas alertas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre los riesgos fiscales del proyecto como meras “diferencias semánticas” o de “lenguaje”. El diputado Jaime Bassa fue lapidario al afirmar que el proyecto “de verdad es muy malo”. La oposición también sufrió un revés importante al no poder frenar el avance del articulado, y aunque lograron algunos acuerdos en indicaciones, la mayoría oficialista y los votos del PDG terminaron imponiéndose.
El deterioro de la popularidad y el despertar de la conciencia
La tramitación del megaproyecto coincide con un pronunciado deterioro en la aprobación del Presidente Kast. Según las últimas encuestas, su respaldo ha caído a niveles críticos, mientras que la desaprobación supera holgadamente el 50%. La ciudadanía ya no cree en el relato de la “estrechez fiscal” que el Ejecutivo ha instalado desde el primer día: la mayoría considera que el Estado tiene suficientes recursos para financiar sus compromisos y rechaza la idea de que el país enfrente una situación fiscal crítica. El apoyo al proyecto de reconstrucción también retrocedió significativamente en las últimas semanas.
La clase trabajadora ha comenzado a despertar. Sabe que esta “reconstrucción” no es para reparar sus casas, sino para reconstruir las ganancias de los grandes grupos económicos. Sabe que la rebaja de impuestos a las empresas se pagará con recortes en salud, educación y vivienda. Y sabe que la derecha y sus comparsas del PDG han sellado un pacto de sangre para profundizar el modelo de desigualdad. Ahora el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde se espera una discusión igualmente tensa. La lucha recién comienza y, esta vez, la ciudadanía no estará dispuesta a pagar una cuenta que no le corresponde.