El megaproyecto de “Reconstrucción Nacional” del gobierno de José Antonio Kast superó su primera gran prueba de fuego al ser despachado este miércoles por la Cámara de Diputados con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, en una jornada que dejó al desnudo las contradicciones de clase del sistema político chileno. La pelota ahora está en la cancha del Senado, donde el gobierno ya ha iniciado negociaciones con el Partido Socialista y la Democracia Cristiana para intentar sumar los votos necesarios. Mientras los grandes empresarios esperan ansiosos su rebaja tributaria y la clase trabajadora observa con impotencia cómo se desmantelan los servicios públicos, la lucha de clases en el Congreso se traslada ahora a la Cámara Alta, donde se definirá el destino de un proyecto que no es de “reconstrucción”, sino de consolidación del modelo de desigualdad.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La madrugada del 21 de mayo de 2026 quedará registrada en los anales del Congreso como el momento en que la derecha chilensis —con el apoyo crucial del Partido de la Gente— logró imponer su agenda más regresiva de las últimas décadas. Cerca de las 02:00 horas, la Cámara de Diputados finalizó la votación en particular del proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, despachando la iniciativa al Senado con 90 votos a favor (todos los oficialistas, más la bancada completa del PDG), 59 en contra y una abstención. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), calificó el resultado como un “proyecto impecable” que se va al Senado “con algunos cambios”, mientras que el presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Republicano), celebró que “empezamos a dejar atrás la decadencia en la que hemos estado desde hace más de 10 años”.
Las reacciones de un día histórico: la euforia patronal y el rechazo de los de abajo
El oficialismo no escatimó en elogios. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que “en la Cámara de Diputados, Chile empieza a ver la luz al final del túnel”, culpando a “12 años de un modelo de izquierda” del estancamiento económico. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, destacó la capacidad del Ejecutivo para “generar mayorías” y confió en que el Senado continuará la discusión.
Pero la euforia patronal contrasta con el rechazo de la oposición de izquierda. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, fue lapidaria: “Hoy pierden las familias chilenas. La aprobación de la reforma para los superricos es un tremendo retroceso para Chile”. La diputada María José Núñez (PC) calificó la jornada como “un día negro para la clase trabajadora”, advirtiendo que “las rebajas tributarias a las grandes empresas se pagan con recortes en salud, vivienda y educación”.
Los parlamentarios de la oposición presentaron varias reservas de inconstitucionalidad, particularmente contra los artículos que establecen la invariabilidad tributaria por hasta 25 años, una medida que, según argumentaron, atenta contra la soberanía fiscal del Estado y blinda los privilegios de las grandes corporaciones.
El corazón del proyecto: regalías millonarias para el capital y ajuste para el pueblo
El proyecto no es otra cosa que una transferencia de recursos desde el Estado hacia el 1% más rico del país. Sus ejes centrales son la reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas para mayores de 65 años, un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones, y una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el exterior con tasas preferenciales.
La contrapartida de este festín empresarial es la “contención del gasto público” —como el propio gobierno la denomina—, materializada en recortes brutales a la salud (más de 413milmillonessustraıˊdos),alavivienda(200 mil millones menos en subsidios habitacionales) y al desarrollo social (una poda de $32.721 millones a programas de infancia y juventud).
El Senado: la nueva trinchera de la lucha de clases
Ahora el proyecto se dirige a la Cámara Alta, donde el escenario es incierto. El gobierno, que en la Cámara dependió del apoyo del PDG —una formación populista que literalmente vendió sus votos a cambio de concesiones menores—, enfrenta en el Senado una correlación de fuerzas mucho más compleja. La Moneda ya ha iniciado acercamientos con los senadores de la centroizquierda, particularmente con el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, en un intento por construir una “mayoría amplia” que dé una señal de transversalidad al proyecto. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, planteó abiertamente que “viene el momento para que el Socialismo Democrático pueda tomar sus propias decisiones, al margen de la tutela del Frente Amplio y el Partido Comunista”.
Sin embargo, la apuesta del gobierno enfrenta serias dificultades. La bancada de senadores de la DC ya fijó postura: rechazará la idea de legislar. El senador Iván Flores fue categórico: “Este proyecto cruzó líneas rojas. Mi voto es en contra mientras siga esta megarreforma sin tener ninguna certeza de su efectividad, excepto el daño que se le hace a la asistencia y servicio públicos, a aquellos asuntos que son más críticos, como la seguridad y la salud”. Sus compañeros de partido Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste también adelantaron su rechazo, al igual que la mayoría de los senadores PS consultados.
El senador PS Juan Luis Castro, en una entrevista con El Dínamo, advirtió que su colectividad no aceptará “imposiciones” y que las negociaciones deberán incluir garantías concretas para la protección del gasto social.
La función de clase de la “megarreforma”
Lo que está en juego en el Senado no es la eficiencia económica ni la reactivación del empleo, como pregona el gobierno. Es la continuación de la guerra de clases que la burguesía chilena libra desde las urnas. La “reconstrucción” que ofrece Kast es la reconstrucción de las ganancias del capital a costa del desmantelamiento del Estado social. Cada voto a favor de este proyecto en el Senado será un voto a favor de una sociedad más desigual, donde los derechos de las mayorías se sacrifican en el altar del “libre mercado”.
La clase trabajadora debe estar atenta a los movimientos de los senadores de la centroizquierda. El gobierno ya ha comenzado a tejer sus redes para cooptarlos, ofreciendo migajas presupuestarias a cambio de su apoyo. La historia nos ha enseñado que la centroizquierda, cuando ha debido elegir entre los intereses del capital y los del pueblo, ha optado invariablemente por los primeros. La Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que alguna vez fueron partidos de masas, hoy se debaten entre la tentación de unirse a la fiesta de los ricos o mantenerse fieles a las bases que los vieron nacer.
Epílogo: la lucha recién comienza
El proyecto de “Reconstrucción Nacional” continuará su tramitación en el Senado en las próximas semanas. La oposición de izquierda, que ya anunció que presentará nuevas reservas de inconstitucionalidad y que movilizará a las calles para frenar lo que califica como un “saqueo institucional”, se prepara para una batalla legislativa de alta intensidad. El gobierno, por su parte, redoblará sus esfuerzos para sumar voluntades en la Cámara Alta, consciente de que su éxito depende de su capacidad para cooptar a los senadores más proclives al gran capital.
La clase trabajadora no puede quedarse de brazos cruzados mientras se define su futuro. La “megarreforma” no es un proyecto técnico ni una respuesta a una “emergencia”; es la ofensiva más brutal de la derecha contra los derechos de las mayorías en décadas. La resistencia debe organizarse en las calles, en los sindicatos, en las juntas de vecinos. La batalla por el Senado es también la batalla por la conciencia de clase. Y esa batalla, a diferencia de la que se libra en las cámaras, no la puede perder el pueblo.