Las palabras del edil no solo invisibilizan las causas estructurales del conflicto educativo, precariedad, exclusión, abandono estatal, sino que además refuerzan un discurso de criminalización ideológica: reducir la protesta a violencia, y la rebeldía estudiantil a terrorismo simbólico.
Por Equipo El Despertar
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), ha intensificado su ofensiva contra los estudiantes secundarios movilizados, al calificarlos públicamente como “sicarios de la educación pública” tras el desalojo de seis liceos emblemáticos de la comuna. Las declaraciones, vertidas en Meganoticias, han desatado críticas por su tono criminalizador y por reforzar una narrativa punitiva ante demandas históricas de la comunidad estudiantil.
Según el jefe comunal, un grupo de jóvenes conocidos como “overoles blancos” estarían detrás de los disturbios, lanzamientos de molotov y tomas de recintos, acciones que, a su juicio, han provocado una caída en la matrícula de establecimientos como el Liceo de Aplicación, al que acusa de haber perdido más del 50% de su estudiantado en los últimos años.
“Estos cabros están capturados por ideologías extremas… son los verdaderos sicarios de la educación pública”, sostuvo Desbordes.
Las palabras del edil no solo invisibilizan las causas estructurales del conflicto educativo, precariedad, exclusión, abandono estatal, sino que además refuerzan un discurso de criminalización ideológica: reducir la protesta a violencia, y la rebeldía estudiantil a terrorismo simbólico.
Al referirse a apoderados que “no tienen parentesco” pero que habrían actuado durante años como “incitadores”, Desbordes instala la idea de una “red revolucionaria” sin base empírica clara, mientras evade el debate de fondo: ¿Quién ha destruido realmente la educación pública?
Los liceos emblemáticos de Santiago no están en crisis por los estudiantes movilizados. Están en crisis por la desinversión estructural, la lógica mercantil impuesta desde la dictadura, y la falta de un proyecto educativo emancipador. Las tomas y protestas, aunque incómodas, son expresiones de una juventud que se niega a naturalizar la decadencia programada de lo público.
La educación pública ha sido “asesinada” por gobiernos que la abandonaron, por municipios que la administraron como negocios y por reformas que jamás tocaron los pilares del sistema de mercado.
Ante estos hechos, organizaciones estudiantiles y de derechos humanos ya han expresado su preocupación por el uso de un lenguaje que estigmatiza a jóvenes en edad escolar, y educadores y expertos advierten que estas políticas punitivas y declaraciones incendiarias solo exacerban el conflicto y socavan la posibilidad de diálogo.
Cuando el Estado reprime, cuando los municipios vacían la educación de sentido y cuando se persigue a quienes protestan, la violencia no está en la calle, sino en las políticas públicas. Si hay sicarios de la educación, son quienes han hecho de la desigualdad un modelo, no quienes la denuncian desde sus liceos.
La pregunta es otra: ¿Cómo se atreve un Alcalde a insultar a sus jóvenes cuando estos solo reclaman lo que el Estado les ha negado?