El caso no es una anécdota de corrupción aislada, sino una expresión concreta del carácter clasista y represivo del Estado burgués. En el Perú, como en toda América Latina, las fuerzas represivas no solo cumplen la función de reprimir a las masas trabajadoras, sino que se autoconstituyen en casta privilegiada, parasitaria y blindada, incluso dentro de sus propias instituciones. Mientras los policías rasos enferman sin atención y los pensionados sobreviven con miserias, los generales se desplazan en blindados.
Por Equipo El Despertar
Una investigación periodística reveló que el Ministerio del Interior del Perú autorizó la compra de vehículos de alta gama para generales de la Policía Nacional, utilizando recursos originalmente destinados a salud y pensiones de los efectivos policiales. Entre las adquisiciones figuran camionetas valoradas en más de 250 mil soles (unos 67 mil dólares), mientras hospitales policiales se encuentran desabastecidos y con infraestructura en ruinas.
Según la denuncia difundida por Resumen Latinoamericano, el Comando de la PNP aprobó la reasignación de los fondos durante el primer semestre de 2025. El dinero provenía de partidas etiquetadas para atención médica, rehabilitación y pago de pensiones, pero fue redirigido hacia la compra de vehículos de uso exclusivo para la alta oficialidad. Todo con el visto bueno del ministro del Interior, Walter Ortiz.
El caso no es una anécdota de corrupción aislada, sino una expresión concreta del carácter clasista y represivo del Estado burgués. En el Perú, como en toda América Latina, las fuerzas represivas no solo cumplen la función de reprimir a las masas trabajadoras, sino que se autoconstituyen en casta privilegiada, parasitaria y blindada, incluso dentro de sus propias instituciones. Mientras los policías rasos enferman sin atención y los pensionados sobreviven con miserias, los generales se desplazan en blindados.
Este patrón de saqueo institucional reproduce la lógica propia del capitalismo burocrático latinoamericano: el Estado no es solo instrumento de dominación de clase, sino también canal de acumulación interna para los altos funcionarios, que transforman el aparato público en botín. Como denunciaban Marx y Engels en El Manifiesto Comunista, el Estado moderno “no es más que un comité de administración de los negocios de la burguesía”. En este caso, también de los negocios de sus guardianes.
La indignación popular crece, pero el gobierno de Dina Boluarte mantiene silencio. El episodio refuerza el desprestigio de las instituciones policiales, cuestionadas por la represión sistemática de las protestas populares, los vínculos con redes de corrupción y ahora, el uso inmoral de fondos destinados al bienestar de sus propias bases. Todo ello confirma que la decadencia del aparato estatal no se combate con reformas tecnocráticas, sino con una transformación estructural que barra con la casta armada del capital.