El senador José Miguel Insulza (PS) se sumó al reclamo del DC Francisco Huenchumilla y acusó “demora” en la presentación del programa de Jeannette Jara, pidiendo “coordinación, más acuerdos y más reuniones”, además de una bajada clara en economía e internacional. La candidata respondió que su comando “está dentro de los plazos”. No es un problema de calendario: es una pulseada política por el contenido y el tono del gobierno que se ofrece. (Fuente: Emol, 24/09/2025; Insulza en Radio Pauta, citado por el medio.)
Cuando Insulza exige “claridad respecto al presupuesto”, está diciendo algo más que “ordenen el PDF”: pide compromisos verificables con el marco fiscal, el “cómo se paga” de cualquier promesa y, en buen castellano, señales a los mercados. El socialcristianismo de Huenchumilla y el social-liberalismo del PS empujan a Jara a fijar un ancla contable que reduzca la incertidumbre… y las expectativas de cambio. La palabra “claridad” funciona como contraseña de orden.
El tironeo revela la naturaleza del Estado en clave materialista: el presupuesto es la contabilidad anual de la dominación de clase. Por eso Marx y Engels definieron al Estado como “el comité que administra los negocios comunes de la burguesía” (Manifiesto, Obras Escogidas, Progreso, 1980). ¿Qué “claridad” se reclama? Si es “disciplina fiscal” sin reforma tributaria eficaz y sin redistribución del ingreso, la claridad no es neutral: inclina la cancha.
Insulza agregó que faltan definiciones en “temas económicos, tributarios y de empleo” y que la demora responde a que “somos un conjunto grande de partidos”. Traducido: coalición amplia, programa diluido. Huenchumilla ya había advertido contra la “barra brava”, es decir, contra el activismo de base que desborda el libreto moderado. Gramsci lo habría descrito como crisis de hegemonía: cuando el consenso flojea, la dirigencia busca refugio en el tecnicismo y en la moral del orden.
El eje económico es el corazón del desacuerdo. “Visión programática clara respecto al presupuesto” puede significar dos cosas: o un piso garantista (recaudar arriba, gastar abajo, empleo con derechos) o un techo disciplinario (regla de balance, inversión privada como motor, mercado laboral “flexible”). Samir Amin lo explicó para el capitalismo realmente existente: el ajuste permanente traslada el costo de la estabilidad a las mayorías. Sin una tributación progresiva robusta y metas de empleo con poder sindical, la promesa social es tinta.
Sobre el “tema internacional”, que Insulza califica de delicado, sobre todo si consideramos que viene apoyando golpes de estado e intervenciones norteamericanas hace décadas, la presión apunta a una línea de equidistancia que no incomode alianzas ni capitales. El riesgo es obvio: neutralidad moral frente a agendas donde la base social espera claridad (derechos humanos, paz, integración regional). Angela Davis lo recuerda como brújula: sin derechos humanos efectivos, la retórica democrática es decorado.
Lo que está en juego no es si el programa “llega a tiempo”, sino quién lo escribe y para quién. Si la “claridad” consiste en blindar el superávit y dejar para mañana la justicia fiscal, el resultado será un gobierno gerencial con retórica social. Rosa Luxemburg lo sintetizó sin rodeos: reforma o revolución, y cuando la reforma se diseña para no tocar la acumulación, lo único que cambia es el eslogan.
En suma: la disputa pública PS–DC vs. comando de Jara es un ordenamiento de prioridades. La claridad que importa no es la del cronograma, sino la del conflicto de intereses: ¿se financian derechos con impuestos a los de arriba y empleo decente, o se administra la escasez para no molestar al capital? Mariátegui advertía: “No queremos calcos ni copias, sino creación heroica”. Esa es la diferencia entre un programa y una planilla.