Confiar en la legalidad como vía exclusiva para las transformaciones es un camino hacia la capitulación. Comprender a la institucionalidad como un espacio importante de organización y lucha no puede significar la renuncia a la perspectiva revolucionaria. Cuando el capital entra en crisis y siente amenazado su dominio, no duda nunca en descartar su propio envoltorio democrático. Quienes han llamado por décadas a olvidar estas perspectivas, no hacen sino desarmarnos ideológicamente frente a los giros autoritarios.
Por Tomás Opazo Rodríguez
La victoria electoral de José Antonio Kast en Chile es hoy una nueva expresión política de la ofensiva neofascista que avanza en Latinoamérica y el mundo como contención de la crisis orgánica del modelo neoliberal. Frente a esta arremetida, ciertos sectores de la izquierda y del progresismo insisten en que la fórmula de nuestra respuesta debe ser la moderación, el “diálogo con el centro”, el abandono de las “políticas identitarias” y la adaptación de nuestros programas a los marcos discursivos e institucionales del enemigo, la ‘realpolitik’.
Desde una mirada distinta, considero que la única barrera efectiva contra el fascismo es la reconstrucción de un proyecto político radical, de masas y con claridad estratégica anticapitalista, que busque la unidad con los de abajo, no con los del centro. Desde el marxismo, se vuelve evidente que tenemos múltiples divergencias con quienes levantan la táctica de la moderación. Partiendo por la concepción misma de la democracia.
Con la victoria de Kast, y los complacientes saludos protocolares desde las más diversas esferas a su triunfo, vemos como hay quienes entienden a la “democracia” y el “estado de derecho” como esencias intocables que deben ser cuidadas “a toda costa”. Las protestas callejeras, las críticas al carácter autoritario del candidato electo y sus vínculos con la dictadura, parece que deben ser omitidos, porque ganó una elección.
Esta visión fetichista olvida que, como enseñara Marx, las formas políticas son productos históricos, complejas síntesis de determinaciones, entre las relaciones de producción, la cultura, la estructura política y la dinámica de la lucha de clases. No son instituciones- esencias, podemos y debemos criticarlas y superarlas cuando, como hoy, se muestran ineficientes en garantizar la seguridad y goce de las clases populares. Cuando la democracia deviene en su contrario: en un régimen dispuesto a suspender las libertades formales para salvar el orden de clase, debemos evidenciar la contradicción que alberga la
misma, no defenderla de manera acrítica.
Confiar en la legalidad como vía exclusiva para las transformaciones es un camino hacia la capitulación. Comprender a la institucionalidad como un espacio importante de organización y lucha no puede significar la renuncia a la perspectiva revolucionaria. Cuando el capital entra en crisis y siente amenazado su dominio, no duda nunca en descartar su propio envoltorio democrático. Quienes han llamado por décadas a olvidar estas perspectivas, no hacen sino desarmarnos ideológicamente frente a los giros autoritarios.
En Chile, este viraje de un sector de la izquierda se volvió profundamente evidente a partir de la desactivación de la revuelta popular y la consiguiente derrota en el plebiscito constitucional de 2022. Desde entonces, se volvió a abrazar el llamado a “respetar” los marcos institucionales, sin una crítica de fondo, se renunció a la reivindicación del estallido de 2019 -reduciéndolo a una “irresponsabilidad” alteradora de nuestra pacífica democracia-, negando la naturaleza profunda de la crisis, que es la crisis de un modelo de acumulación y de un régimen político que lo sostiene. Se abandonaron las reivindicaciones históricas que contenía el proyecto constitucional de la Convención de 2022, mirada hoy como “excesiva”,
“nos pasamos tres pueblos”, dicen. En definitiva, se renunció a las propuestas de transformación verdadera, quedando claro que no son revolucionarios, sino que piden disculpas hasta por usar poleras del perro matapacos.
Estas posturas, que encarnan nada más que el miedo a la posibilidad de que sea la movilización popular la constructora de los sentidos, y la profunda fé en los pactos de élites como solución, fueron las que condujeron las lógicas del gobierno de Gabriel Boric y de la apuesta presidencial de Jeannete Jara.
El argumento moderador se presentó como táctico-electoral: para ganar, había que “buscar al centro” y hablar de “las verdaderas prioridades”. Pero, en términos políticos, ¿qué les significaba esto? Fue abrazar una vez más el consenso neoliberal, el terror al conflicto, un gobierno con priorización de la “estabilidad” macroeconómica sobre cualquier transformación, militarización del Wallmapu de manera indefinida, no tomar parte en la búsqueda de justicia frente a las violaciones de ddhh de 2019, inyección de capitales a las AFP con la reforma previsional aceptada por nuestros adversarios, ser paladines de la gestión “responsable” del déficit fiscal, desalojar campamentos, abandonar el feminismo como política de Estado, buscar alianzas con la Democracia Cristiana, y múltiples gestos constantes de sumisión a la agenda exterior de Estados Unidos. Todo esto en aras de lograr ganarle a la ultraderecha. Y se perdió.
¿Qué ejemplo histórico respaldaba la tesis de que, en momentos de radicalización, de aumento de las sensaciones de descontento social, la solución era la moderación?”. La historia ofrece constantemente la respuesta opuesta.
La conclusión es inescapable: la moderación no fue una táctica útil para ganar. Y hoy, con los sentidos extraviados y la peor derrota electoral de nuestro campo, con Kast en la presidencia, se evidencia como la expresión de una derrota estratégica previa: la renuncia a disputar la hegemonía cultural e ideológica. Gramsci planteaba que la lucha no podía ser solo por el gobierno, sino por el “sentido común”. Cuando la izquierda adopta los términos del debate de la derecha, ya ha perdido.
Rosa Luxemburgo, ante el avance del revisionismo en su partido, advirtió que adaptarse a la “realidad” existente significaba subordinarse a la lógica del capital. La verdadera tarea no es administrar el sistema con más eficiencia, sino cambiar la realidad misma. En Chile, “dar pruebas de gobernabilidad” se transformó en el eufemismo para perpetuar el extractivismo, la desigualdad y el despojo.
El descontento social del país no ha desaparecido, menos se solucionará con una gestión de ultraderecha; ha sido temporalmente capturado por un proyecto reaccionario que canaliza la rabia contra los más vulnerables y contra la política misma. Nuestra respuesta no puede ser seguir imitando el discurso de quienes generaron, y hoy siguen administrando, el descontento. Debe ser ofrecer una alternativa clara: no una mejor gestión del capitalismo, sino su superación.
La reconstrucción de nuestra alternativa pasa por reponer marcos claros. El primero es la autonomía política de los explotados. Esto no significa un sectarismo que renuncie a toda política de alianzas. Debemos buscar la unidad con otras fuerzas frente a un enemigo común, pero sin diluir el programa ni la independencia organizativa.
La unidad sí es urgente, pero debe basarse en un programa mínimo. Y debe tener claro que su objetivo no es “salvar la democracia” tal cual, sino abrir un proceso de transformación verdaderamente libre y
soberano, que cuestione las bases del Estado neoliberal.
El triunfo de Kast no es el fin de la historia, es un episodio más en una lucha de clases que se intensifica. La izquierda se encuentra en una encrucijada: puede persistir en la vía de la adaptación, buscando un “centro” que ya no existe o que es abiertamente hostil, administrando con más “sensatez” la miseria. O puede recomponerse como alternativa revolucionaria, aprendiendo de las derrotas sin renegar de los principios.
Esto implica recuperar nuestras memorias, defender su legitimidad histórica, organizar en los espacios de base para construir una contrahegemonía cultural que dispute nuevamente el sentido de palabras como “libertad”, “seguridad” y “democracia”, y prepararse para formas de lucha más allá del electoralismo esporádico. Implica, en última instancia, tomar en serio a Marx, a Lenin, a Luxemburgo y a Recabarren: la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, y no llegará por la gracia de los moderados, sino a través de la lucha organizada, consciente e intransigente contra un sistema que, en su fase decadente, parienta monstruos.
La tarea de nuestra oposición no debe ser frenar al neofascismo para volver a la “normalidad”. La tarea es construir un poder popular capaz de enterrar, de una vez por todas, este modelo que engendra al fascismo. En ese camino, la moderación no es una virtud, es la antesala de la derrota.