Estos procesos expresan el rápido agotamiento del proyecto neoliberal en su versión autoritaria, que necesita cada vez más coerción porque ya no puede ofrecer bienestar. La derecha latinoamericana gobierna para los mercados, pero pretende hacerlo sin el pueblo. Y eso, en sociedades marcadas por la desigualdad, es una fórmula inestable por definición. La gran duda es si la izquierda se volverá pueblo nuevamente y esta vez se atreverá a realizar las transformaciones que prometió, para no seguir el mismo camino de la novedad ultraderechista.
Por Daniel Jadue
Poco duró el viento que trajo de vuelta a las derechas en el continente. América Latina atraviesa un momento que desmiente el relato triunfal de la derecha regional. Allí donde gobiernos conservadores prometieron “orden”, “estabilidad” y “confianza de los mercados”, hoy emergen revueltas populares, crisis de gobernabilidad y rechazo social. Bolivia, Argentina y Ecuador son expresiones distintas de un mismo fenómeno: planes de ajuste impuestos desde arriba que chocan con sociedades y pueblos cansados de pagar crisis que no provocaron.
En Bolivia, el intento de recomponer un modelo neoliberal por la vía institucional y judicial se ha topado con una memoria popular viva. El pueblo boliviano no olvida que el ajuste, la represión y la entrega de recursos estratégicos ya fueron ensayados, y derrotados, en el pasado reciente. Las tensiones sociales actuales revelan que sin legitimidad popular no hay estabilidad posible, y que cualquier proyecto que ignore la centralidad indígena, popular y territorial está condenado al conflicto permanente.
En Argentina, el experimento de ultraderecha encabezado por Javier Milei muestra su verdadero rostro: shock económico, licuación de salarios, recorte brutal del gasto social y una ofensiva cultural contra derechos conquistados. El resultado no ha sido prosperidad, sino empobrecimiento acelerado, protestas masivas y un deterioro institucional evidente. La motosierra no corta privilegios: corta jubilaciones, salud, educación y trabajo, en un marco de graves acusaciones de corrupción que tocan a la familia presidencial. Y frente a eso, la calle vuelve a ser el escenario donde el pueblo marca límites.
El caso de Ecuador es igualmente ilustrativo. El gobierno de Daniel Noboa, incapaz de resolver la crisis social, optó por militarizar el conflicto, decretar estados de excepción y restringir derechos ante el rechazo popular a la eliminación del subsidio a los combustibles y al avance del extractivismo. Cuando la única respuesta al malestar es la fuerza, queda claro que el problema no es de seguridad, sino de modelo económico. La represión no reemplaza al consenso; solo posterga y profundiza la crisis.
Estos procesos expresan el rápido agotamiento del proyecto neoliberal en su versión autoritaria, que necesita cada vez más coerción porque ya no puede ofrecer bienestar. La derecha latinoamericana gobierna para los mercados, pero pretende hacerlo sin el pueblo. Y eso, en sociedades marcadas por la desigualdad, es una fórmula inestable por definición. La gran duda es si la izquierda se volverá pueblo nuevamente y esta vez se atreverá a realizar las transformaciones que prometió, para no seguir el mismo camino de la novedad ultraderechista.
Chile no está al margen de este ciclo. Aunque el neoliberalismo aquí se vista de institucionalidad y moderación, las tensiones de fondo son las mismas: salarios insuficientes, endeudamiento crónico, servicios básicos privatizados, precarización del trabajo y una democracia limitada por el poder económico. Lo que ocurre en la región es una advertencia: si la derecha vuelve a gobernar con recetas de ajuste, disciplinamiento social y retroceso de derechos, el conflicto será inevitable. La historia reciente ya lo demostró.
La pregunta que se abre para Chile no es si habrá conflicto, sino qué proyecto político será capaz de canalizar el malestar hacia una salida democrática y popular. América Latina enseña que los pueblos no aceptan indefinidamente gobiernos que gobiernan contra ellos. Y también enseña algo más profundo: cuando la política se divorcia de la vida real de las mayorías, la calle vuelve a ocupar el lugar que las instituciones abandonan.