La Circular consagra como principio que niñas, niños y adolescentes ejercen derechos según la evolución de sus facultades (edad, madurez, desarrollo) y que la comunidad educativa debe equilibrar autonomía y protección. No es “los adultos desaparecen”, ni “los padres quedan pintados”: es reconocer que el estudiantado no es un objeto de tutela, sino sujeto de derechos dentro del espacio escolar.
Por Equipo El Despertar
La Circular N°781 de la Superintendencia de Educación abrió una polémica instantánea: desde sectores de sostenedores y parlamentarios se la acusa de “amarre ideológico” y de tensionar la autonomía de los proyectos educativos. Pero, leída con calma, la discusión real es otra: quién manda en la vida cotidiana de la escuela y si los reglamentos internos serán un instrumento de convivencia democrática o un dispositivo de disciplina unilateral.
La Circular 781 actualiza las instrucciones sobre reglamentos internos para educación básica y media, reemplazando la circular vigente desde 2018, en un contexto donde se incorporan nuevos marcos legales (en particular, la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, entre otras referencias normativas).
Y aquí hay un punto que algunos titulares omiten o confunden: entra en vigencia desde el inicio del año escolar 2026 y entrega plazo hasta el 30 de junio de 2026 para adecuar reglamentos internos. No es un “cambio instantáneo hoy”, sino una instrucción con calendario de implementación.
La Circular consagra como principio que niñas, niños y adolescentes ejercen derechos según la evolución de sus facultades (edad, madurez, desarrollo) y que la comunidad educativa debe equilibrar autonomía y protección. No es “los adultos desaparecen”, ni “los padres quedan pintados”: es reconocer que el estudiantado no es un objeto de tutela, sino sujeto de derechos dentro del espacio escolar.
Esto se traduce en una idea práctica: en los temas que les afectan —convivencia, trato, reglas, procedimientos— deben ser oídos, considerados y contar con vías reales de participación.
El corazón político del conflicto está en otro párrafo: la Circular exige que la participación se garantice especialmente en los procesos de elaboración, revisión y aplicación del Reglamento Interno, mediante mecanismos formales y efectivos, ajustados a edad y autonomía progresiva.
Dicho sin tecnicismos: el reglamento deja de ser “la hoja de ruta del sostenedor” y se reafirma como lo que debería ser: una regla común de la comunidad, no un manual de disciplina redactado de arriba hacia abajo.
La Circular es explícita: el uniforme no es obligatorio por defecto. Si un establecimiento quiere hacerlo obligatorio, debe mediar acuerdo del Centro de Padres, Madres y Apoderados y del Consejo de Profesores, además de consulta al Centro de Alumnos y al Comité de Seguridad Escolar; y debe informarse oportunamente cuándo empezará a exigirse.
Y, aun cuando exista uniforme obligatorio, el reglamento debe contemplar excepciones justificadas, incluso por el propio estudiante en virtud de su autonomía progresiva; además, el incumplimiento del uniforme no puede afectar el derecho a la educación (por ejemplo, no se puede impedir el ingreso).
Esto golpea una práctica extendida: usar el uniforme como herramienta de selección, humillación o expulsión “por la vía corta”.
La Circular incorpora expresamente principios de no discriminación y enfoque de género, pidiendo que los reglamentos eviten invisibilizar identidades y regulen procedimientos coherentes con la igualdad de trato.
Y hay un dato que desmonta la caricatura: entre las discriminaciones prohibidas se incluyen causales como situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política y sindicación/participación gremial, además de sexo, orientación sexual e identidad de género, entre otras.
O sea: si alguien quiere hablar de “amarre ideológico”, primero debería leer qué se prohíbe discriminar. La Circular, en los hechos, limita el poder arbitrario contra cualquiera: estudiantes pobres, migrantes, disidentes, creyentes, sindicalizados, o simplemente incómodos.
Los sostenedores alegan que se tensiona la autonomía. Pero la propia Circular reconoce como principio la libertad de enseñanza y la “autonomía, diversidad y flexibilidad” del sistema, es decir: no niega proyectos educativos distintos, solo les pone un borde: la dignidad y los derechos no son optativos.
Además, la Superintendencia no “inventa” de la nada su rol: la resolución recuerda que tiene atribución legal para interpretar administrativamente la normativa educacional e impartir instrucciones generales al sector fiscalizado.
En un país con educación atravesada por mercado, segmentación y competencia, el reglamento interno ha funcionado muchas veces como herramienta de control social: regula cuerpo, lenguaje, apariencia, protesta; define quién “encaja” y quién se vuelve problema.
Por eso esta pelea no trata solo de tecnicismos: trata de poder. La participación estudiantil y el principio de autonomía progresiva corren el cerco a la autoridad entendida como mando vertical, y empujan, aunque sea parcialmente, hacia una escuela con reglas más democráticas.
La Circular también exige deberes de cuidado durante toda la jornada y regulaciones vinculadas al cuidado físico y psicológico del estudiantado, con procedimientos y coordinación. Eso está bien. Pero una escuela sin equipos suficientes, con docentes sobrecargados y con precariedad territorial, puede terminar “cumpliendo” por formulario.
La batalla de fondo sigue siendo la misma: derecho social garantizado versus educación administrada como servicio, donde la “autonomía” se parece demasiado a propiedad.
Que esta circular incomode no debería sorprender: toca zonas donde se ha naturalizado la arbitrariedad. La pregunta para 2026, con cambio de ciclo político y presiones conservadoras, es simple: ¿se avanzará hacia una escuela donde la convivencia se construye con estudiantes, trabajadores de la educación y familias, o se intentará volver a la escuela como espacio de obediencia y silenciamiento?