Lo que estamos viendo es un libreto conocido: primero se deslegitima, luego se norma, después se castiga. Se prepara el terreno para que cualquier conflicto laboral, territorial o estudiantil sea tratado como “amenaza al orden”. La disputa no es por una frase del PC: es por el derecho efectivo a organizarse y luchar.
Por Equipo El Despertar
Que el presidente del PC diga “oposición constructiva” en el primer día del año es una definición táctica y, al mismo tiempo, una pelea por el sentido común. En la boca de la derecha, “constructivo” suele significar domesticado: aceptar el marco del adversario, discutir detalles, no tocar lo sustantivo. En la tradición del movimiento popular, en cambio, “constructivo” debería significar otra cosa: defender derechos, disputar agenda, organizar fuerza social y proponer salida. Ahí está el núcleo: la palabra no es neutral.
La prueba de que el escenario se endurece no está solo en los discursos, sino en los movimientos del bloque conservador. La UDI llegó al extremo de pedir a la CIDH un pronunciamiento por los llamados a movilización del PC, citando frases del informe partidario (entre ellas, la idea de impedir la “proyección” del proyecto de Kast y promover hitos como el 8M y el 1M).
En paralelo, desde el Partido Republicano se habla de “severas consecuencias” y “mano dura” frente a manifestaciones, instalando una lógica peligrosa, que asume que protestar sería sinónimo de “bloquear la democracia”.
Lo que estamos viendo es un libreto conocido: primero se deslegitima, luego se norma, después se castiga. Se prepara el terreno para que cualquier conflicto laboral, territorial o estudiantil sea tratado como “amenaza al orden”. La disputa no es por una frase del PC: es por el derecho efectivo a organizarse y luchar.
La derecha quiere forzar una trampa binaria: o “dialogas” (y te rindes), o “te movilizas” (y eres “antidemocrático”). Por eso es relevante que Carmona subraye dos ideas a la vez: diálogo cuando corresponda, y legitimidad de la movilización; además, la insistencia en que los movimientos sociales deben ser autónomos.
Autonomía, ojo, no es neutralidad: es independencia de clase. Es resguardar que el movimiento sindical y social no sea correa de transmisión ni de gobiernos ni de empresarios. Y a la vez, es reconocer un hecho elemental: la política real no se decide solo en el hemiciclo, sino en la correlación de fuerzas que se construye en lugares de trabajo, territorios, organizaciones y calles.
No estamos ante un gobierno conservador “normal”. Kast llega con un mandato fuerte y un eje claro: seguridad, migración y recorte del gasto. Esto fue ampliamente reportado tras su victoria electoral.
El propio informe del X Pleno del PC caracteriza el cuadro con una advertencia central: la combinación de contracción del gasto social y énfasis en “orden”, implica el riesgo de desplazar problemas estructurales como la desigualdad, el sobre endeudamiento y la precariedad, hacia respuestas de castigo y contención represiva y eso no es aceptable.
Por eso la discusión sobre “oposición constructiva” no puede resolverse como cortesía institucional. El dilema es concreto: si el ajuste cae sobre los salarios, sobre el empleo público o sobre los derechos laborales, salud y educación, la respuesta “constructiva” no puede ser el murmullo responsable. Tiene que ser organización, propuesta y conflicto social democrático.
Carmona puso en la misma lista crimen organizado, corrupción, listas de espera, salarios y estabilidad laboral. Esa enumeración, leída desde abajo, tiene una potencia: disputa el relato de la ultraderecha que reduce la seguridad a policías, cárceles y excepcionalidad.
Para el mundo del trabajo, seguridad también es tener un sueldo que alcance y no obligue a endeudarse para comer; un empleo estable y con derechos; un acceso real a salud oportuna, una vivienda digna y barrios con tejido comunitario y servicios, no el abandono al que los sectores populares están acostumbrados.
Si la derecha impone su definición estrecha y termina justificando la entrega de más facultades coercitivas como la otra cara de recortar derechos, y un Estado que se retira de lo social mientras se expande en lo punitivo, el problema se vuelve complejo y la frase de Carmona, unidad “sin exclusiones”, pero “no para mirarnos al espejo” y “no unidad por la unidad”, es una respuesta implícita al riesgo histórico de la izquierda: confundir amplitud con dilución.
La unidad que se necesita ante la ultraderecha no es una foto transversal, sino una unidad con los pueblos de Chile y con contenido, con defensa irrestricta de libertades democráticas; agenda laboral y social; y capacidad de movilización amplia (8M, 1M, etc.) como expresión de mayoría y no como nicho. Ese enfoque, de hecho, está explicitado en el documento partidario cuando habla de hitos unitarios frente a tendencias autoritarias y regresivas.
Si algo enseña el arranque de 2026 es esto: la derecha no espera a gobernar para disciplinar. Ya está instalando la idea de que movilizarse sería “bloquear” al gobierno antes de que asuma (11 de marzo). Por eso, la tarea de la oposición popular no es elegir entre “diálogo” o “calle”. Es construir una oposición que sea realmente constructiva para las mayorías:
- propositiva en políticas concretas (salarios, salud, vivienda, pensiones),
- crítica ante cualquier retroceso en derechos,
- y organizada para que la democracia no quede reducida a obediencia.
En tiempos de ultraderecha, la palabra “constructivo” solo vale si se sostiene en una realidad: pueblo organizado, movimiento sindical autónomo y una izquierda capaz de disputar el futuro sin pedir permiso.