El trasfondo es el Código Minero de 2023, que fortalece la presencia pública y local en los proyectos, con un 10% de participación estatal (base); con opción de comprar hasta 20% adicional en los primeros dos años de producción comercial; y con hasta 5% adicional para actores locales, llevando la participación combinada Estado + capital local a 35%.
Redacción Internacional El Despertar de los Trabajadores
El gobierno de transición de Malí anunció que recuperó 761.000 millones de francos CFA (aprox. US$1.200 millones) en pagos atrasados de compañías mineras, luego de una auditoría sectorial y de la renegociación de contratos en el sector extractivo. El ministro de Economía y Finanzas, Alousséni Sanou, presentó el resultado como una de las mayores “recuperaciones” recientes del país y como parte de un giro para aumentar la participación estatal sobre recursos estratégicos.
La auditoría, iniciada a comienzos de 2023, habría detectado irregularidades y “faltantes” estimados entre 300 y 600 mil millones de CFA, lo que empujó a Bamako a crear una comisión de recuperación y a impulsar un nuevo marco legal. Según fuentes gubernamentales, el rediseño del régimen subió regalías, elevó la participación del Estado y eliminó cláusulas de estabilidad que blindaban a las empresas.
La propia ONU/UNCTAD añade que el decreto de implementación de 2024 endurece control estatal, exige más contenido local, limita concentración de permisos de exploración y obliga a aprobación gubernamental para transferencias o cambios de control en permisos. El resultado, varias mineras habrían “migrado” al nuevo régimen tras saldar atrasos (entre ellas, B2Gold, Allied Gold, Resolute Mining, Endeavour, y también actores del litio como Ganfeng y Kodal).
Las cifras de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE/EITI) muestran por qué este conflicto es estratégico: Malí es el tercer productor de oro de África y uno de los principales del mundo; y el extractivismo concentra exportaciones e ingresos públicos. En su Informe ITIE 2023, se reporta que los ingresos del sector extractivo encajados en el presupuesto fueron 641,6 mil millones de CFA y representaron 27,81% de los ingresos totales del Estado (según TOFE 2023).
La ofensiva fiscal y regulatoria, sin embargo, viene con costos de corto plazo. Reuters informó que la producción industrial de oro cayó 23% en 2024 (a 51 toneladas desde 66,5 en 2023), en un contexto de tensión entre el gobierno y grandes operadores internacionales. Y en 2025, el mismo medio reportó una caída fuerte de producción asociada a la suspensión y problemas operativos en el principal complejo del país (Loulo-Gounkoto), en medio de disputas por impuestos y por la aplicación del nuevo código. A pesar de ello, la recaudación para el fisco ha mejorado significativamente.