La revocación arrastró dos piezas clave de Adams: la primera, la EO 52 (junio 2025) en donde adopta la definición “no vinculante” de la IHRA, en la cual se equipara, cualquier crítica al Estado de Israel con antisemitismo, y enumera ejemplos; y la segunda, instruye a autoridades y fiduciarios a oponerse a desinversiones orientadas a “discriminar” al Estado de Israel o a entidades asociadas.
Por Daniel Jadue
El primer día de Zohran Mamdani en Nueva York fue presentado como una seguidilla de “controversias”: Israel indignado, “antisemitismo” como etiqueta instantánea, y titulares del tipo “abogado de Al Qaeda” para describir a un asesor legal. Lo interesante no es el ruido, sino para qué sirve: desplazar el foco desde la política material (vivienda, trabajo, servicios) hacia una guerra cultural y securitaria donde la izquierda siempre está en el banquillo.
En una de sus primeras acciones, Mamdani firmó la Executive Order 01 con una lógica simple: reiniciar el set de órdenes ejecutivas y reemitir solo lo que su administración considere central. El texto es explícito: todo lo dictado desde el 26 de septiembre de 2024 queda revocado.
La fecha no es casual. Ese día, el Departamento de Justicia anunció la acusación federal contra Eric Adams por soborno y delitos de financiamiento de campaña, entre otros. Y meses después, un juez cerró el caso con sobreseimiento “con perjuicio” (no puede reabrirse), criticando el argumento del gobierno de Trump para botarlo como algo que “huele a trato” ligado a prioridades de inmigración.
En ese contexto, “revocar lo de después de la imputación” es una señal de legitimidad política: no heredo decretos de un alcalde en crisis y con sombra de negociación con Washington; parto de cero.
La revocación arrastró dos piezas clave de Adams: la primera, la EO 52 (junio 2025) en donde adopta la definición “no vinculante” de la IHRA, en la cual se equipara, cualquier crítica al Estado de Israel con antisemitismo, y enumera ejemplos; y la segunda, instruye a autoridades y fiduciarios a oponerse a desinversiones orientadas a “discriminar” al Estado de Israel o a entidades asociadas.
El Estado genocida de Israel reaccionó con un lenguaje incendiario (“gasolina antisemita”), mientras Mamdani sostuvo que mantendrá esfuerzos contra el antisemitismo y, según reportes, asegurando que el tema se toma “muy en serio”.
Aquí hay una disputa de fondo que también existe en Chile: ¿se combate el antisemitismo persiguiendo el odio contra judíos, o se usa la lucha contra el antisemitismo como herramienta para blindar políticas estatales de Israel de la crítica pública? La izquierda no puede ceder en ninguno de los dos frentes: antisemitismo es odio racial y debe enfrentase sin ambigüedades; pero la crítica a un Estado acusado por la CIJ de Genocidio, y el boicot político como forma de presión, es parte del repertorio democrático cuando se protege la libertad de expresión.
El segundo frente que abrió a partir de sus primeras decisiones, la contratación del “abogado de Al Qaeda”, Ramzi Kassem, como chief counsel fue leída por medios y sectores conservadores como “escándalo” por su historial como abogado defensor en casos de Guantánamo, incluido el de Ahmed al-Darbi, quien se declaró culpable ante una comisión militar en un caso relacionado con el ataque al petrolero Limburg y fue transferido a Arabia Saudita en 2018.
Pero el punto clave, que el titular busca borrar, es básico en cualquier Estado de Derecho: defender a un acusado no convierte al abogado en cómplice del acusado. Si se acepta esa lógica, se termina justificando que el poder elija quién merece defensa, y quién no: exactamente el camino que normaliza los abusos “por seguridad”.
A la vez, el propio diseño del equipo legal muestra un cuadro más completo: Steve Banks fue anunciado como corporation counsel, es decir, el principal jefe legal municipal, con trayectoria en servicios para población vulnerable y litigio civil.
Pero el fondo es otro. Lo que la derecha intenta es cerrar el debate antes de empezar: si logran que la conversación sea “terror” y no “arriendo, salario, transporte”, ya ganaron la mitad de la pelea. Por eso, mientras lo mediático gritaba “Israel” y “terror lawyer”, Mamdani firmó órdenes para reinstalar y fortalecer la protección a inquilinos, mediante la Executive Order 03 que revitaliza la Mayor’s Office to Protect Tenants (oficina Municipal de Protección de Inquilinos) , con mandato de coordinar agencias, promover derechos de arrendatarios y combatir abusos de especuladores urbanos. Además, su oficina anunció dos fuerzas de trabajo: la primera llamada LIFT, cuyo objetivo será usar suelo fiscal para acelerar el derecho a la vivienda, y SPEED, cuyo objetivo será remover trabas burocráticas que encarecen la construcción y arriendo.
Ese es el corazón del conflicto de clase en Nueva York: vivienda, renta, especulación y el poder político del negocio inmobiliario. Por eso al nuevo alcalde le conviene menos “explicar etiquetas” y más mostrar resultados: inspecciones, sanciones, inversión pública y organización barrial.
Mamdani prometió un programa de “derechos urbanos”, con temas como transporte, cuidado infantil, congelamiento de renta, etc., que requiere recursos y, en muchos casos, coordinación con el Estado de Nueva York. Y también tendrá inevitable fricción con la Casa Blanca en temas como inmigración en donde asume la legalidad de todo ser humano como eje de su accionar político.
Ahí se verá si “la izquierda puede gobernar”: no por la limpieza de decretos, sino por su capacidad de convertir mandato popular en poder institucional sin arrodillarse ante el chantaje de fondos federales o la presión de los grandes propietarios.
En suma: las “controversias” del debut no son un accidente; son un mecanismo. La pregunta que importa para el mundo del trabajo, en Nueva York y en Chile, es si la agenda de vivienda, servicios y derechos logra avanzar pese a la ofensiva comunicacional. Si lo hace, habrán fracasado quienes necesitan que la izquierda parezca siempre ilegítima incluso antes de empezar.