En una proclamación fechada el 7 de marzo, la Casa Blanca anunció la creación de una alianza militar regional para “demoler” a los cárteles y “entrenar y movilizar” ejércitos aliados. El plan, presentado en la cumbre “Escudo de las Américas” realizada en Doral (Florida), instala un giro de seguridad dura con sello de hegemonía: más militarización, más subordinación política y un nuevo marco discursivo que trata el crimen organizado como “terrorismo”, mientras México y Brasil quedaron fuera del diseño.
Por Equipo El Despertar
La administración de Donald Trump oficializó este fin de semana la creación de la “Americas Counter Cartel Coalition”, una coordinación de mandos militares y representantes de 17 países del hemisferio occidental, según una proclamación presidencial publicada el 7 de marzo. En el texto, Washington afirma que ha destinado “recursos sin precedentes” para la “destrucción” de cárteles y bandas transnacionales, y sostiene que estas organizaciones “controlan territorios y comercio”, “extorsionan sistemas políticos y judiciales” y “usan asesinatos y terrorismo” para sus objetivos.
El corazón del anuncio es una hoja de ruta en cuatro puntos. Primero, que los cárteles y organizaciones “terroristas” deben ser “demolidos” “en la mayor medida posible”. Segundo, que EE.UU. y sus aliados deben coordinarse para privarlos de control territorial y financiamiento. Tercero, que EE.UU. “entrenará y movilizará” fuerzas armadas de países socios para construir la “fuerza de combate” necesaria. Y cuarto, que la alianza buscará mantener “amenazas externas” a raya, incluyendo “influencias malignas” desde fuera del hemisferio.
La proclamación se apoyó además en una puesta en escena política: el plan fue presentado en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, organizada en Doral, Florida, en un contexto donde Trump viene instalando la idea de recuperar una esfera de influencia regional inspirada en la Doctrina Monroe. En esa línea, el propio encuentro fue descrito por medios internacionales como un espacio de mandatarios afines a Washington y su agenda securitaria.
En el relato público, Trump empujó una lógica de “mano dura” interestatal: “la única forma” de derrotar a estos enemigos, dijo en la cumbre, sería “desatando el poder de nuestros ejércitos”, de acuerdo con reportes de prensa. En clave marxista, lo relevante no es solo el tono: es la redefinición del problema. Al etiquetar cárteles como “terrorismo” y hablar de “hard power” regional, Washington abre un paraguas para acciones excepcionales (militarización interna, cooperación asimétrica, expansión de inteligencia, y presión diplomática sobre gobiernos) que históricamente han terminado golpeando con más fuerza a los territorios populares y al trabajo precarizado que vive bajo regímenes de control y violencia.
La foto política también importó. Reportes consignaron la participación de una docena de gobiernos, incluyendo a Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), además del presidente electo chileno José Antonio Kast, entre otros, mientras México y Brasil no fueron invitados en este formato, un dato clave para entender el alineamiento geopolítico detrás del discurso “anticarteles”.
En México, el punto de quiebre ha sido la soberanía: la prensa recogió que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó permitir operaciones militares estadounidenses en su territorio, lo que se conectó con su exclusión del encuentro y con las presiones públicas desde Washington para “exportar” su estrategia de fuerza.
Desde una lectura crítica de izquierda, el anuncio tensiona una pregunta de fondo: ¿qué significa “guerra” contra el narco en clave hemisférica? No solo un combate al delito, sino una reorganización del control (fronteras, rutas, puertos, telecomunicaciones, inversión, y territorio) bajo el mando del centro imperial. El propio documento de la Casa Blanca cierra esa puerta al admitir que uno de sus objetivos es bloquear “influencias” externas “malignas” desde fuera del hemisferio, formulación que en la práctica suele operar como señal contra la competencia geoeconómica (China, Rusia u otros) más que como política social contra las economías ilegales.
Incluso en análisis citados por prensa internacional, se advierte que el diseño nace con un sesgo: una experta del International Institute for Strategic Studies (IISS), Irene Mia, señaló que iniciativas así tienden a tener una “agenda negativa” y que la ausencia de México y Brasil “socava” el alcance real de la propuesta. En otras palabras: el plan puede terminar siendo menos una estrategia integral contra el crimen organizado —cuyas raíces están también en desigualdad, precarización y mercados transnacionales— y más un mecanismo de disciplinamiento regional por la vía militar.
En el corto plazo, el debate en América Latina no será solo si la coalición “funciona”, sino a quién protege y quién paga sus costos: si los aparatos de seguridad refuerzan soberanías populares y derechos, o si profundizan la militarización, el control social y la dependencia estratégica en nombre de una “civilización” que, en los hechos, se traduce en orden para la inversión y para el poder de Washington.