Hacienda recortó $51.750 millones al Ministerio de las Culturas, casi el 10% de su presupuesto, eliminando por completo tres programas emblemáticos. Pero el “ataque frontal” no fue contra el arte sino contra las mayorías: los fondos destinados a fomentar la lectura, la música, el cine y la educación pública se desangran mientras las corporaciones no pagan ni un peso más de impuestos.
Por Equipo El Despertar
El 24 de abril, cuando la prensa económica ya daba por descontada la profundización de las medidas de “disciplina fiscal”, el gobierno de José Antonio Kast selló una de sus decisiones más ilustrativas: ingresar a la Contraloría un recorte de $51.750 millones al presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como explica Franco “Bifo” Berardi, “el capital ya no necesita la cultura como espacio de creación de subjetividad, sino como mercancía de lujo para una minoría”. El tijeretazo literalmente eliminó tres programas: el Financiamiento de Infraestructura Cultural (se recortó en un 80%, quedando sin fondos), el Programa Somos Barrio de prevención del delito en espacios públicos ($3.526 millones) y el aporte a la Corporación Cultural Artistas del Acero ($165 millones).
Pero los afectados no se limitan a esas líneas. El Pase Cultural —programa que garantiza acceso masivo a bienes culturales— sufrió un recorte de $2.960 millones, equivalente al 33% de su presupuesto. Los Fondos Culturales y Artísticos se redujeron en $13.087 millones: $10.767 millones corresponden a recursos destinados al fomento del libro, la música nacional, el audiovisual y las artes escénicas. El fondo de Corfo de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto fue reducido prácticamente a la mitad, con un recorte de $2.319 millones. El traspaso a universidades públicas se recortó en $1.276 millones, alrededor del 21% del total destinado a ese ítem. Y las instituciones privadas colaboradoras (centros culturales como Palacio La Moneda, Valparaíso y Gabriela Mistral) fueron recortadas en torno a un 10% cada una, sumando un ajuste de $2.454 millones.
La explicación oficial del ministro de Cultura, Francisco Undurraga, es francamente miserable: “Hay un gasto excesivo en cultura” y el ajuste “no afectará la acción del ministerio”. Sin embargo, la realidad empírica lo contradice: el presupuesto de las culturas es el tercero más bajo de todos los ministerios chilenos y ya operaba con menos del 0,5% del presupuesto nacional. Ahora se le amputa cerca del 10% de su presupuesto aprobado.
Linchamiento presupuestario
El ataque no resulta aislado, sino que se inscribe en el mismo “Off the record” que filtraciones como el Oficio Circular N°16 de Hacienda en abril, donde directamente se proponía la “descontinuación” de más de 140 programas sociales, en áreas como Educación, Salud y Cultura. El ministro Quiroz los presentó luego como simples “errores de forma”, pero aquí la continuidad temática es inobjetable: la política cultural es la “punta de lanza” del desmantelamiento. Como destacó el Frente de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de las Culturas, la magnitud del recorte (superior al 3% inicial) traerá consecuencias catastróficas: menor cobertura territorial, precarización laboral creciente y riesgo de cierre de organizaciones, particularmente en regiones.
El gobierno de los super ricos, que ha endurecido su retórica contra la “subcultura woke” y el “gasto superfluo” del Estado, actúa coherentemente con el ideario neoconservador y neoliberal que postula la cultura como un “lujo” prescindible. Como señala la Unión de Artistas Visuales Independientes: “No existe ningún ministerio en Chile con tanta desigualdad estructural y tanta capacidad de producir con tan pocos recursos; esto es directamente un linchamiento a la identidad nacional”.
Quién paga, quién gana
Resulta paradigmático: el recorte cultural es simultáneo a la implementación de la “Ley Miscelánea” que reduce el impuesto de primera categoría a las empresas del 27% al 23%, regulariza capitales offshore con tasa preferencial del 10% e inmoviliza por 25 años la carga tributaria a las grandes inversiones.
El cálculo es repugnantemente simple: las clases populares financiarán con su sacrificio vital (menos libros, menos cine, menos música, menos educación artística, menos patrimonio) el abaratamiento del costo del capital. Así se materializa el lema más brutal del marxismo: la acumulación por desposesión. Lo que se recorta al ministerio de las culturas se regala a las empresas en una combinación letal de disciplina fiscal para los trabajadores y indulgencia impositiva para el capital concentrado.
Esto no es un “error técnico” ni un “ajuste razonable”. Es la expresión más acabada del gobierno pro-empresarial y anti-pueblo de José Antonio Kast: exprimir hasta el último derecho cultural conquistado por las mayorías para garantizar las tasas de ganancia a los monopolios. La política cultural jamás ha sido para ellos una inversión en desarrollo humano, sino una concesión menor que puede suprimirse sin pestañear cuando el capital así lo requiera.
Resumen de los tres programas totalmente eliminados:
Profundización en listado de recortes indicativos: