A siete meses de los comicios seccionales adelantados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, bajo control del presidente Daniel Noboa, canceló las personerías jurídicas de Unidad Popular y Construye este domingo 26 de abril, en una sesión con votaciones divididas que la oposición y organizaciones sociales califican como un nuevo eslabón de una estrategia sistemática de “lawfare” para vaciar de contenido la democracia y dejar al oficialismo como única opción en las urnas.
Por Equipo El Despertar
El pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió eliminar del registro oficial a dos organizaciones políticas de oposición: Unidad Popular, movimiento de izquierda con tradición sindical de décadas, y Construye, la fuerza que impulsó la fallida candidatura presidencial del asesinado periodista Fernando Villavicencio. La decisión se tomó en una sesión dominical atípica que activó todas las alarmas, y fue defendida por el CNE bajo el argumento técnico de que estos partidos no lograron demostrar haber mantenido el mínimo de adherentes permanentes que exige el Código de la Democracia.
Sin embargo, lo que la normativa electoral presenta como una exigencia administrativa se ha convertido, durante el mandato de Noboa, en una potente herramienta de depuración política. La resolución no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica más amplia de proscripción de la disidencia que viene operando desde 2017 mediante mecanismos institucionales, judiciales y administrativos. En los últimos meses, las entidades de control han puesto la mira exclusivamente en organizaciones críticas de la gestión gubernamental: en marzo, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió por nueve meses a Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza opositora del país. Con la eliminación de Unidad Popular y Construye, el mapa electoral pierde dos voces más, y el oficialismo se consolida como el principal beneficiario de un escenario de pluralismo menguante.
“Lawfare” y voto dirimente: la farsa del debido proceso
La sesión del CNE estuvo marcada por votaciones divididas y ausencias sospechosas. En el caso de Unidad Popular, la cancelación fue aprobada con el voto dirimente de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, tras un empate que evidenció las tensiones internas en la entidad. Para la consejera Elena Nájera, la medida vulneró derechos de participación, mientras que su colega José Merino, incondicional del Ejecutivo, defendió la decisión argumentando que no se pueden asignar recursos públicos a quienes violan la ley.
La presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, fue una de las primeras en alzar la voz contra lo que definió como una estrategia de persecución orquestada. “El proceso electoral 2026 es fraudulento, lo advertimos”, subrayó la líder de la RC, cuestionando cómo el CNE, cuyos integrantes están en funciones desde 2019, opera ahora para la proscripción partidista bajo el mandato de Noboa. Esta misma semana, Rivadeneira advirtió que la suspensión de su movimiento es un intento del mandatario de “eliminar en las urnas” a su principal opositor, y anunció que llevarán el caso a instancias internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar vulnerados los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
El discurso de Rivadeneira fue secundado por otras voces de la oposición, que ven en esta seguidilla de inhabilitaciones una estrategia deliberada para allanar el camino hacia la reelección de Noboa sin contrincantes. “Es insólito —dijo la dirigente en una entrevista— cómo una fiscal delegada puede suspender una organización política completa sin sentencia firme, sin que se haya demostrado ningún ilícito y antes de que exista una condena”. Para la oposición, la causa conocida como “Caja Chica”, que se encuentra aún en fase preprocesal y se sustenta en una denuncia anónima, es apenas el pretexto para una proscripción de facto.
Marchas, plazos vencidos y un escenario de “cancha vacía”
El malestar no se limita a la dirigencia formal. Organizaciones sociales como Yasunidos y el colectivo Rumbo Plural han criticado duramente la decisión del CNE, advirtiendo que la maniobra va más allá de la técnica jurídica y apunta a desmantelar los cimientos del pluralismo. Yasunidos denunció que la medida es “irregular” y forma parte de un proceso más amplio de restricciones a actores críticos. “Hoy se sanciona a organizaciones políticas; mañana puede alcanzar a cualquier expresión ciudadana”, alertó la agrupación ambientalista. Por su parte, el exasambleísta Leonardo Berrezueta fue aún más gráfico: “Cuando la competencia se reduce en la mesa, las urnas pierden peso”, afirmó al calificar la estrategia del gobierno de “tener una cancha en la que juegue solo”.
La premura y las formas del proceso también despertaron suspicacias. El presidente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, aseguró que la resolución fue adoptada “fuera de tiempo”, argumentando que el plazo legal para oficializar cancelaciones venció el pasado 3 de abril. En sus descargos, señaló que el CNE certificó la desafiliación de apenas 1.483 personas en los últimos seis años, una cifra que representa “menos del 1%” del padrón total de militantes que asegura tener la organización. “No han podido demostrar la disminución al 50 % del registro de afiliados”, insistió Atarihuana, quien calificó la decisión como una “vergüenza nacional” y anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional, además de convocar a movilizaciones populares, incluida una marcha el próximo 1 de mayo.
Adelanto electoral y la máquina de desgaste democrático
El trasfondo de toda esta ofensiva institucional son los comicios seccionales del 29 de noviembre, que el CNE adelantó arbitrariamente tres meses respecto al cronograma original (fijado para febrero de 2027) bajo el argumento de un eventual fenómeno de El Niño. La oposición ha criticado esa resolución, señalando que no se han adoptado medidas similares en otros años complicados. Sumado a esto, las inhabilitaciones de RC (suspendida), de Unidad Popular y Construye (canceladas), así como la eliminación mediante informes técnico-jurídicos de otras organizaciones menores, presentan un escenario inédito de vaciamiento de la oferta electoral.
La politóloga Sofía Cordero lo resume con crudeza: la disolución de los partidos “no es un acto aislado, sino una forma de gobernar y de eliminar cualquier tipo de oposición”. “Va en contra de unas elecciones mínimamente transparentes y justas”, sentenció la académica, alzando la voz sobre un proceso que la comunidad internacional observa con creciente preocupación. Mientras Noboa insiste en endurecer su perfil de “mano dura” contra la violencia y la crisis económica que asfixia al país, las herramientas del Estado se afinan para desmontar a sus críticos por la vía administrativa, antes de que las urnas tengan la última palabra.
Datos de contexto:
- Revolución Ciudadana: suspendida por nueve meses en marzo de 2026 por el TCE a raíz del caso “Caja Chica”, en una investigación donde la organización no ha sido notificada formalmente.
- Unidad Popular: cancelada el 26 de abril en una votación dividida que requirió el voto dirimente de Diana Atamaint. La organización asegura contar con más de 206.000 afiliados.
- Construye: la agrupación que perdió a su candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio fue cancelada con tres votos a favor y una abstención.
- Plazos cuestionados: la oposición argumenta que la ley electoral prohíbe al CNE eliminar un partido menos de 120 días antes de la convocatoria electoral.
- Próximas movilizaciones: Unidad Popular anunció una marcha para el 1 de mayo y acudirá a la CIDH.