Y entonces aparece el instructivo del ajuste fiscal. Lean con cuidado, porque es una joya. El gobierno de Kast anuncia que va a reducir el gasto en USD 3.800 millones. ¿Cómo? Con una rebaja transversal del 3% a todos los ministerios, más una poda adicional de USD 1.000 millones focalizada.
Por Daniel Jadue
Cuando leo las declaraciones de los presidentes de los gremios empresariales en la víspera del cambio de mando, y cuando conozco el instructivo del ajuste fiscal que el gobierno de Kast ha filtrado —o ha hecho filtrar, porque en política nada es casual—, no puedo evitar una sonrisa amarga. Es la misma sonrisa que se le escapa a uno cuando, después de años de advertencias, ve que la historia se repite con la precisión de un mecanismo de relojería.
Los empresarios piden “diálogo abierto y permanente”. Exigen “puertas abiertas de los ministerios”. Reclaman ser escuchados “antes de impulsar proyectos de ley”. Y tienen toda la razón en hacerlo: saben que Kast les abrirá esas puertas de par en par, porque su gobierno no es más que la extensión administrativa de sus intereses. Lo que resulta grotesco es que presenten estas demandas como si se tratara de una concesión al interés general, cuando lo único que buscan es garantizar que ningún proyecto de ley afecte “directamente a la actividad económica”, es decir, a sus ganancias.
Alfredo Echavarría, de la Cámara Chilena de la Construcción, pone el dedo en la llaga sin quererlo: 177.000 puestos de trabajo perdidos en su sector desde 2019. ¿Y qué propone? “Crecer y mejorar las posibilidades de acceso al empleo”. Pero el crecimiento que ellos impulsan no es el que crea empleos dignos y estables, sino el que engorda sus balances a costa de trabajadores precarizados, sin contrato, sin seguridad social, sin derecho a organización sindical. Cuando hablan de empleo, hablan de mano de obra barata y flexible. Cuando hablan de crecimiento, hablan de sus utilidades.
José Pakomio, de la CNC, dice representar “desde el gran retail hasta el pequeño comercio de barrio”. Esa pretensión de hablar por todos es el viejo truco de la burguesía: presentarse como la voz unitaria del “mundo productivo”, como si el pequeño almacenero que se rompe el lomo 14 horas diarias tuviera los mismos intereses que los dueños de los supermercados que lo están estrangulando. La unidad del capital es siempre hacia arriba; hacia abajo, es pura competencia y aplastamiento del más débil.
Antonio Walker, de la SNA, es quizás el más sincero de todos. Dice que “las arcas fiscales están muy escuálidas, no hay plata”. Y concluye: “incentivar la inversión del mundo privado es fundamental”. Esa es la doctrina en estado puro: cuando el Estado no tiene recursos, no se le ocurre pedírselos a quienes más tienen —a los grandes agricultores dueños de miles de hectáreas, a los exportadores que usan el agua como si fuera suya, a los que han evadido impuestos por generaciones—, sino que se abre el espacio para que el capital privado venga a “invertir”. ¿Invertir en qué? En negocios, no en derechos. En negocios, no en servicios públicos. En negocios, no en bienestar colectivo.
Jorge Riesco, de Sonami, habla de una “paradoja”: escenario internacional favorable, dificultades internas para invertir. Las dificultades internas, para él, son el Código de Minería, el Sistema de Evaluación Ambiental, la Ley SBAP. Es decir, las mínimas regulaciones que este país ha logrado imponer para que la extracción minera no sea un salvajismo absoluto. Lo que pide es menos regulación, menos control, menos Estado. Exactamente lo contrario de lo que necesitan las comunidades que viven en el entorno de la gran minería, intoxicadas por el polvo y los relaves, mientras el cobre se va en barcos sin dejar más que migajas.
Y entonces aparece el instructivo del ajuste fiscal. Lean con cuidado, porque es una joya. El gobierno de Kast anuncia que va a reducir el gasto en USD 3.800 millones. ¿Cómo? Con una rebaja transversal del 3% a todos los ministerios, más una poda adicional de USD 1.000 millones focalizada. Y establece criterios: revisar licencias médicas, perseguir “abusos funcionarios”, no renovar cupos de funcionarios jubilados, no reemplazar a los que se enferman, detener todo concurso público, congelar inversiones, paralizar programas sociales.
Fíjense en el detalle: el ajuste se llama “permanente”. Lo que se recorta este año no vuelve más. Es la reducción definitiva del Estado. Y se justifica en el “combate al fraude y los abusos”, pero los únicos abusos que menciona son los de los funcionarios —los trabajadores del Estado—, no los de las grandes empresas que le deben al fisco miles de millones en impuestos no pagados, no los de los mineros que se llevan el cobre sin royalty, no los de los agricultores que acaparan el agua mientras los campesinos se secan.
El instructivo ordena “detener cualquier gasto que al 10 de marzo no importe una obligación legal”. Eso significa, en cristiano, que todos los compromisos que no sean ineludibles —obras en marcha, programas sociales recién iniciados, estudios necesarios para diseñar políticas— se paralizan. Es la parálisis del Estado al servicio del dogma neoliberal: el mercado lo hará mejor.
Mientras tanto, los empresarios piden “diálogo”. ¿Diálogo para qué? Para asegurarse de que el ajuste no los toque. Para que los recortes no afecten los subsidios que reciben, las exenciones tributarias que disfrutan, los contratos públicos que los engordan. El diálogo que proponen es el de siempre: ellos hablan, el gobierno escucha y hace lo que ellos dicen. No es diálogo, es dictado.
Y hay algo más, que me duele particularmente. El instructivo habla de revisar “abusos funcionarios (caso licencias médicas)” y “sumarios en curso, en especial en el uso fraudulento de licencias médicas”. Es la vieja cantina de la derecha: el funcionario público es flojo, es corrupto, se enferma por gusto. Instalan la sospecha generalizada sobre los trabajadores del Estado para justificar el desmantelamiento de los servicios públicos. Y lo hacen en nombre de la “austeridad”, esa palabra que siempre usan para castigar a los de abajo y nunca para tocar a los de arriba.
¿Alguien ha visto algún instructivo que ordene revisar las licencias médicas de los gerentes de las grandes empresas? ¿Alguien ha visto una comisión investigadora para determinar cuánto evade cada holding? ¿Alguien ha visto un ajuste fiscal que consista en aumentar los impuestos a las grandes fortunas, que en Chile pagan menos que en casi cualquier país de la OCDE?
No. El ajuste siempre es hacia abajo. Siempre. Y la “austeridad” es para los pobres. Para los ricos, hay “diálogo público-privado”, “alianzas estratégicas”, “puertas abiertas”.
Yo me pregunto: ¿dónde están los 177.000 trabajadores de la construcción en este diálogo? ¿Dónde están los temporeros de la fruta, que trabajan 12 horas en temporada y después se quedan sin nada? ¿Dónde están los mineros del cobre, que bajan a la tierra a riesgo de sus pulmones y sus vidas? ¿Dónde están los funcionarios públicos cuyas licencias van a ser perseguidas como si fueran delincuentes?
Ellos no están en la mesa. No son convocados al diálogo. No tienen “puertas abiertas” en los ministerios. Para ellos, el gobierno de Kast tiene preparado el ajuste, la fiscalización, el control. Para los trabajadores, el látigo. Para los empresarios, el oído atento y la cartera abierta.
La paradoja que menciona Riesco no es tal. No hay paradoja: hay una clase que manda y una clase que obedece. Hay un gobierno que administra los negocios de los poderosos y un pueblo que paga los costos. Hay un discurso de “orden fiscal” que esconde el desorden social que produce.
El gobierno de Boric se va con la música a otra parte. Y el gobierno de Kast llega con este instructivo que es, sin metáforas, el programa de la burguesía chilena escrito en lenguaje administrativo. No hay sorpresa. No hay engaño. Es lo que votaron los que votaron por él. Es lo que siempre han querido los que mandan en este país.
La pregunta es: ¿qué vamos a hacer los demás? ¿Vamos a quedarnos callados mientras desmantelan lo poco que tenemos? ¿Vamos a aceptar que el “diálogo” sea un monólogo de los patrones? ¿Vamos a cruzarnos de brazos mientras los recursos que deberían ir a salud, educación, vivienda, se desvían hacia subsidios a quienes menos lo necesitan?
El estallido social de 2019 no fue para esto. Las movilizaciones no fueron para que termináramos con un gobierno que aplica el ajuste de siempre con la excusa de la emergencia. La nueva Constitución que queríamos no era para consagrar el derecho de los empresarios a ser escuchados antes que los trabajadores.
Algo hemos hecho mal. Algo hemos permitido. Pero también algo podemos hacer todavía. La historia no termina con este instructivo. La lucha de clases no se suspende por decreto. Los trabajadores de la construcción, los temporeros, los mineros, los funcionarios públicos, los pobladores sin casa, los enfermos en lista de espera, todos ellos son la fuerza que puede poner límite a este ajuste.
El gobierno de Kast cree que tiene el camino despejado. Los empresarios creen que ya pueden dictar sus condiciones sin contrapeso. Pero se equivocan. El pueblo chileno ha dado muestras de su capacidad de movilización cuando los derechos están en juego. Y estos derechos, créanme, están en juego como pocas veces antes.
La “austeridad” que predican es una obscenidad cuando se predica desde la opulencia. El “orden fiscal” que invocan es una burla cuando se aplica sobre el desorden social que ellos mismos generan. Y el “diálogo” que ofrecen es una farsa cuando excluye a los verdaderos protagonistas de la economía: los que trabajan, los que producen, los que sostienen este país con sus manos y su espalda.
Estaremos atentos. Estaremos organizados. Y cuando haya que salir a la calle a decir “no pasarán”, ahí estaremos. Como siempre. Porque este ajuste no lo pueden seguir pagando, una vez más, los de siempre.