El CEP no nació como instrumento de la toma del poder sino como instrumento para su perpetuación intelectual: el think tank que debía convertir en ciencia lo que la dictadura había impuesto por la fuerza. Los Chicago Boys habían terminado de instalar las reformas estructurales entre 1975 y 1979. El CEP llegó a darles fundamento teórico, cobertura académica y, con el tiempo, la encuesta que mediría la opinión de un país sobre una realidad que el propio CEP ayudó a construir.
Por Daniel Jadue
El Centro de Estudios Públicos fue fundado el 17 de abril de 1980, casi siete años después del golpe de Estado de Pinochet, pero no por casualidad en el mismo año en que la dictadura aprobó mediante plebiscito fraudulento la Constitución que blindaría el modelo económico.
Su primer director fue Hernán Cortés Douglas, economista formado en la Universidad Católica y en la Universidad de Chicago, quien organizó los primeros seminarios del instituto con figuras como Friedrich Hayek, Milton Friedman y James Buchanan. Los fundadores que aportaron el capital inicial fueron Eliodoro Matte Ossa, Fernando Larraín, Javier Vial, Jorge Ross y Jorge Yarur.
En 1987, Eliodoro Matte Larraín, hijo del fundador, asumió la presidencia e incorporó al directorio a un «mayor número de importantes empresarios y altos ejecutivos de las principales empresas y grupos económicos del país». Según datos de 2021, son 79 las empresas, personas jurídicas y personas naturales que aportan donaciones anuales al CEP. Entre ellas se encuentran los grupos Luksic, CMPC/Matte y las principales corporaciones financieras, mineras y forestales de Chile.
El CEP no nació como instrumento de la toma del poder sino como instrumento para su perpetuación intelectual: el think tank que debía convertir en ciencia lo que la dictadura había impuesto por la fuerza. Los Chicago Boys habían terminado de instalar las reformas estructurales entre 1975 y 1979. El CEP llegó a darles fundamento teórico, cobertura académica y, con el tiempo, la encuesta que mediría la opinión de un país sobre una realidad que el propio CEP ayudó a construir.
Este es el punto de partida indispensable para leer la Encuesta N°96 con honestidad intelectual.
Porque el problema no es que el CEP mienta. El problema es más sofisticado y por eso más eficaz: el CEP construye el terreno de lo preguntable. Decide qué fenómenos existen como problemas públicos, qué relaciones causales merecen ser verificadas, qué soluciones entran al menú de opciones. Todo lo que queda fuera de ese terreno queda fuera de la realidad política medible, y por tanto, de la realidad política tout court. Esta es la función hegemónica en el sentido gramsciano del término, la operación mediante la cual los intereses particulares de una clase social se convierten en sentido común universal.
Lo que la encuesta pregunta y lo que deliberadamente omite
La Encuesta N°96 registra que el 34% de los chilenos aprueba al presidente Kast a noventa días de su mandato, que la delincuencia encabeza las prioridades ciudadanas, que el 67% cree que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad y que el 83% prefiere reducir el gasto en la administración del Estado como mecanismo para sanear las finanzas públicas. Estos resultados circularon en los grandes medios como si fueran la fotografía de la realidad chilena.
Pero la fotografía supone un encuadre. Y el encuadre excluye tanto como incluye.
La encuesta no contiene ninguna pregunta sobre concentración de la riqueza, pese a que Chile mantiene uno de los coeficientes de Gini más elevados de América Latina y que el 1% más rico controla cerca del 26% del ingreso nacional. No pregunta sobre el sistema AFP y su fracaso estructural, que es el mecanismo principal mediante el cual el ahorro previsional de los trabajadores financia los mismos grupos económicos que financian el CEP.
No pregunta sobre la evasión y elusión tributaria corporativa, cuyo monto el Servicio de Impuestos Internos ha estimado en miles de millones de dólares anuales. No pregunta sobre la colusión empresarial, cuya historia reciente incluye las farmacéuticas, los pollos, los pañales, los medicamentos oncológicos, el papel tisú y las líneas navieras. No pregunta sobre el precio de los arriendos ni sobre la especulación inmobiliaria en un país donde la vivienda pasó de ser un derecho a ser un activo financiero. No pregunta sobre los derechos laborales ni sobre la sindicalización, que en Chile afecta a menos del 20% de los trabajadores.
Ninguna de esas ausencias es accidental. Son el producto de una decisión de diseño que refleja los intereses de quienes financian el instrumento.
El mecanismo de la pregunta que fabrica su respuesta
Tomemos el dato más citado de la encuesta: el 83% de los chilenos prefiere reducir el gasto en la administración del Estado para enfrentar la deuda pública. Ese porcentaje parece aplastante. Pero la pregunta que lo produjo no es una pregunta neutral. Ofrece como opciones «reducir el gasto en la administración del Estado» y «subir impuestos», sin mencionar en ningún momento la posibilidad de aumentar la recaudación mediante la eliminación de exenciones tributarias a grandes empresas, la aplicación de un impuesto al patrimonio, la revisión de los regímenes de renta presunta o el cierre de los mecanismos de elusión legal que permiten a los grupos económicos más grandes del país tributar efectivamente por debajo del 5%. Esa opción no existe en el menú. Y lo que no existe en el menú no puede ser elegido.
La misma lógica opera en la sección sobre inmigración. La encuesta mide la disposición ciudadana a restringir fronteras (55% en posiciones más restrictivas) y registra que el 67% asocia inmigración con criminalidad. Pero no pregunta qué porcentaje de los imputados por delitos en Chile son inmigrantes según los datos del Ministerio Público, que sistemáticamente muestran que la correlación que el 67% acepta como verdadera no tiene respaldo estadístico proporcional a la percepción. No pregunta si las personas que perciben esa correlación tienen acceso regular a datos sobre delincuencia o si construyen esa percepción a través de los noticieros de los mismos grupos económicos que financian el CEP. En cambio, la encuesta mide la percepción, la presenta como hallazgo, y esa presentación la convierte en un argumento político utilizable por quienes tienen interés en mantener una agenda securitaria que desplace el debate sobre las causas estructurales del crimen organizado.
El vínculo causal real entre crimen y pobreza, entre crimen y desigualdad, entre crimen y desmantelamiento del Estado social, entre crimen y concentración territorial de la precariedad no es indagado. En cambio, se construye y valida, mediante el propio instrumento de medición, una causalidad que conviene al poder.
La construcción del ciudadano que el modelo necesita
Hay un hallazgo de la encuesta que merece leerse con particular cuidado. El 76% de los encuestados rechaza que los estudiantes se tomen colegios y universidades como forma de protesta. El 73% condena la evasión del transporte público. El 39% no justifica nunca las marchas pacíficas.
La encuesta no pregunta qué porcentaje de los encuestados rechaza que las empresas coluden para fijar precios. No pregunta qué porcentaje condena la evasión tributaria corporativa, que es cuantitativamente incomparable con la evasión del Transantiago. No pregunta qué porcentaje considera ilegítimo que un juez aplique medidas cautelares diferenciadas según la clase social del imputado. No pregunta nada sobre las incivilidades del poder, solo sobre las del impotente.
Esta asimetría produce un tipo específico de ciudadano en el espacio discursivo de la encuesta: el ciudadano que exige orden hacia abajo y tolerancia hacia arriba. Que rechaza la protesta estudiantil pero no la colusión farmacéutica. Que quiere menos Estado cuando se trata de regular el mercado, pero más Estado cuando se trata de vigilar los barrios populares. Ese ciudadano no existe como individuo real; existe como construcción estadística que legitima una agenda política.
Y esa agenda, con sus recortes al gasto social, su énfasis en seguridad como primera prioridad, su operacionalización del miedo a la inmigración, coincide punto por punto con el programa que Kast llevó a la campaña y que los grupos financiadores del CEP necesitan para proteger sus estructuras de acumulación.
La neutralidad como ideología
El CEP se presenta, en su propia descripción institucional, como «no partidista». Esta autodenominación es la operación ideológica más eficaz de todo el dispositivo, porque convierte una posición de clase en una posición epistémica. Si el CEP no es un partido político, sus encuestas no son documentos políticos. Son ciencia. Son datos. Son la realidad objetiva que los actores políticos deben tomar en cuenta para «tomar decisiones correctas en distintas áreas del interés nacional».
Pero la objetividad de un instrumento de medición no se garantiza por la ausencia de membresía partidaria de sus directivos. Se garantiza por la ausencia de sesgos estructurales en su diseño. Y esos sesgos están presentes desde el origen mismo de la institución: en quiénes la fundaron, en quiénes la financian, en qué preguntas considera pertinentes y en cuáles no cruzan nunca su umbral de legibilidad.
Lo que el CEP llama neutralidad es, en términos gramscianos, hegemonía consolidada. El punto en que los intereses de una clase han sido tan exitosamente naturalizados que ya no requieren ser defendidos explícitamente porque han pasado a constituir el sentido común. El mercado como organizador natural de la vida social. La deuda pública como problema de gasto y no de recaudación. La inmigración como causa del crimen. La protesta popular como desorden. El Estado como ineficiente por naturaleza. Ninguna de esas premisas es debatida en la encuesta porque ninguna de ellas es reconocida como premisa: son el aire en que respiran las preguntas.
El 83% y el espejo roto
El dato más revelador de la encuesta no es el 83% que prefiere reducir el gasto estatal. Es la contradicción que la misma encuesta registra inmediatamente después: el 41% está en desacuerdo con achicar el gasto público si eso deteriora las prestaciones sociales, y el 49% exige que el gobierno frene el alza de combustibles, aunque eso dañe las finanzas fiscales.
Es decir, cuando la pregunta abstrae el recorte como principio, la mayoría lo aprueba. Cuando la pregunta lo aterriza en sus consecuencias concretas sobre los servicios que las personas usan, la mayoría lo rechaza. Esa escisión no es incoherencia ciudadana: es el efecto de un instrumento que en algunas preguntas ofrece principios y en otras ofrece consecuencias, sin conectar los dos planos. El ciudadano que aprueba en abstracto reducir el Estado y al mismo tiempo rechaza que le recorten la atención de salud no es contradictorio: es una persona a quien se le preguntó dos preguntas distintas diseñadas para no verse obligadas a contestarse mutuamente.
Una encuesta que colocara la pregunta de manera integrada, que preguntara «¿prefiere usted reducir el gasto del Estado en salud y educación para no subir los impuestos a las empresas mineras, o prefiere mantener los servicios cobrando mayores contribuciones a los grupos económicos de mayor renta?», obtendría resultados radicalmente distintos. Esa pregunta nunca ha aparecido en la Encuesta CEP. No por olvido.
Lo que la encuesta sí logra medir sin proponérselo
Hay, sin embargo, una dimensión de la encuesta que merece ser leída como síntoma genuino. El 34% de aprobación de Kast a noventa días, la desconfianza masiva en el cumplimiento de sus promesas (67% entre «poco» y «nada»), la percepción de que no busca acuerdos con la oposición (51%), y el deterioro abrupto de las expectativas económicas, del 15% al 31% de quienes esperan que la situación empeore en doce meses, constituyen señales que el propio instrumento no pudo neutralizar. El gobierno de Kast partió con una aprobación que Piñera en su segundo mandato superó con facilidad, y lo hizo en medio de una caída del PIB en el primer trimestre que coincidió exactamente con el trabajo de campo de la encuesta.
Que la encuesta registre esos datos pese a su diseño es interesante. Sugiere que la eficacia hegemónica del instrumento tiene límites cuando la realidad material se deteriora con suficiente velocidad. Los pueblos pueden hablar durante un tiempo con las categorías del adversario, como señalaba Fanon, pero cuando el precio del pan sube, la abstracción cede.
El desafío político de la izquierda no es ignorar la Encuesta CEP ni negarse a leer sus cifras. Es leerlas con la pregunta correcta siempre activa: ¿qué realidad no midió esto? ¿A quién sirve lo que sí midió? ¿Qué pregunta habría producido resultados que estos señores nunca quisieron conocer?
Esa pregunta ausente es, frecuentemente, la más importante de todas.