La firma del “Plan de Fortalecimiento de Carabineros” del Presidente José Antonio Kast, presentado este viernes como el pago de una “deuda histórica” con la institución policial, no es un acto de justicia social, sino la consolidación de un Estado al servicio del orden de los patrones. La iniciativa, que inyecta más de $126 mil millones en incentivos económicos, modernización de equipos y expansión de la carrera policial, se enmarca en una estrategia de “mano dura” que privilegia la inversión en el aparato represivo por sobre la inversión en salud, educación y vivienda.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana del viernes 24 de julio, el Presidente José Antonio Kast encabezó en la Plaza de la Constitución la firma de las indicaciones al proyecto de ley que busca modernizar el sistema de incentivos y extender la carrera de los futuros ingresos a Carabineros de Chile . En un acto cargado de simbolismo, el Mandatario estuvo acompañado por los ministros de Seguridad, Martín Arrau; de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior, Claudio Alvarado; y el general director de Carabineros, Marcelo Araya . La ceremonia, que incluyó un minuto de silencio por los “mártires” de la institución, fue el escenario perfecto para una declaración de principios: “Chile necesita más carabineros”, sentenció Kast, enmarcando la iniciativa en el contexto del sistema frontal que afecta a diez regiones del país .
El festín de los recursos: $126 mil millones para el orden
El proyecto contempla cinco pilares fundamentales que, en su conjunto, representan una inversión anual permanente de $100.394 millones, más un paquete de equipamiento de $111.783 millones para el período 2027-2031 . La inversión total de la iniciativa asciende a $126 mil millones, con un gasto extra acumulado de **$85 mil millones entre 2028 y 2031 .
Los puntos clave de la reforma son elocuentes:
- Triplicación del estipendio del carabinero alumno: de $70.271 a $246.285 líquidos mensuales, además de que el Estado asumirá el 100% del costo del internado y las pruebas de admisión .
- Nueva estructura de incentivos: la Gratificación Especial de Riesgo elevará su tope del 20% al 100% del sueldo, dependiendo del nivel de criminalidad de cada comuna . Se crea además una Asignación por Eficiencia Institucional del 10% del sueldo base y una Gratificación de Criticidad de hasta 30% .
- Extensión de la carrera funcionaria: el retiro voluntario se amplía de 30 a 35 años de servicio, y el tiempo mínimo para acceder a pensión aumenta de 20 a 23 años .
- Más funcionarios en labores operativas: la incorporación de personal civil para funciones administrativas liberará a cerca de 1.148 carabineros para tareas de patrullaje .
- Modernización del equipamiento: más de 20.000 chalecos antibalas, 4.300 cámaras corporales y 17.758 dispositivos móviles, entre otros .
La farsa de la “deuda histórica”
El discurso del gobierno ha sido cuidadosamente elaborado para legitimar esta transferencia de recursos. Kast insistió en que “no venimos a plantear un bono, venimos a saldar una deuda” . El ministro Arrau, por su parte, señaló que “no queremos solamente más carabineros. Los queremos mejor preparados, mejor equipados y mejor protegidos” . Pero la “deuda” que el gobierno dice saldar no es con los funcionarios policiales, sino con la lógica de clase que requiere un aparato represivo fuerte para garantizar el orden de los capitales.
Mientras el gobierno destina $126 mil millones a fortalecer a Carabineros, la misma administración ha recortado **$413 mil millones** del presupuesto de Salud, más de $200 mil millones** de los subsidios habitacionales y **$32.721 millones del Ministerio de Desarrollo Social. La contradicción es brutal: hay recursos para blindar a la policía, pero no para garantizar atención médica digna, vivienda o programas de infancia y juventud. La “austeridad” que predica la derecha es, como siempre, selectiva: se aplica con rigor a los servicios públicos que benefician a la clase trabajadora, y se desvanece cuando se trata de los intereses del capital.
La función de clase del fortalecimiento policial
Desde una perspectiva marxista, el Plan de Fortalecimiento de Carabineros no es una medida de seguridad ciudadana, sino un instrumento de disciplinamiento de clase. La historia de Carabineros en Chile es la historia de un cuerpo armado al servicio de los intereses de la burguesía. Desde la dictadura hasta el estallido social, la institución ha actuado como el brazo ejecutor de la violencia de Estado, reprimiendo las protestas populares y protegiendo los privilegios de los grupos económicos.
El proyecto de Kast no solo fortalece el poder de fuego y la presencia territorial de Carabineros, sino que también blinda jurídicamente a la institución. El ministro Arrau fue explícito al pedir “resguardar la ley Naín-Retamal frente a algunos que quieren desproteger a nuestras policías” . Es decir, el gobierno no solo invierte en más recursos para la policía, sino que también busca garantizar la impunidad de sus agentes cuando utilicen la fuerza letal contra la población.
La Ley Naín-Retamal, que establece una presunción de legítima defensa para los uniformados, es el marco legal que permite que los crímenes de lesa humanidad cometidos por Carabineros queden impunes. Al blindar esta ley, el gobierno de Kast está enviando un mensaje claro a la ciudadanía: la vida de los manifestantes, de los pobladores, de los jóvenes de los barrios populares, vale menos que la de los agentes del Estado. La seguridad que ofrece este gobierno no es la seguridad de los de abajo, sino la seguridad de los patrones.
La hipocresía de la “seguridad ciudadana”
El gobierno de Kast ha utilizado el contexto del sistema frontal que afecta a diez regiones del país para justificar el fortalecimiento de Carabineros. Kast destacó que, durante la emergencia, “la seguridad del país nunca estuvo en duda” gracias a la labor de la policía . Pero lo que el discurso oficial oculta es que Carabineros ha sido históricamente ineficaz para garantizar la seguridad de la clase trabajadora. Los barrios populares siguen siendo los principales escenarios de la violencia y el abandono estatal, mientras las comunas ricas se blindan con seguridad privada.
El ministro Arrau afirmó que el proyecto busca “revertir la caída de la dotación de Carabineros” . La dotación de Orden y Seguridad pasó de 43.941 funcionarios en 2020 a 38.134 en 2025 . El gobierno proyecta aumentar la capacidad de egreso a 963 funcionarios en 2026, 1.550 en 2027 y 2.300 en 2028 . Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es: ¿para qué sirven más carabineros en las calles si no se abordan las causas estructurales de la violencia? La respuesta es evidente: no sirven para proteger a la ciudadanía, sino para reprimir a los que se atrevan a desafiar el orden establecido.
Epílogo: el blindaje del capital
El Plan de Fortalecimiento de Carabineros es la confirmación de que el gobierno de Kast actúa como el comité de administración de los intereses del gran capital. La inversión millonaria en el aparato represivo, el blindaje jurídico de la institución y la criminalización de la protesta social son las herramientas mediante las cuales la derecha chilena busca garantizar la estabilidad de un modelo económico que beneficia a una minoría a costa de la mayoría.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “deuda histórica”. La deuda que el gobierno de Kast está saldando no es con Carabineros, sino con el capital. Es la deuda de un modelo que necesita un Estado fuerte para reprimir las inevitables protestas que su propio modelo de acumulación generará. Mientras los recursos se destinan a blindar a la policía, los hospitales siguen colapsados, las listas de espera se alargan y los jóvenes de los barrios populares siguen sin futuro. La seguridad que ofrece este gobierno no es la seguridad de los de abajo, sino la seguridad de los de arriba.