Estados Unidos impuso a Chile un arancel del 12,5% sobre un 40% de sus exportaciones, justificado en una farsa sobre “trabajo forzoso” que ni siquiera la propia investigación de Washington se atrevió a sostener. La medida, que golpea industrias intensivas en mano de obra como el salmón, el vino y la fruta, es la nueva arista de una guerra comercial global que busca recomponer la hegemonía del imperio y someter a sus socios menores. Mientras la cancillería chilena se ufana de haber “visto venir” el golpe y anuncia tímidas gestiones para mitigarlo, la oposición denuncia el fracaso de una política exterior que, bajo el gobierno de Kast, ha subordinado los intereses de la clase trabajadora a los designios de Washington. La clase obrera chilena, una vez más, paga el costo de un gobierno que prefiere la sumisión al imperio antes que la defensa de la soberanía nacional.
La farsa del “trabajo forzoso”: un pretexto para el saqueo
Este viernes 24 de julio, mientras el sol se ponía sobre el estrecho de Magallanes, la maquinaria del imperio daba un nuevo golpe sobre la mesa. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) confirmó la aplicación de un arancel del 12,5% a las exportaciones chilenas, en el marco de una investigación que abarcó a 60 países, los cuales representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses.
El argumento es tan endeble como funcional. Washington acusa a Chile de no haber adoptado medidas para impedir la importación de productos elaborados con “trabajo forzoso”. La propia Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) ha señalado que la resolución “no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso, ni tampoco identifica productos chilenos específicos bajo esta condición” . La mentira es tan burda que ni siquiera sus autores se atreven a sostenerla.
La diferencia entre un arancel del 10% y del 12,5% radica, según la propia USTR, en que Chile no cuenta con una ley específica que prohíba la importación de bienes elaborados con mano de obra forzosa. Países como Argentina, que firmó acuerdos comerciales con Washington, o Canadá y México, que ya contaban con mecanismos legales, quedaron con una tasa menor. La lección es clara: el imperio castiga a quienes no se pliegan a sus demandas y recompensa a quienes aceptan su tutela.
El golpe al bolsillo de los trabajadores: salmón, vino y fruta en la mira
El arancel no es un castigo abstracto. Golpea directamente a las industrias que sostienen el empleo en las regiones. La sobretasa del 12,5% recaerá sobre el salmón, las uvas, los arándanos, los vinos y las manufacturas de madera, sectores intensivos en mano de obra y fundamentales para la economía regional. El salmón, cuyo principal destino es el mercado estadounidense, con exportaciones que superaron los 2.000 millones de dólares en 2025, será uno de los más afectados [7†L28-L29].
El gobierno de Kast, que ha hecho de la sumisión a Washington su principal bandera, no logró evitar el golpe. La cancillería chilena admite que “veía venir” la medida, pero se limitó a una estrategia defensiva basada en argumentos técnicos y jurídicos, sin presentar una iniciativa legislativa que permitiera acceder a la tasa menor ]. Mientras Argentina asumía compromisos comerciales para quedar exenta, Chile permanecía pasivo, confiando en una “relación estratégica” que el imperio no dudó en sacrificar.
La oposición ha sido lapidaria. El diputado Gonzalo Winter (FA) ironizó: “El canciller volvió de Estados Unidos celebrando que lo habían tratado con ‘afecto’ y que nos consideraban un ‘socio estratégico’. Hoy ese socio estratégico nos sube los aranceles al 12,5%” . La burla es la expresión de una verdad incómoda: la política exterior del gobierno de Kast, basada en la sumisión a Washington, ha fracasado estrepitosamente.
La exclusión del cobre: la hipocresía del imperio y la sumisión de los patrones
El arancel no es universal. El 53,5% de los productos chilenos quedaron exentos, incluyendo el cobre refinado, el litio y la celulosa. La razón es tan cínica como reveladora: Estados Unidos no produce cobre en volúmenes suficientes y necesita asegurar el suministro de este mineral estratégico. El imperio castiga a Chile en los sectores donde puede prescindir de sus productos, y lo exonera donde su dependencia es mayor. La lógica es brutal: el saqueo de los recursos estratégicos se mantiene, mientras las industrias que generan empleo para la clase trabajadora son sacrificadas en el altar de la guerra comercial.
El gobierno de Kast, lejos de denunciar esta lógica, celebra la exclusión del cobre como un triunfo, olvidando que el 46,6% restante de las exportaciones —que incluyen los productos que generan empleo en las regiones— quedan condenados a un arancel que los hace menos competitivos. La clase trabajadora del salmón, de la uva, del vino y de la madera pagará el costo de una política exterior que privilegia los intereses de la gran minería por sobre el empleo de las regiones.
Epílogo: la deuda del imperio con los trabajadores chilenos
El arancel del 12,5% es un recordatorio de que el imperio no tiene amigos, solo intereses. La “relación estratégica” que el gobierno de Kast pregonaba no es más que una ilusión que el capitalismo estadounidense se encarga de desmentir cada vez que sus intereses lo exigen. La clase trabajadora chilena, que produce el salmón, la uva, el vino y la madera que el imperio ahora castiga, es la principal víctima de esta política de sumisión.
La respuesta del gobierno, reducida a gestiones diplomáticas y declaraciones de “desacuerdo”, es la confirmación de su incapacidad para defender los intereses nacionales. La oposición, por su parte, tiene la oportunidad de construir una alternativa que ponga los intereses de la clase trabajadora por encima de los designios de Washington.
La guerra comercial de Trump no es un accidente, sino la expresión de la crisis de hegemonía del imperialismo estadounidense. La clase trabajadora chilena debe entender que su enemigo no está solo en el extranjero, sino también en un gobierno que prefiere la sumisión al imperio antes que la defensa de la soberanía nacional. El arancel del 12,5% es un recordatorio de que la lucha por la justicia social es también una lucha por la independencia económica y la dignidad nacional.
