La jueza Silvana Donoso, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso —tribunal que acogió el amparo para limitar la revisión de los dispositivos de la senadora—, es hermana del abogado Samuel Donoso, defensor de Camila Flores en la misma causa por fraude al fisco. La coincidencia no es un dato menor: es la prueba de que el Poder Judicial chileno opera como un aparato al servicio de la clase dominante, donde los lazos de sangre y los intereses de casta pesan más que la imparcialidad que el sistema proclama.
Por Equipo El Despertar
Cuando la defensa de la senadora Camila Flores presentó un recurso de amparo para impedir que la Fiscalía revisara sin límites los dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación por fraude al fisco —el caso conocido como “Cuota Flores”—, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió parcialmente la petición y estableció una serie de restricciones al Ministerio Público: informar qué funcionarios accederían a los equipos, comunicar los descriptores de búsqueda, excluir información anterior a la primera elección de la parlamentaria y eliminar las copias extraídas fuera de los límites fijados. La decisión fue celebrada por la defensa como una victoria. Lo que los medios hegemónicos omitieron —o mencionaron al pasar, como una nota al pie sin consecuencias— es que el tribunal que adoptó esa resolución está presidido por Silvana Donoso, media hermana de Samuel Donoso, uno de los abogados que patrocina precisamente ese recurso de amparo.
La relación no es un rumor: está documentada. Samuel Donoso, penalista que ha representado a Sebastián Piñera, a Manuel José Ossandón y ahora a Camila Flores, es hermano de la jueza Silvana Donoso, quien desde marzo de 2026 preside la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La defensa de Flores está encabezada por Samuel Donoso y Luis Masferrer, quienes patrocinaron conjuntamente el recurso que buscaba impedir que la Fiscalía revisara incluso una libreta personal que, según ellos, pertenecía a la hija menor de edad de la senadora. La Segunda Sala del tribunal de alzada —integrada por las ministras Nancy Bluck y Carolina Figueroa, junto al abogado integrante Felipe Caballero— acogió de manera unánime el amparo. Pero la presidencia de la Corte, el tribunal en su conjunto, está en manos de la hermana del defensor.
En términos marxistas, esto no es una anomalía: es la regla. El Estado burgués no es un árbitro neutral por encima de las clases, sino un instrumento de dominación de clase. El Poder Judicial, como parte de ese Estado, no aplica la ley de manera imparcial: la aplica de acuerdo con los intereses de quienes detentan el poder económico y político. La relación Donoso–Donoso es la materialización de esa lógica. No se trata de una simple “coincidencia familiar” que los defensores del sistema se apresurarán a calificar de irrelevante. Se trata de la estructura misma del poder judicial chileno, donde las élites jurídicas se reproducen en redes familiares que garantizan la impunidad de sus pares. La jueza Donoso preside el tribunal que resolvió a favor del recurso presentado por su hermano. El abogado Donoso defiende a una senadora investigada por fraude al fisco. La senadora Flores es miembro de Renovación Nacional, partido que ha sido históricamente el vehículo político de los sectores empresariales y de la derecha económica. El círculo se cierra: poder político, poder económico y poder judicial entrelazados por lazos de sangre y de clase.
La narrativa hegemónica presentará la decisión de la Corte como un “resguardo de garantías procesales”, una “protección de la privacidad” frente a los excesos de la Fiscalía. Es el lenguaje con el que el sistema judicial encubre su función real: proteger a los poderosos de la investigación que podría exponer sus delitos. Cuando la Corte ordena “excluir información anterior a la primera elección” de Flores o “eliminar copias extraídas fuera de los límites”, no está defendiendo derechos universales: está trazando un perímetro de impunidad alrededor de una parlamentaria acusada de exigir a sus asesores que entregaran parte de sus remuneraciones financiadas con recursos públicos. La “privacidad” que se protege no es la de cualquier ciudadano —cuyos dispositivos la Fiscalía puede revisar sin tantos miramientos—, sino la de una figura política que pertenece a la misma red de poder que quienes la juzgan.
Marx lo advirtió con claridad: el derecho es la voluntad de la clase dominante elevada a ley. Las garantías procesales, los recursos de amparo, las acotaciones a la actuación fiscal no son mecanismos neutrales de justicia: son herramientas que las clases dominantes utilizan para protegerse cuando sus miembros son investigados. La clase trabajadora no tiene acceso a abogados como Samuel Donoso, ni a tribunales presididos por sus familiares. Los trabajadores despedidos de ABC–La Polar, los cesantes del retail, los inquilinos desalojados no cuentan con una red familiar en la cúpula del Poder Judicial que les garantice una “acotación” de las diligencias en su contra. La justicia, en el capitalismo, es un servicio de lujo.
El caso de Camila Flores no es una excepción. Es la norma. Es el funcionamiento cotidiano de un sistema judicial que se presenta como imparcial mientras reproduce las jerarquías de clase. La relación entre el abogado Donoso y la jueza Donoso no es un escándalo que deba sorprendernos: es la confirmación de que el Poder Judicial chileno no es un poder separado, sino una extensión de la clase dominante. La pregunta no es si hubo tráfico de influencias —probablemente no lo hubo en el sentido penal del término—, sino si el sistema está diseñado para que esas influencias no necesiten ser “traficadas”: están incorporadas en la estructura misma. La hermana preside. El hermano defiende. La senadora se protege. Y la Fiscalía, ese organismo que la narrativa oficial presenta como el guardián de la legalidad, se ve obligada a acatar los límites que le impone un tribunal atravesado por los lazos de sangre de la defensa.
La clase trabajadora no necesita que le expliquen esta trama con eufemismos. Sabe, por experiencia propia, que la justicia no es igual para todos. Sabe que los poderosos tienen abogados, contactos y familiares en los lugares donde se toman las decisiones. Lo que este caso revela no es una anomalía moral, sino una verdad estructural: en el capitalismo, el Estado —incluido el Poder Judicial— no está por encima de las clases, sino al servicio de una de ellas. La relación Donoso–Donoso es la prueba. Y la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, protegida por esa relación, es el resultado.