El IPoM de septiembre proyecta un crecimiento de apenas 0,25%-0,75% para 2026 y condiciona cualquier recuperación a una “Ley de Reconstrucción” que beneficia al gran capital. La presidenta del instituto emisor admite que “no puede descartarse que su debilidad sea más persistente que lo previsto”. Mientras tanto, casi un millón de personas buscan trabajo sin encontrarlo y la deuda de los hogares supera el 78% del ingreso disponible.
Por Equipo El Despertar
El Banco Central de Chile publicó su Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2026 y el diagnóstico es inequívoco: la economía chilena se ha debilitado en el transcurso del año. El instituto emisor recortó su proyección de crecimiento del PIB para 2026 desde el rango de 1,0%-1,75% previsto en junio hasta un magro 0,25%-0,75%. Las razones esgrimidas son múltiples: factores de oferta en el primer trimestre, una desaceleración de la demanda interna a partir del segundo, el deterioro del mercado laboral, el alza de los combustibles y las adversas condiciones climáticas. Pero ninguna de estas explicaciones aborda la causa estructural de fondo: un modelo de acumulación capitalista que ha agotado su capacidad de generar crecimiento inclusivo y que descarga sistemáticamente los costos de sus crisis sobre la clase trabajadora.
La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, ha sido explícita en su cautela. Durante su participación en el Chile Day en Madrid, señaló que “si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente que lo previsto”. Costa también insistió en que “siguen presentes riesgos asociados al conflicto de Medio Oriente” y que “los riesgos geopolíticos son importantes y podrían provocar nuevos episodios de volatilidad financiera”. Es la confesión de una incapacidad: el Banco Central, ese organismo que la ortodoxia económica presenta como garante de la estabilidad, admite que no tiene herramientas para asegurar una recuperación sólida. Su única apuesta es la “Ley de Reconstrucción”, una megarreforma que, según sus propias proyecciones, aportaría “en torno a 0,5 puntos porcentuales de mayor crecimiento anual en 2027 y 2028”. Medio punto. Eso es todo lo que el gran capital está dispuesto a ofrecer.
La proyección oficial para 2027 es de un crecimiento de entre 2% y 3%, y para 2028 de entre 2,25% y 3,25%. Estas cifras, presentadas como “recuperación”, son en realidad la constatación de un estancamiento estructural. Durante décadas, la economía chilena creció a tasas que duplicaban o triplicaban estos números. Lo que el Banco Central proyecta no es una reactivación: es la normalización de la mediocridad. Y esa mediocridad tiene un costo humano que las estadísticas macroeconómicas ocultan. La tasa de desocupación se mantiene en 9,5%, con casi un millón de personas buscando trabajo sin encontrarlo. La desocupación femenina alcanza el 10,5%, y la informalidad laboral femenina llega al 27,9%. No es una crisis pasajera: es la configuración de un ejército industrial de reserva permanente que presiona a la baja los salarios y disciplina a la clase trabajadora.
La explicación oficial del desempleo recurre a la “rigidez laboral” y a los “costos de contratación”. El propio IPoM señala que el “débil desempeño” del mercado laboral se explica por el “importante incremento de los costos laborales durante los últimos años” y por “el rol del proceso de automatización, mediado por la alta exposición de ciertas ocupaciones a estos cambios y una reducción en el costo relativo de la tecnología respecto del trabajo”. Traducido al lenguaje de la economía política marxista: el capital está sustituyendo trabajo vivo por capital constante, elevando la composición orgánica del capital y generando una masa creciente de desocupados. No es un accidente ni una disfunción: es la lógica misma de la acumulación capitalista. La automatización no es un fenómeno neutral; es una estrategia del capital para incrementar la tasa de explotación, reduciendo la dependencia de la fuerza de trabajo y disciplinando a quienes aún tienen empleo.
Mientras la clase trabajadora enfrenta este panorama, los consejeros del Banco Central se han otorgado un reajuste salarial del 14,4%. La presidenta Rosanna Costa percibirá $21.098.704 brutos mensuales, el vicepresidente $18.754.403 y los demás consejeros $17.582.253. Este incremento contrasta brutalmente con la evolución de las remuneraciones de la clase trabajadora. Según datos del propio Banco Central, la deuda de los hogares alcanzó el 78% del ingreso disponible en el primer trimestre de 2026. Más de 4 millones de personas registran deudas morosas, con un promedio de $2,51 millones por deudor. El 53,2% de los encuestados declara tener alguna deuda en mora, frente al 44,8% de la medición anterior. La crisis no es de “confianza” ni de “expectativas”: es una crisis de reproducción de la fuerza de trabajo.
La “Ley de Reconstrucción” que el Banco Central presenta como salvación merece un análisis de clase. Se trata de una reforma tributaria que reduce gradualmente el Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% entre los años comerciales 2026 y 2029, y que elimina el impuesto único del 10% sobre ganancias de capital en la enajenación de valores. Es decir: menos impuestos para el capital, más incentivos para la especulación financiera. La “reconstrucción” que se promete no es la de las viviendas destruidas por las catástrofes naturales ni la de los empleos perdidos: es la reconstrucción de la tasa de ganancia del gran empresariado, financiada con el sacrificio de la clase trabajadora. El propio Banco Central admite que “su proceso de implementación podría llevar a un impulso macroeconómico distinto del previsto”, una manera elegante de decir que no tiene garantía alguna de que la inversión privada responda.
La independencia del Banco Central, ese dogma que la ortodoxia presenta como garantía de “neutralidad técnica”, es en realidad la garantía de que la política monetaria responda a los intereses del capital financiero y no a las necesidades de la mayoría. Como señalan las investigaciones sobre la economía política del crédito en Chile, el Banco Central ha sido históricamente un espacio de disputa entre los intereses del capital monopolista y los intentos de control público. Durante la Unidad Popular, el intento de transformar las fuentes de creación monetaria para orientarlas hacia el desarrollo nacional recibió una “intensa oposición que puso a prueba los límites de la legalidad”. Hoy, esa oposición se expresa en la autonomía del instituto emisor, que le permite fijar tasas de interés y regular el crédito sin rendir cuentas ante la soberanía popular. La TPM se mantiene en 4,5%, una tasa que encarece el crédito para las pymes y las familias mientras protege los márgenes del sector financiero.
El enfoque marxista nos permite ver lo que las narrativas hegemónicas ocultan: que la crisis económica chilena no es un problema de “confianza” ni de “shocks externos”, sino la manifestación de las contradicciones inherentes al capitalismo dependiente y financiarizado. La economía chilena, con casi el 80% de su propiedad bajo control del gran capital privado y con los bancos transnacionales determinando “la lógica de la macroeconomía”, no puede ofrecer un crecimiento sostenido porque su motor no es la satisfacción de las necesidades sociales, sino la valorización del capital. Cuando la tasa de ganancia se estanca, el capital no invierte: especula, fuga, presiona por más flexibilización laboral y más exenciones tributarias. Y mientras tanto, la clase trabajadora paga la factura con desempleo, endeudamiento y precariedad.
La “reactivación” que el Banco Central proyecta para 2027 no es una promesa: es una hipótesis condicionada a que el gran capital decida invertir. Y el gran capital no invierte porque no le conviene, no porque le falte “confianza”. La única manera de asegurar una recuperación real, una que beneficie a la mayoría y no a una minoría, es romper con la lógica de la acumulación privada y subordinar la política económica a las necesidades de la clase trabajadora. Eso significa recuperar el control público sobre el crédito, orientar la inversión hacia sectores estratégicos, garantizar empleos dignos y desmantelar el poder de los bancos transnacionales. El Banco Central no va a hacer eso. No puede, porque su función no es servir al pueblo, sino preservar la estabilidad del capital. La reactivación que no llega no es un fracaso técnico: es el resultado previsible de un sistema que prioriza la ganancia sobre la vida.