Este domingo, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió hasta el martes la detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, acusado de un presunto delito sexual. Horas antes, el mismo gobierno que hizo de los tests de drogas una bandera de “probidad” se veía obligado a aceptar la renuncia de su subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un examen de sustancias ilícitas. La coincidencia no es casual: la derecha chilena, que construyó su capital político sobre la promesa de “mano dura” y “transparencia”, se desangra en escándalos que revelan la doble moral de un sistema que exige pureza para los de abajo y complicidad para los suyos. La clase trabajadora asiste, una vez más, al espectáculo de una clase política que se aplica a sí misma una vara distinta, mientras los sectores populares son criminalizados con todo el peso de la ley.
Por Equipo El Despertar
Punta Arenas / Santiago de Chile. El fin de semana dejó una estela de escándalos que ha puesto en jaque la narrativa de “probidad” del gobierno de José Antonio Kast. Mientras el país observaba con estupor la detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, acusado de un presunto delito sexual, el Ejecutivo confirmaba que el número de autoridades que han dejado sus cargos en poco más de cuatro meses asciende ya a 32. La ola de renuncias y desvinculaciones, que incluye a ministros, subsecretarios y seremis, ha golpeado la imagen de una administración que llegó al poder prometiendo “mano dura” contra la corrupción y la “infiltración del narcotráfico”.
El caso de Barrientos es el más reciente y el más grave. El sábado 25 de julio, el Ministerio de Salud solicitó la renuncia inmediata del entonces seremi de Salud de Magallanes tras conocerse una investigación judicial en su contra por un delito de connotación sexual. Horas después, personal de Carabineros procedió a su detención. Este domingo, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió su arresto hasta el martes 28 de julio, fecha en que se llevará a cabo la audiencia de formalización. La fiscal Johanna Irribarra explicó que la solicitud de ampliación se debe a que aún se encuentran realizando diversas diligencias y peritajes para esclarecer la dinámica de los hechos. Según los antecedentes revelados, el presunto delito se habría producido cuando Barrientos contrató un servicio de escort, el cual habría terminado con una agresión por parte del imputado. La defensa, por su parte, niega los cargos y sostiene que el conflicto ocurrió por un tema de dinero.
El carrusel de las renuncias: 32 autoridades en cuatro meses
El caso de Barrientos no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una crisis de legitimidad que carcome al gobierno de Kast desde sus primeros días. La remoción del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, elevó a 32 el número de autoridades que han salido del Ejecutivo en poco más de cuatro meses de gestión. La salida de Rodríguez, confirmada este jueves, se produjo tras un resultado positivo en la primera muestra de un test de drogas realizado en junio. El propio Rodríguez negó el consumo y calificó el resultado como “un error”, mientras el gobierno se aferraba a la expectativa de la contramuestra.
Las desvinculaciones han alcanzado todos los niveles del Estado. En mayo, la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la exvocera de gobierno, Mara Sedini, fueron removidas tras una gestión marcada por críticas y controversias [9†L20-L23]. En junio, tras la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad, también fueron removidos el exsubsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Un mes antes, el exsubsecretario de Ciencia, Rafael Araos, había renunciado por desencuentros con la ministra de la cartera. La lista incluye además a 25 secretarios regionales ministeriales en distintas regiones del país.
La doble moral de la “mano dura”: la prueba de pureza como arma de clase
La coincidencia de estos escándalos no es casualidad. El gobierno de Kast ha hecho de los tests de drogas una bandera de “transparencia” y “probidad”, exigiendo a todos los funcionarios públicos someterse a exámenes periódicos. El propio Presidente se sometió a un test en abril, en un acto publicitado como una señal de “compromiso” con la lucha contra el narcotráfico . Pero lo que la derecha presenta como una cruzada contra el consumo de drogas es, en realidad, un mecanismo de disciplinamiento de clase. Los tests de drogas se aplican con rigor a los funcionarios de base, a los trabajadores de la salud, a los jóvenes de los barrios populares. La “mano dura” contra las drogas no es una política de salud pública; es una política de persecución y control social.
La hipocresía es monumental. Mientras el gobierno exige tests de drogas para todos los funcionarios, sus propias filas son sacudidas por escándalos que revelan la podredumbre del sistema. Un exseremi de Salud es detenido por un presunto delito sexual, un subsecretario de Hacienda renuncia tras dar positivo en un test de drogas, y la lista de autoridades removidas no deja de crecer. La derecha chilena, que se llena la boca con discursos de “mano dura” contra el narcotráfico y exige leyes más severas contra los que delinquen, es la misma que protege a los suyos cuando el problema toca la puerta de sus oficinas.
La función de clase del escándalo
Desde una perspectiva marxista, estos escándalos no son anomalías del sistema, sino su expresión más pura. El gobierno de Kast, como todo gobierno burgués, utiliza el aparato represivo y disciplinario para controlar a los de abajo, mientras blinda a los de arriba. Los tests de drogas son un instrumento de dominación que se aplica con saña a los sectores populares y con benevolencia a las élites. La misma clase política que exige pureza para los pobres es la que permite que sus propios funcionarios cometan delitos con total impunidad.
El caso de Barrientos es un ejemplo perfecto de esta lógica. El exseremi, que ocupaba un cargo de alta responsabilidad en el sistema de salud pública, es detenido por un delito sexual. La Fiscalía solicitó la ampliación de su detención, y el caso sigue su curso. Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es: ¿por qué este caso es la excepción y no la regla? ¿Cuántos funcionarios de alto rango han cometido delitos similares sin que nadie los investigue? La respuesta es evidente: el sistema de justicia penal está diseñado para perseguir a los débiles y proteger a los poderosos.
Epílogo: la máscara de la probidad
La detención del exseremi de Magallanes y la ola de renuncias en el gobierno de Kast son la confirmación de que la “probidad” que pregona la derecha es una máscara que se usa para ocultar la podredumbre del sistema. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura”. Mientras los jóvenes de los barrios populares son criminalizados por consumo de drogas, los subsecretarios de Hacienda son removidos tras dar positivo en un test que ellos mismos impusieron. Mientras los funcionarios de base son perseguidos por faltas menores, los exseremis de Salud son detenidos por delitos sexuales. Esa es la doble moral de la derecha chilena. Y esa doble moral es la esencia de un sistema que protege a los de arriba y criminaliza a los de abajo.