El Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la defensa del ex fiscal Manuel Guerra negocian a espaldas de la ciudadanía un procedimiento abreviado que permitiría al exjefe de la Fiscalía Oriente ser condenado a una pena remitida de cinco años en libertad, evitando así la cárcel por delitos que, en un juicio oral, podrían significarle más de una década de presidio. El abogado querellante Mauricio Daza denunció que el pacto se ha cocinado en la más absoluta opacidad y que su contenido es “inexplicable”, advirtiendo que la estrategia busca cerrar la causa “con una condena en libertad”, dejando la investigación sin otros imputados. La jugada, que ha sido rechazada por los querellantes y solo fue frenada temporalmente por el tribunal, apunta a sepultar la investigación sobre el rol de Andrés Chadwick en la trama de corrupción que el propio juez Guillermo Rodríguez calificó como una “estructura triangular” entre Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del miércoles 15 de julio, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se convirtió en el escenario de una maniobra que podría sepultar una de las investigaciones de corrupción más relevantes de los últimos años. El exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, enfrenta cargos por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos. Sin embargo, en lugar de avanzar hacia un juicio oral que podría significarle más de diez años de cárcel, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han sellado un acuerdo a puertas cerradas con su defensa para aplicar un procedimiento abreviado.
El abogado querellante Mauricio Daza ha sido la voz más crítica de este pacto de impunidad. “Creo que ya nuestro país no aguanta otro episodio de impunidad grotesca, como la que sucedió en SQM y en Penta”, aseveró. Daza denunció que la Fiscalía no hizo “ningún esfuerzo mayor” para argumentar su posición, limitándose a decir: “mire, tenemos un acuerdo y se acabó”. El problema, explicó, es que la resolución que decretó la prisión preventiva de Guerra había proyectado una pena de más de diez años para el exfiscal. El acuerdo, en cambio, lo condenaría a una pena remitida de cinco años que cumpliría en libertad. El trato, que fue rechazado por los querellantes y solo frenado temporalmente por el tribunal, ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y su verdadera voluntad de perseguir la corrupción de cuello y corbata.
El rol de Chadwick: la “estructura triangular” que el acuerdo quiere enterrar
El exministro del Interior, Andrés Chadwick, ha sido señalado por el juez Guillermo Rodríguez como una pieza angular de la trama. En su resolución, el magistrado mencionó 24 veces a Chadwick y sostuvo que el exfiscal Guerra gestionó con Hermosilla y Chadwick su contratación en la Universidad San Sebastián, lo que a su juicio “constituye la materialización concreta del acuerdo ilícito de largo plazo, la liquidación del crédito corruptivo acumulado durante 5 años”.
El juez fue más allá al describir la existencia de una “estructura que podríamos denominar triangular entre Guerra, Hermosilla, Chadwick”. Según el tribunal, las conversaciones acreditan que la información se entregaba a Hermosilla con la expectativa explícita de que fuera transmitida a Chadwick. “Esta estructura demuestra que el objetivo de las infracciones era el posicionamiento del imputado ante un sector político que podía favorecerle laboralmente”, señaló Rodríguez.
La declaración de Guerra ante la Fiscalía el 7 de julio no hizo más que reforzar las sospechas sobre el rol de Chadwick. El exfiscal reconoció que sostuvo una reunión a solas con el expresidente Sebastián Piñera en la casa de Chadwick el 9 de enero de 2020, contradiciendo la versión del propio exministro, quien había negado ante la Fiscalía la existencia de ese encuentro. Guerra admitió una amistad con el abogado Luis Hermosilla, pero buscó separar ese vínculo de su relación con Chadwick, sosteniendo que con el exministro tuvo una relación meramente profesional y negando que este le hubiera dado instrucciones.
El silencio cómplice de la institucionalidad
El acuerdo entre la Fiscalía, el CDE y la defensa de Guerra no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga tradición de impunidad de las élites políticas y económicas en Chile. El mismo sistema judicial que persigue con saña a los manifestantes, a los jóvenes de los barrios populares y a los dirigentes sociales, aplica una vara distinta cuando se trata de proteger a los poderosos. El procedimiento abreviado, que permitiría a Guerra cumplir su condena en libertad, es la confirmación de que la justicia en Chile no es un ente neutral, sino un instrumento de dominación de clase.
El abogado Mauricio Daza fue categórico al advertir que el acuerdo podría cerrar la investigación sin que otros imputados sean formalizados. La pregunta es inevitable: ¿por qué la Fiscalía y el CDE están tan interesados en cerrar la causa de manera expeditiva, sin investigar a fondo el rol de Chadwick y de otros actores políticos? La respuesta es evidente: el sistema de justicia penal está diseñado para proteger a los poderosos y castigar a los débiles.
La función de clase del lawfare invertido
Desde una perspectiva marxista, el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Guerra es la expresión más acabada de la función de clase del Estado. Mientras el aparato represivo se ensaña con los sectores populares, el sistema judicial aplica una vara distinta cuando se trata de proteger a los suyos. La “estructura triangular” que el juez Rodríguez describió con tanta claridad no es una anomalía del sistema, sino su característica central: una red de poder que conecta el mundo político, el mundo judicial y el mundo empresarial, diseñada para garantizar la impunidad de quienes realmente detentan el poder.
El procedimiento abreviado que se negocia a puertas cerradas no es un acto de justicia, sino un acto de blindaje. Al permitir que Guerra cumpla su condena en libertad, la Fiscalía y el CDE están enviando un mensaje claro: la corrupción de cuello y corbata se paga con penas simbólicas, mientras los delitos de los pobres se castigan con todo el peso de la ley. La clase trabajadora no debe dejar que este pacto de impunidad pase desapercibido. La lucha por la justicia no es solo la lucha por castigar a los culpables, sino la lucha por construir un sistema judicial que no sea un instrumento de dominación de clase.