Mientras la naturaleza descarga su furia sobre el territorio, el sistema educativo chileno, como un espejo de la sociedad que lo engendra, exhibe sus fisuras más profundas: escuelas con goteras, patios anegados, techos que se derrumban y una burocracia que llega siempre “tarde y mal”. El temporal que ha forzado la suspensión de clases en nueve regiones y en decenas de comunas es la puesta en escena de una contradicción fundamental: la que existe entre la riqueza acumulada por el capital y la miseria de la infraestructura pública. Mientras los colegios de los barrios populares se inundan y sus estudiantes pierden días de clase, las élites se refugian en sus condominios blindados, ajenas al drama cotidiano de una educación que el Estado abandona sistemáticamente.
Por Equipo El Despertar
“El Gobierno está llegando tarde y está llegando mal a enfrentar esta catástrofe, al menos en el sistema escolar”, sentenció el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en una crítica que no es un exabrupto, sino el diagnóstico de una gestión que prioriza la retórica de la “normalidad” sobre la seguridad de los niños y trabajadores de la educación. La suspensión de clases, que debió ser inmediata ante la magnitud del temporal, se tomó “con un retraso innecesario”, dejando a estudiantes y docentes expuestos a patios inundados, filtraciones de agua en las salas de clases y un clima que ya impedía “el desarrollo normal de la jornada académica desde temprano en la mañana”.
La arquitectura de la desigualdad: escuelas que se derrumban bajo el peso del abandono
Detrás de la suspensión de clases no hay solo un problema meteorológico; hay un problema de clase. La infraestructura escolar, que debiera ser el pilar de la igualdad de oportunidades, se ha convertido en el termómetro de la desigualdad. Las escuelas públicas, construidas con materiales precarios y mantenidas con presupuestos insuficientes, son las primeras en ceder ante el embate de la lluvia, mientras que los colegios privados, con sus instalaciones blindadas, permanecen a salvo.
Como escribió Friedrich Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra, “la vivienda de los obreros es, en la mayoría de los casos, el primer síntoma de su miseria”. Hoy, esa misma lógica se aplica a las escuelas de los hijos de los trabajadores: son el espejo de un Estado que, bajo el gobierno de José Antonio Kast, ha recortado el presupuesto educativo mientras financia rebajas tributarias para las grandes empresas. La “catástrofe” que hoy paraliza el sistema escolar no es un fenómeno natural, sino un fenómeno social: es la cosecha de años de desinversión y abandono.
La burocracia como muro: el Estado que “centraliza” el abandono
El Colegio de Profesores ha denunciado un problema de “excesiva centralización” en el Palacio de La Moneda. Las decisiones sobre la suspensión de clases se toman en oficinas alejadas de la realidad territorial, sin dimensionar el estado crítico de las escuelas afectadas por el agua. Esa centralización no es un accidente; es la manifestación de un Estado que concibe la educación como un gasto, no como una inversión, y que delega en la burocracia lo que debiera ser una respuesta inmediata.
La crítica del gremio docente resuena con las palabras de Karl Marx en el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte: “La burocracia es el Estado hecho corporación”. En Chile, esa corporación se ha convertido en un muro que separa al poder de las necesidades del pueblo. Mientras las autoridades debaten en sus escritorios, las escuelas se inundan y los estudiantes pierden días de clase que jamás recuperarán.
La “falsa normalidad” como ideología de clase
El Colegio de Profesores ha pedido a las autoridades no imponer una “normalidad artificial” que exponga innecesariamente a estudiantes y docentes. Esa “falsa normalidad” es la ideología de la clase dominante: la idea de que el sistema puede seguir funcionando como si nada ocurriera, a pesar de que la infraestructura se desmorona y la vida de los estudiantes está en riesgo.
Como señaló Antonio Gramsci, la hegemonía se ejerce no solo mediante la coerción, sino también mediante el consenso. El gobierno de Kast intenta imponer el consenso de la “normalidad” para ocultar la crisis estructural del sistema educativo. Pero la realidad se impone: las escuelas siguen cerradas, los estudiantes siguen sin clases y los techos siguen cayéndose.
Epílogo: la deuda del Estado con la educación pública
La suspensión de clases por el temporal no es una anécdota; es un síntoma de la enfermedad crónica que aqueja al sistema educativo chileno: la desinversión, la precariedad y el abandono estatal. Como escribió Rosa Luxemburgo, “la libertad solo para los partidarios del gobierno, solo para los miembros de un partido —por numeroso que sea— no es libertad”. En el Chile de Kast, la educación solo es un derecho para quienes pueden pagarla; para los hijos de los trabajadores, es un lujo que el Estado les niega.
Mientras los colegios de los barrios populares se inundan y los estudiantes pierden días de clase, el gobierno sigue adelante con su agenda de ajuste y recortes. El temporal ha dejado al descubierto lo que la derecha intenta ocultar: la educación pública no es una prioridad, sino un gasto que hay que reducir. La deuda del Estado con la educación no se salda con declaraciones de “normalidad”; se salda con inversión, con infraestructura digna y con un compromiso real con el futuro de los hijos de la clase trabajadora.