La bancada de diputados del Partido Comunista ingresó esta semana un proyecto de ley para derogar los artículos más lesivos de la Ley Naín-Retamal, la normativa que desde 2023 estableció una “presunción legal especial de legítima defensa” para Carabineros y Gendarmería, flexibilizando la prueba del uso de la fuerza letal y endureciendo las penas contra quienes protestan en las calles. La iniciativa comunista busca restablecer la igualdad ante la ley, eliminar el “gatillo fácil” y endurecer las sanciones por apremios ilegítimos.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. A casi tres años de su promulgación, la Ley 21.560, más conocida como Ley Naín-Retamal, volvió a ser el centro del debate político. El pasado martes 10 de junio, la bancada de diputados del Partido Comunista, encabezada por Lorena Pizarro y Nathalie Castillo, ingresó un proyecto que busca modificar los aspectos más controvertidos de la normativa: la presunción de legítima defensa y la configuración del delito de apremios ilegítimos.
La iniciativa apunta directamente al corazón de la ley: eliminar la “presunción legal especial de concurrencia de la legítima defensa” que favorece a los uniformados. En su lugar, se busca reemplazar el artículo 150D del Código Penal para restablecer el “régimen general aplicable a todas las personas”. El proyecto argumenta que la legislación actual constituye un “estatuto excepcional” que altera los principios de igualdad ante la ley y el control jurisdiccional efectivo del uso de la fuerza, entregando a las policías un “cheque en blanco” para actuar sin rendir cuentas.
Además, la iniciativa propone endurecer la penalización de los apremios ilegítimos, aumentando las sanciones para los funcionarios que apliquen tratos crueles o inhumanos.
“Este proyecto principalmente plantea no quitarle las garantías ni los derechos a Carabineros, por el contrario, queremos que la ley Naín-Retamal tenga derogaciones en algunos artículos, principalmente que van en contra de las personas que se manifiestan; hablamos del gatillo fácil o la legítima defensa privilegiada”, declaró la diputada Lorena Pizarro (PC).
La ofensiva patronal: la derecha se alinea con la retórica de la “seguridad nacional”
La reacción del oficialismo y la derecha tradicional fue unánime y visceral, anticipando el rechazo que el proyecto enfrentará en el Congreso. El Presidente José Antonio Kast salió al paso de inmediato a través de su cuenta en X, afirmando que su gobierno “se opondrá a todos los proyectos que buscan quitarle las garantías y herramientas” a Carabineros. Su postura resuena con fuerza entre los sectores empresariales y las clases medias altas, para quienes la “mano dura” es la única receta frente a la delincuencia y la protesta social.
Pero la derecha fue más allá. La bancada de diputados de Renovación Nacional anunció el contraataque: el ingreso de una “Ley Naín-Retamal 2.0”, destinada a profundizar la protección jurídica de los uniformados. “Lo presentado por los comunistas no empatiza en lo más mínimo con la realidad cotidiana de los Carabineros”, sentenció el jefe de la bancada RN, Diego Schalper.
El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, fue aún más lejos al calificar la iniciativa como una “desfachatez” y parte de una estrategia del PC para “exacerbar la diferencia y la protesta social”. “No le veo asidero ni tampoco apoyo social alguno”, remató el legislador oficialista, en una declaración que refleja el desprecio de las élites hacia cualquier debate sobre el uso desmedido de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos en un país donde la represión policial suele quedar en la impunidad.
El lawfare en su máxima expresión: la extemporaneidad y la hipocresía como armas de clase
Un elemento central que atraviesa el debate es la hipocresía de los sectores que hoy defienden a capa y espada la Ley Naín-Retamal. El senador socialista Juan Luis Castro (PS), que forma parte de la oposición al gobierno de Kast, criticó el proyecto tildándolo de “extemporáneo” y argumentó que los parlamentarios debieron oponerse “en la época en que se trató esta ley”. Este argumento es un clásico de la inmovilidad política: una vez que una ley se aprueba y es funcional a los intereses del capital, cualquier intento de revisión es tildado de “fuera de lugar” o de “desconocer el sentido común”.
Desde la vereda comunista, la diputada Nathalie Castillo fue clara en sus fundamentos: “Nada nos dice que en un futuro próximo movilizaciones puedan venir a propósito del momento político que estamos viviendo y queremos salvaguardar a la ciudadanía y a la manifestación pacífica”. La reflexión de Castillo apunta al corazón del conflicto: el gobierno de Kast, que se ha instalado bajo la consigna de la “seguridad”, necesita mantener intacta su maquinaria represiva para contener el inevitable estallido social que sus propias políticas de ajuste generarán.
La función de clase del “gatillo fácil”
Desde una perspectiva marxista, la Ley Naín-Retamal no es una normativa técnica destinada a combatir la delincuencia, sino un instrumento de dominación de clase. Al flexibilizar las pruebas para acreditar la legítima defensa de los uniformados y al endurecer las penas contra los manifestantes, la ley envía un mensaje inequívoco: la vida del ciudadano común, especialmente del manifestante, del poblador de la periferia, vale menos que la del agente del Estado.
El proyecto del Partido Comunista busca restablecer el equilibrio constitucional y garantizar que ningún funcionario público quede blindado ante la comisión de delitos. Al derogar la “presunción de legítima defensa” y endurecer el delito de apremios ilegítimos, el PC apunta a cerrar las puertas a la impunidad, facilitando la persecución penal de los uniformados que incurran en excesos.
La respuesta de la derecha —encabezada por Kast, RN y Evópoli— es la confirmación de que para la burguesía chilena, el Estado debe ser ante todo un aparato represivo eficaz. La “mano dura” no es una promesa electoral, sino la expresión del terrorismo de Estado que se necesita para garantizar el orden de los capitales en medio de la crisis social que ellos mismos provocan.
El conflicto por la Ley Naín-Retamal es una expresión más de la lucha de clases en Chile. De un lado, el PC, defendiendo la vida de los manifestantes y la rendición de cuentas de quienes detentan la fuerza legítima. Del otro, una coalición de derecha que sabe que, para desmantelar la educación pública, recortar la salud y ajustar los salarios, necesita primero amordazar a quienes protestan.
La batalla está abierta en el Congreso. Pero más allá de las votaciones, la conciencia de que la ley del “gatillo fácil” es la ley del capital contra los trabajadores sigue creciendo en las poblaciones. La discusión ha zanjado una certeza: para la derecha chilena, la seguridad es el privilegio de unos pocos; para el PC y el pueblo, la justicia y la igualdad ante la ley son derechos irrenunciables de todos. Mientras el Gobierno de Kast anuncia una “Ley 2.0” para reprimir, la izquierda advierte que cada vez que se cercena una garantía, más dura será la resistencia.