El nuevo ministro de Hacienda, economista formado en Chicago y asesor histórico del gran empresariado, asume la conducción económica del país luego de haber participado durante años en la defensa de las mismas empresas que hoy reconocemos como las principales responsables de encarecer la vida de los chilenos: las polleras Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, y la cadena de farmacias Salcobrand, todas condenadas por la justicia por coludirse para fijar precios. Un extenso informe de CIPER revela que Quiroz aparece en al menos 15 registros documentales de estos casos, elaborando informes y declarando como testigo para refutar la existencia de colusión, posturas que fueron desestimadas por los tribunales .
Por Equipo El Despertar
Mientras el gobierno de José Antonio Kast anuncia ajustes fiscales y “sacrificios” que deberá hacer la población para sanear las cuentas públicas, el hombre puesto al mando de la billetera fiscal es el mismo que durante tres décadas asesoró a los grandes grupos económicos para defender sus ganancias, incluso cuando estas se obtenían mediante prácticas ilegales que perjudicaban directamente a los consumidores. La contradicción no es tal si se observa desde la perspectiva de clase: se trata de poner a resguardar los intereses del capital concentrado a un experto que ha dedicado su vida profesional a servirlos.
EL “MODELO QUIROZ” QUE PERMITIÓ LA COLUSIÓN DE LOS POLLOS
El caso más emblemático es la colusión de los pollos, donde el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) determinó en 2014 que las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo se coludieron durante más de 15 años (1994-2010) para repartirse el mercado de la carne de pollo, asignando cuotas de producción a través de la Asociación de Productores Avícolas (APA) . ¿El mecanismo? Un modelo de proyección de demanda desarrollado por la consultora de Jorge Quiroz, bautizado en la industria como “el modelo Quiroz” .
Los correos electrónicos intervenidos por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) son elocuentes. El 28 de julio de 2009, Juan Miguel Ovalle, ejecutivo de la APA, escribía a los representantes de las tres polleras: “Hemos sensibilizado el modelo de estimación de consumo, con datos reales y arroja valores bastante cercanos a los valores históricos. Estamos trabajando con la oficina de Jorge Quiroz a fin de hacerle pequeños ajustes al modelo” . No era un estudio inocente: la sentencia del TDLC estableció que “la metodología para calcular las ventas de la APA presenta características anticompetitivas y de hecho permitió la asignación de cuotas de producción entre las empresas avícolas requeridas” .
El propio Quiroz reconoce, en su defensa, que actuó en “el legítimo ejercicio de mi profesión” elaborando “informes técnicos en litigios económicos, tal como lo hacen muchos otros profesionales del sector privado” . Lo que omite decir es que esos informes sirvieron para blanquear un mecanismo de reparto del mercado que terminó encareciendo un alimento básico en la mesa de los chilenos durante casi dos décadas.
DEFENDIENDO A SALCOBRAND: “NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE COLUSIÓN”
El caso de las farmacias es igualmente revelador. En 2012, el TDLC condenó a las cadenas Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada por coludirse para fijar los precios de más de 200 medicamentos entre 2007 y 2008 . Quiroz, contratado por Salcobrand, elaboró informes económicos y declaró como testigo defiendo a la cadena .
Su conclusión ante el tribunal fue terminante: “no existe evidencia alguna que permita sostener la hipótesis de colusión” . Según declaró, su consultora revisó 45 mil correos electrónicos de Salcobrand y analizó 10 mil alzas y 5 mil bajas de precios, sin encontrar “irregularidades ni comportamientos anómalos” .
El problema es que el tribunal sí las encontró. Entre las pruebas, destacaba un correo de diciembre de 2007 del entonces gerente comercial de Salcobrand, Ramón Ávila, al jefe de control de gestión de la misma empresa, que decía textualmente: “Insistir con los laboratorios la necesidad de una coordinación para el alza de sus precios. Para ello ofrecimos ser la cadena que primero subiera los precios (los días lunes o martes) de este modo, las otras dos cadenas tendrían 3 o 4 días para ‘detectar’ estas alzas y luego asumirlas” . No está claro si Quiroz no revisó ese correo o simplemente no lo consideró relevante.
EL PATRÓN SE REPITE: ASFALTO, NAVIERAS Y UNA DEFENSA SISTEMÁTICA DEL CAPITAL
La investigación de CIPER identificó al menos 15 registros documentales donde Quiroz aparece defendiendo a empresas en procesos por colusión, incluyendo los casos del asfalto y el transporte marítimo . En el caso del asfalto, donde empresas fueron condenadas por coordinar precios, Quiroz sostuvo en un informe y en declaración como testigo que “en lo medular, en este caso no se contaría con factores adicionales que apoyen la existencia de un acuerdo colusorio” y que existía “rivalidad” entre los actores del mercado . El tribunal y la Corte Suprema pensaron distinto y condenaron a las empresas.
Solo en el caso de las navieras su postura no fue completamente desestimada, aunque allí se limitó a cuestionar el monto de las multas, no la existencia de la colusión misma .
Quiroz ha respondido a estas revelaciones con una declaración genérica: “Nunca he estado vinculado ni he facilitado ni diseñado ningún esquema de colusión ni cartel. Jamás he tenido algún rol en la repartición de ningún mercado. Nunca, por lo mismo, he sido investigado por la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Libre Competencia” . Técnicamente, tiene razón: no fue investigado porque actuaba como asesor de las empresas, no como parte del cartel. Pero la distinción es puramente formal.
EL HOMBRE DEL GRAN CAPITAL LLEGA A TEATINOS 120
La trayectoria de Quiroz no se limita a estos casos. Es fundador y socio principal de Quiroz & Asociados, consultora que por más de treinta años ha prestado servicios a empresas en “negociaciones, controversias y litigios económicos” . Forma parte del directorio de la Bolsa de Santiago y es columnista habitual de El Mercurio . Su nombramiento fue celebrado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el principal gremio empresarial del país .
Durante la campaña, cuando la entonces candidata Jeannette Jara lo acusó de estar involucrado en estos casos, el hoy presidente José Antonio Kast salió en su defensa. La respuesta de Jara fue lapidaria: “El estándar ético aquí está muy bajo” .
El nuevo ministro llega con un plan agresivo de desregulación, reducción del gasto fiscal en 6.500 millones de dólares en 18 meses y baja del impuesto a la renta corporativo del 27% al 23% . Es decir, el mismo hombre que dedicó su carrera a defender que las empresas no tuvieran límites legales para fijar precios, ahora tendrá la misión de “desregular” la economía y aliviar la carga tributaria de sus antiguos clientes. La coherencia es perfecta: los intereses del gran capital estarán bien resguardados.
Mientras tanto, los consumidores chilenos que pagaron sobreprecios en pollos y medicamentos durante años producto de colusiones que Quiroz ayudó a defender, observan cómo el nuevo gobierno coloca al frente de las finanzas públicas al abogado de los coludidos. No es una paradoja: es la lógica de un Estado puesto al servicio de la clase que siempre gana.