En medio de una escalada de violencia escolar que ha conmocionado al país —con el homicidio de una inspectora en Calama y amenazas de tiroteos en varios colegios—, el Presidente José Antonio Kast firmó este martes dos proyectos de ley que prometen “devolver la seguridad a las aulas”. El primero modifica el Código Penal para establecer agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa; el segundo, denominado “Escuelas Protegidas”, permite la revisión de mochilas, empodera disciplinariamente a los docentes y, como medida estrella, inhabilita de forma permanente el acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes condenados por delitos violentos.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana del martes 7 de abril, en el Salón de Audiencias del Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast estampó su firma en dos proyectos de ley que buscan responder a la seguidilla de episodios de violencia que han sacudido al sistema educacional en las últimas semanas. El telón de fondo es trágico: el homicidio de una inspectora en Calama a manos de un estudiante, amenazas de tiroteos en diversos recintos y la suspensión de clases en al menos cinco colegios por temor a nuevos ataques.
Kast ya había anticipado las líneas gruesas de la iniciativa el 30 de marzo, durante la segunda jornada del Encuentro de Directores por Chile, cuando declaró que “se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”. “Tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, afirmó entonces. Este martes, la promesa se convirtió en letra muerta de dos proyectos que la derecha celebra y la oposición critica con dureza.
Proyecto “Escuelas Protegidas”: revisión de mochilas, docentes empoderados y una inhabilitación polémica
El primero de los proyectos, bautizado como “Escuelas Protegidas”, posee un enfoque declaradamente preventivo y modifica la Ley General de Educación para introducir tres medidas centrales.
La más comentada es la revisión de mochilas: los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar medidas para evitar el ingreso de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros o dañar la infraestructura escolar. La propuesta consiste en la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los estudiantes, una medida que debe ser incorporada al reglamento interno de cada colegio.
El segundo pilar es el denominado “Docentes empoderados” : el proyecto brinda a los profesores la posibilidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden en la sala de clases y la adecuada convivencia escolar, promoviendo la responsabilidad del estudiante.
Pero es la tercera medida la que ha encendido todas las alarmas en los sectores progresistas: la inhabilidad permanente para acceder a la gratuidad en la educación superior para quienes sean condenados por delitos violentos cometidos en el contexto escolar. La iniciativa busca disuadir a jóvenes potencialmente involucrados en actos de violencia, según fuentes del Ejecutivo. Sin embargo, los críticos advierten que se trata de una penalización doble: el estudiante ya enfrenta una condena penal, y el Estado le agrega la pérdida de un derecho social conquistado tras décadas de lucha.
Modificación al Código Penal: agravantes para delitos en recintos educacionales
El segundo proyecto, impulsado por el Ministerio de Seguridad, reforma el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y recintos educacionales.
Específicamente, se busca incorporar los numerales 25 y 26 al artículo 12 del Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas. En términos simples, cualquier crimen que ocurra en una escuela se considerará un agravante, endureciendo las penas y fortaleciendo una actitud de “cero tolerancia” hacia la delincuencia escolar.
La respuesta de la oposición: “medidas cosméticas que no abordan las causas de fondo”
Las reacciones no se hicieron esperar. La diputada Camila Vallejo (PC) calificó los proyectos como “un maquillaje represivo que no toca las causas estructurales de la violencia escolar: la pobreza, la desigualdad, la falta de salud mental y la precarización de la convivencia en las aulas”. “¿De qué sirve revisar mochilas si los liceos públicos se caen a pedazos y los profesores están sobrecargados?”, cuestionó la parlamentaria.
El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) fue más lejos al señalar que la inhabilitación permanente para la gratuidad “es un castigo de clase”. “Los jóvenes de sectores vulnerables son los principales beneficiarios de la gratuidad. Esta medida les cierra la puerta a la educación superior por un error cometido en la adolescencia, mientras los hijos de los empresarios que cometen los mismos delitos pueden pagar universidades privadas sin problema”, denunció.
Desde el Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter advirtió que “la revisión de mochilas sin garantías ni control judicial viola el derecho a la privacidad y la dignidad de los estudiantes”. “Estamos instalando una lógica carcelaria en las escuelas. ¿El próximo paso serán detectores de metales en cada entrada? ¿Guardias armados en los patios?”, se preguntó.
El argumento del gobierno: “no podemos permitir que la violencia afecte el derecho a aprender”
Desde el Ejecutivo, el ministro de Educación, María Paz Arzola, defendió las iniciativas como “herramientas necesarias para restaurar la tranquilidad en las aulas”. En declaraciones a la prensa, Arzola afirmó que “la seguridad de los niños y niñas es una prioridad absoluta” y que “los proyectos equilibran el derecho a la educación con la necesidad de establecer límites claros”.
El propio Presidente Kast, en reuniones preparatorias citadas por fuentes cercanas, habría declarado que “no podemos permitir que la violencia afecte el derecho a aprender”. La frase, que la prensa hegemónica ha repetido como un mantra, oculta la pregunta incómoda: ¿qué derecho a aprender tendrá un estudiante expulsado del sistema o condenado a una inhabilitación perpetua para acceder a la educación superior?
El silencio sobre las verdaderas causas de la violencia escolar
Desde una perspectiva marxista, lo más llamativo de ambos proyectos no es lo que contienen, sino lo que omiten. No hay una sola línea dedicada a fortalecer los programas de salud mental en las escuelas. No hay un peso adicional para la contratación de psicólogos y trabajadores sociales en los establecimientos de alta vulnerabilidad. No hay medidas para reducir la jornada laboral de los docentes o para mejorar sus condiciones salariales. No hay un plan de infraestructura para reparar los liceos que están literalmente en ruinas.
En su lugar, el gobierno de Kast ofrece detectores de metales —aunque el proyecto no los menciona explícitamente, la prensa ha reportado que se evalúa su implementación—, revisión de mochilas y penas más duras. Es la misma receta que la derecha chilena ha ensayado desde siempre: más cárcel, más control, más castigo. Nunca más escuelas, nunca más oportunidades.
La violencia escolar no nace en el vacío. Nace de la desigualdad estructural que condena a millones de niños y jóvenes a crecer en condiciones de hacinamiento, pobreza y exclusión. Nace de un sistema educativo que segrega desde la cuna: los ricos estudian en colegios privados con canchas de pasto sintético y laboratorios de última generación; los pobres, en liceos públicos con goteras, calefacción deficiente y profesores que trabajan en tres colegios para llegar a fin de mes.
Nace, también, de una sociedad que ha naturalizado la violencia como forma de resolución de conflictos. La misma violencia que el gobierno de Kast pregona cuando habla de “mano dura” y “orden”. La misma violencia que el imperio estadounidense ejerce en Medio Oriente mientras el canciller chileno firma acuerdos de cooperación militar con Washington. La violencia se aprende. Y se aprende, sobre todo, de los que mandan.
La función de clase del proyecto “Escuelas Protegidas”
La inhabilitación permanente para la gratuidad es, quizás, la medida más reveladora de la orientación de clase de este gobierno. La gratuidad universitaria fue una conquista de los movimientos estudiantiles que durante años llenaron las calles de Santiago exigiendo educación como derecho y no como mercancía. Fue uno de los pocos avances sociales que el pueblo chileno logró arrancarle al Estado en las últimas décadas.
Ahora, el gobierno de Kast propone convertir ese derecho en una espada de Damocles sobre la cabeza de los estudiantes pobres. “Compórtate, o te quedas sin universidad”. Es la lógica del patrón de fundo aplicada al sistema educacional: la obediencia a cambio de la subsistencia. Y como siempre, los que pagarán el costo serán los hijos de los trabajadores. Los jóvenes de sectores acomodados, aquellos que estudian en colegios privados donde la violencia es un problema lejano, jamás serán afectados por esta medida. Ellos pueden pagar su educación aunque cometan delitos. Los pobres, no.
El diputado Boris Sánchez (Partido Republicano), en cambio, defendió la iniciativa: “Hay que poner límites claros. Los jóvenes tienen que entender que la violencia tiene consecuencias”. Lo que Sánchez no dice es que las consecuencias siempre son más duras para los mismos de siempre: los pobres, los vulnerables, los que no tienen red de protección familiar ni abogados caros.
El contexto represivo: un gobierno que cree que el problema es la falta de castigo
Los proyectos firmados este martes no son islas en el mar de la política del gobierno de Kast. Son parte de una ofensiva más amplia que incluye el “Plan Escudo Fronterizo” en el norte, la Ley de Reconstrucción Nacional que recorta la gratuidad universitaria y la reforma al Código Penal que aumenta las penas para delitos menores. En todos los casos, la receta es la misma: más represión, más control, más cárcel.
El gobierno de Kast cree que el problema de Chile es la falta de castigo. Que la violencia escolar se resuelve con detectores de metales y penas más duras. Que la delincuencia se resuelve con más policías y militares en las calles. Que la desigualdad se resuelve recortando derechos y ajustando el gasto social.
Es una concepción profundamente autoritaria, que no entiende que la violencia no es un desvío del sistema, sino su producto. El capitalismo es violencia estructural: violencia económica, violencia social, violencia política. Pretender resolverla con más violencia institucional es como intentar apagar un incendio con bencina.
El silencio cómplice de la prensa hegemónica
Como era de esperar, los grandes medios de comunicación han saludado los proyectos como “necesarios” y “urgentes”. El Mercurio tituló “Gobierno firma proyectos para reforzar seguridad en colegios”. La Tercera habló de “medidas para combatir la violencia escolar”. En ninguno de los titulares se menciona la inhabilitación para la gratuidad. En ninguno se pregunta si revisar mochilas sin control judicial es constitucional. En ninguno se analiza por qué un gobierno que recorta el presupuesto de educación tiene plata para instalar detectores de metales.
La prensa hegemónica cumple, una vez más, su función de clase: naturalizar la agenda represiva del gobierno, presentar el castigo como solución y ocultar las verdaderas causas de los problemas que aquejan a la clase trabajadora.
Epílogo: la escuela que queremos
Los proyectos firmados este martes por Kast probablemente se aprueben en el Congreso con el apoyo de la derecha y parte de la centroizquierda. La revisión de mochilas se implementará en los colegios públicos de sectores populares. Los docentes serán empoderados disciplinariamente, lo que en la práctica significa que asumirán funciones de control que nunca debieron tener. Y la inhabilitación para la gratuidad se convertirá en una nueva herramienta de exclusión para los jóvenes pobres.
Pero la clase trabajadora no se rendirá. Los movimientos estudiantiles, las organizaciones de pobladores, los sindicatos docentes y las agrupaciones de derechos humanos ya han anunciado que se opondrán a estas medidas. Saben que la violencia escolar no se resuelve con más violencia institucional. Saben que la seguridad no se construye con detectores de metales, sino con oportunidades reales de desarrollo, con escuelas dignas, con salud mental garantizada, con educación pública de calidad para todos.
La escuela que queremos no es una escuela blindada. Es una escuela abierta, inclusiva, democrática, donde los niños y jóvenes puedan aprender sin miedo, pero también sin humillación, sin control arbitrario, sin la somra del castigo perpetuo suspendida sobre sus cabezas. Esa escuela no la construirá el gobierno de Kast. La construiremos nosotros, desde abajo, con organización, conciencia y lucha.