La Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene en extrema reserva una investigación contra la senadora Camila Flores (RN) por un presunto fraude al Fisco que, de confirmarse, ascendería a cerca de $300 millones. La denuncia, presentada bajo anonimato, describe un mecanismo conocido en los pasillos del Congreso como la “cuota Flores”: una práctica sistemática mediante la cual la parlamentaria, durante más de siete años, habría exigido a sus asesores la devolución en efectivo de una parte significativa de sus sueldos, financiados con recursos públicos. La clase trabajadora, una vez más, asiste a un espectáculo donde los guardianes de la probidad resultan ser los mismos que esquilman el erario.
Por Equipo El Despertar
Valparaíso / Santiago. La noticia cayó como una bomba en el hemiciclo. Este jueves 9 de abril, diversos medios confirmaron que la Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación contra la senadora Camila Flores (RN) por eventuales delitos de fraude al Fisco en carácter reiterado. La indagatoria, que se mantiene bajo estricta reserva para asegurar el éxito de las diligencias, se originó a partir de una denuncia anónima recibida en octubre de 2025, cuando Flores aún ejercía como diputada.
El contenido de la denuncia, al que accedió Reportajes T13, es demoledor para la imagen de “mano dura” y “honestidad” que el sector ha cultivado durante años. El documento sostiene que, desde aproximadamente el año 2018, la entonces diputada “habría implementado un mecanismo sistemático y reiterado para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias”.
El mecanismo del desfalco: el efectivo que no deja rastro
El corazón del esquema es el efectivo. La denuncia detalla que los trabajadores contratados con fondos públicos eran obligados a devolver a la diputada “una parte significativa de sus sueldos en efectivo”. “Ella no deposita esos recursos en su cuenta, sino que con ellos paga -también en efectivo- gastos de orden personal”, señala el texto, revelando una ingeniería financiera diseñada para operar fuera del circuito bancario y, por lo tanto, fuera del control del Estado.
Este sistema, bautizado informalmente por los funcionarios del Congreso como “la cuota Flores”, habría operado sin interrupción hasta 2025, alcanzando un monto defraudado cercano a los $300 millones.
Un rol clave en la recaudación lo habría desempeñado Yolanda Olfos, secretaria de la parlamentaria desde 2018. Según la acusación, Olfos actuaba como “intermediaria y encargada de recaudar el dinero”. Los chats de WhatsApp que respaldan la denuncia son explícitos. En uno de ellos, la secretaria escribe a un testigo: “Hola (…) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina”. El testigo responde: “Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo”. En otra conversación, Olfos pregunta: “¿Cuánto saca líquido?” Ante la respuesta de $1.550.851, la secretaria responde: “(La diputada) necesita recibir $1.200.000”.
La defensa de la derecha: “acusaciones sin sustento” y un origen “ajeno a lo público”
La senadora Flores salió al paso de la información con una declaración pública en la que calificó los hechos como “acusaciones sin sustento”. Aseguró que enfrenta la investigación “con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar” y que colaborará plenamente con la justicia.
Su estrategia de defensa incluye dos líneas. Por un lado, la descalificación del origen de la denuncia, al que califica de “ajeno a lo público”. “Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”, declaró. Por otro, la invocación del principio de reserva: la legisladora sostiene que no conoce los detalles de la denuncia porque el proceso es secreto. Su abogado, Luis Masferrer, se limitó a descartar las acusaciones, afirmando que “la senadora siempre ha actuado conforme a la ley”.
La contradicción de clase del “partido del orden”
El caso de Camila Flores es la expresión más nítida de la hipocresía que caracteriza a la derecha. Renovación Nacional, el partido de Flores, construyó su relato de campaña sobre la promesa de erradicar la “corrupción” asociada a los gobiernos progresistas y de instaurar un régimen de probidad a ultranza.
La presidenta de RN, Andrea Balladares, enfrenta ahora la dura prueba de aplicar el “estándar ético” que su partido pregona. En una entrevista, se limitó a pedir “celeridad” en la investigación y advirtió sobre el “daño tremendo a la democracia” que provocan los casos que se demoran. Aunque señaló que el partido tiene criterios definidos para cuando los casos avanzan —incluyendo la suspensión de militancia en caso de formalización—, hoy, dijo, “rige el principio de inocencia”. Un principio que, curiosamente, su sector se niega a reconocer cuando el investigado pertenece a la izquierda.
La función de clase del escándalo
Desde una perspectiva marxista, lo que está en juego no es solo la eventual responsabilidad penal de una senadora. Es la puesta en evidencia de la lógica de clase que subyace al Estado capitalista. Los fondos públicos, que debieran financiar la salud, la educación y la vivienda de la clase trabajadora, son sistemáticamente desviados para financiar los privilegios de una élite política que, sin embargo, no duda en exigir “austeridad” para los sectores populares.
Mientras los trabajadores de la salud se movilizan contra el recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Salud, mientras los pacientes mueren en las listas de espera, mientras los niños chilenos sufren las consecuencias de una epidemia de obesidad que el gobierno se niega a enfrentar, la senadora Flores acumulaba durante siete años sobres con dinero en efectivo para pagar sus “gastos de orden personal”.
El hecho de que este mecanismo haya sido identificado informalmente por los trabajadores del Congreso con el apellido “Flores” sugiere que la práctica no era un secreto. Era parte de la cultura política de la derecha. La diferencia es que hoy, gracias a una denuncia anónima respaldada por chats de WhatsApp y un testigo, la máscara se ha caído.
La clase trabajadora debe sacar conclusiones. La “mano dura” que promete la derecha no es contra la corrupción que la beneficia. Es contra los movimientos sociales, contra los sindicatos, contra los estudiantes, contra los migrantes, contra cualquiera que cuestione el orden establecido. Porque cuando se trata de proteger sus privilegios, la derecha sabe perfectamente cómo operar en las sombras, con sobres y efectivo, lejos de cualquier contralor.
El caso de Camila Flores es apenas un capítulo de una historia más larga. Mientras el Estado capitalista se organice en función de los intereses de una clase, la corrupción sistémica seguirá siendo la regla, y no la excepción. La lucha por un Estado realmente probo, que aplique la misma vara para todos y que ponga los recursos públicos al servicio de las mayorías, sigue siendo una tarea pendiente. La “cuota Flores” es solo una muestra de cómo la extrema derecha, en lugar de terminar con la “corrupción”, la perfecciona.