Lo que debía ser un gobierno implacable con el crimen organizado, liderado por una “mano dura” prometida hasta el cansancio en campaña, se ha convertido en una catarata de cifras rojas. Mientras las balaceras se suceden en la Región Metropolitana y el norte, el Ministerio Público informó un incremento del 36,8% en los homicidios vinculados al crimen organizado durante el primer mes de gestión del Presidente José Antonio Kast. Los episodios sangrientos –como el fin de semana que dejó una seguidilla de crímenes en distintas comunas– han desmentido el relato de una “normalización del orden” con el que la derecha pretendía seducir a la ciudadanía.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El fin de semana del 25 de abril dejó un reguero de casos criminales que volvió a poner en jaque el discurso oficial del “gobierno de emergencia” que prometió calmar las calles. En apenas horas, hubo homicidios en diversas comunas de la Región Metropolitana, incluido el asesinato de una persona en la vía pública, hechos que se sumaron a la balacera del 15 de abril en una parcela de Lampa con al menos cinco víctimas fatales y múltiples heridos, así como al homicidio de una adulta mayor en Quinta Normal.
Estos episodios, lejos de ser percibidos como excepciones, confirman una tendencia estadística que el aparato propagandístico del gobierno intenta disimular con cifras sesgadas. Según datos del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, difundidos por El País el 7 de abril, entre el 11 de marzo (día de la asunción de Kast) y el 6 de abril se registraron 26 homicidios e intentos de homicidio en contextos de crimen organizado (15 consumados y 11 frustrados). En el mismo período de 2025, durante la administración de Gabriel Boric, la cifra fue de 19 casos, lo que arroja un alza de un 36,8% bajo el nuevo mandato.
La cifra es lapidaria, pues se trata precisamente del tipo de violencia que el candidato Kast prometió erradicar con su política de “mano dura”. El diario El País recordó que “Kast construyó su campaña en base a la promesa de controlar la crisis de delincuencia” y que en casi cuatro semanas en el poder aún no se vislumbra un plan de acción coherente para frenar el recrudecimiento de los delitos más violentos.
El recorte como paradigma de un gobierno desorientado
La paradoja es aún más grotesca cuando se observan las medidas concretas del Ejecutivo. El gobierno de Kast, que bajo la consigna de “emergencia” debía priorizar la seguridad como ningún otro tema, decidió recortar 72 mil millones de pesos (unos 77 millones de dólares) del presupuesto de Seguridad Pública, tal como denunció EFE el 29 de marzo. El recorte afectó en particular a Carabineros (55,6 millones de dólares) y a la Policía de Investigaciones (17,4 millones de dólares), así como a programas emblemáticos como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado.
En la práctica, mientras el Presidente anunciaba a bombo y platillo la creación del novel Ministerio de Seguridad Pública, su cartera estrella recibía un golpe presupuestario que debilitaba sus capacidades operativas. El académico Víctor Beltrán fue lapidario al respecto: “Si un gobierno decide gobernar bajo la lógica de la emergencia, tiene que sostener ese estándar en sus decisiones y no puede declarar crisis y luego tratar la seguridad como una variable más dentro de un ajuste general”. El propio Beltrán calificó el uso de la palabra “emergencia” como una herramienta política más que un diagnóstico técnico, destinada exclusivamente a justificar medidas excepcionales.
El fracaso mediático de una ministra cuestionada
A la hemorragia de recursos se suma la incapacidad de conducción. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, lejos de encarnar la firmeza prometida, protagonizó un debut accidentado que derivó en crisis internas. La primera gran polémica giró en torno a la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, en circunstancias poco claras que involucraron a la propia ministra. El Mostrador señaló que “la figura de la ministra del área, lejos de consolidar certezas, abre dudas”, mientras su gestión parece girar en torno a decisiones que no logran explicarse con transparencia.
La columna “El orden prometido no llegó” fue contundente al describir el ambiente reinante en las comisiones de seguridad del Congreso, donde hasta los representantes de la propia derecha quedaron “estupefactos” al escuchar los detalles del recorte. La diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) manifestó su preocupación por la restricción presupuestaria precisamente en el momento que más se necesitan recursos para reponer vehículos y equipos de las policías.
La clase trabajadora como víctima silenciosa
La clase trabajadora, residente mayoritaria en los barrios populares donde se concentran los homicidios, es la gran perdedora de esta debacle. La inseguridad, lejos de ceder, se ha enquistado como un factor más de precarización de la vida. La derecha, que con su retórica “manodurista” pretendía captar el voto de quienes sufren la violencia, se encuentra ahora con una realidad incómoda: las cifras de crímenes no solo no bajan, sino que aumentan respecto al gobierno anterior, mientras se recortan los recursos para combatirlos y se exhibe una conducción errática.
El Presidente Kast, en su defensa, ha optado por una estrategia de negación y culpabilización al gobierno anterior, a quien acusó de haber dejado el país “destruido en temas de seguridad” y de haber provocado un “desastre” en la gestión pública. Sin embargo, las cifras del ECOH de la Fiscalía son independientes de la voluntad del gobierno y reflejan una tendencia objetiva: en términos de crimen organizado, la situación ha empeorado desde que él asumió.
Mientras tanto, los barrios humildes de Santiago siguen siendo testigos de crímenes violentos que demuestran que el “gobierno de la seguridad” es, hasta ahora, un espejismo. La clase trabajadora paga el costo de la improvisación y de un ajuste fiscal que castiga a las policías, mientras el gobierno se debate en escándalos menores y batallas discursivas con la oposición.