Una vez más, la realidad desmonta el mito de las Fuerzas Armadas chilenas como instituciones “honorables” y “patrióticas”. Esta vez, ha quedado al descubierto un intento de tráfico de drogas al interior de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), generando “preocupación” en los pasillos del Congreso… como si fuera la primera vez que los uniformados demuestran que la corrupción y el delito son parte de su ADN estructural.
Según reveló Cooperativa, el hecho se produjo en el aeropuerto de Iquique, donde se detectó un intento de trasladar un cargamento de droga en una aeronave militar, en lo que no puede ser más que una operación organizada desde dentro de la institución castrense. No estamos hablando de un soldado raso improvisado, sino de una red con capacidad logística, aeronáutica y cobertura institucional.
La reacción del Parlamento fue predecible: frases hechas, llamados a la “prudencia” y el viejo ritual del “esperar el resultado de la investigación”. Pero pocos se atreven a tocar el fondo del asunto: las Fuerzas Armadas, lejos de ser una reserva moral, son una casta intocable al servicio de la dominación capitalista. Cuando reprimen al pueblo, reciben condecoraciones. Cuando delinquen, son protegidas por su fuero y por el miedo reverencial de la institucionalidad civil.
El caso no es un hecho aislado. Como bien saben en los puertos, en los cuarteles y en los aeropuertos, el tráfico de drogas a gran escala no es posible sin la participación de funcionarios del aparato estatal, y las fuerzas armadas ofrecen una de las coberturas más seguras para el crimen organizado. Vuelan sin revisión, sin aduana, sin escáneres. ¿Quién va a revisar el avión de la FACh?
La burguesía chilena ha construido durante décadas un relato de “honor militar”, que sirve como escudo para ocultar las redes de corrupción y crimen que atraviesan desde el Ejército hasta Carabineros. Lo que antes fue el robo sistemático de fondos reservados (como en el caso del Milicogate) hoy muta en formas más rentables: logística del narcotráfico, tráfico de armas, y protección a redes privadas de contrabando.
¿Dónde están ahora los defensores del orden, de la bandera, del himno? ¿Dónde están los que pedían militarizar la Araucanía, las poblaciones, las fronteras? Silencio absoluto. Porque cuando el delito viene con uniforme y galones, no se llama narcotráfico: se llama “situación institucional en evaluación”.
Las declaraciones de los parlamentarios —especialmente de la Comisión de Defensa— fueron de una tibieza que roza la complicidad. Hablan de “gravedad”, de “transparencia”, de “acciones ejemplares”, pero todos sabemos que nada va a pasar. Lo mismo dijeron cuando Carabineros robó más de 28 mil millones. Lo mismo dijeron cuando el Ejército falsificó boletas. Lo mismo dirán mañana.
Y es que el Estado burgués necesita a sus fuerzas armadas impunes, no solo para enfrentar enemigos externos (que no existen), sino para reprimir cualquier conato de rebelión interna, como ya lo demostraron en octubre de 2019, cuando salieron a las calles a disparar, mutilar y aterrorizar a la población civil.
Este nuevo caso de narcotráfico al interior de la FACh no es una “manzana podrida”. Es una expresión más de lo que Marx ya señalaba: el aparato militar del Estado capitalista no es neutral, ni patriótico, ni legalista: es el brazo armado de la clase dominante. Y como toda estructura al servicio del capital, está podrida hasta el tuétano por la corrupción, el privilegio y el crimen organizado.
“El Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.”
— Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista