Bajo el lema de “defender a la clase media”, el Partido de la Gente (PDG) de Franco Parisi ha anunciado el rechazo al proyecto estrella del gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, lejos de un verdadero acto de rebeldía popular, lo que se despliega es un teatro político donde los intereses de la pequeña burguesía se enfrentan a los de la gran burguesía, revelando las profundas contradicciones del bloque dominante.
Por Equipo El Despertar
Parisi y su “defensa de la clase media”: la voz de la pequeña burguesía en crisis
El líder del PDG, Franco Parisi, fue explícito en su diagnóstico: recomendará a su bancada rechazar la iniciativa porque en el proyecto ve “más un incremento en el déficit fiscal que un aumento en la recaudación”. Aunque la narrativa hegemónica presenta a Parisi como un outsider que defiende a las familias chilenas, la realidad es otra. Su crítica no ataca el fondo del problema —la concentración de la riqueza— sino la forma de distribuir los costos de la crisis. Parisi, economista de profesión, sabe que una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% no es más que un regalo directo a los dueños del capital. Su queja, velada en un lenguaje técnico sobre el “balance estructural”, revela la incomodidad de un sector de la burguesía que teme quedar fuera del reparto: “Veo un incremento en el déficit fiscal más que en la recaudación en los próximos años”, sentenció, proyectando un impacto negativo en las cuentas públicas.
Esta defensa de la “clase media” no es más que un espejismo. Parisi propone “desmembrar” el proyecto, no porque quiera proteger a los trabajadores, sino para evitar que la gran burguesía se lleve todo el botín sin dejar migajas para los sectores medios. Como bien señala la diputada del PDG, Pamela Jiles, la iniciativa es “como un proyecto CPC que viene directamente de la CPC”, una transferencia directa de recursos desde el Estado hacia las grandes corporaciones, disfrazada de “reconstrucción nacional”.
El gobierno de Kast: cuando la derecha se devora a sí misma
La administración de José Antonio Kast presentó el proyecto como una “megareforma” para impulsar el crecimiento al 4%, con cinco pilares que incluyen la competitividad tributaria y la contención del gasto público. Sin embargo, el propio ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció que la rebaja de impuestos “probablemente sea lo más difícil de tramitar porque se busca instalar de que esta es una reforma que beneficia a los más ricos”.
La defensa oficial es tan endeble como su intento de disfrazar la realidad. García Ruminot afirmó que “estamos bajando el impuesto a las empresas, no a los empresarios”. Esta distinción es una falacia digna de un manual de economía para principiantes. Las empresas no son entes abstractos; son propiedad de los empresarios. Al reducir la carga fiscal sobre las corporaciones, se libera capital que termina directamente en los bolsillos de los dueños, ya sea vía mayores utilidades o mayores retiros. La jugada es tan burda que el ministro no pudo evitar revelar la trampa: “los empresarios en definitiva van pagando en función de los retiros que realizan… esto les permita realizar retiros mayores”. En otras palabras, más dinero para los que ya tienen, mientras los trabajadores enfrentan un empleo precario e informal.
Jiles y la denuncia de la “operación pirquén”
La diputada Pamela Jiles, con la crudeza que la caracteriza, ha expuesto el mecanismo real que el gobierno utilizará para intentar salvar el proyecto: la compra de voluntades. Jiles advirtió que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha sido “contratado para pirquinear votos”, una habilidad que ya habría demostrado en anteriores disputas legislativas. El término “pirquinear” —tomado de la actividad minera artesanal— describe perfectamente la estrategia del oficialismo: ir fisgoneando entre los parlamentarios más vulnerables, ofreciéndoles prebendas a cambio de su apoyo.
Esta denuncia desnuda el verdadero funcionamiento de la política burguesa en Chile. No se trata de convencer con argumentos, sino de comprar conciencias con los recursos del Estado. Jiles ha sido categórica al calificar la iniciativa como un “proyecto CPC, Copy Paste”, una fotocopia de las demandas históricas de la elite económica. Incluso reconoce que hay “unos caramelitos que hacen muy necesario para el gobierno que estén unidos, pegados con moco”, refiriéndose a pequeñas concesiones populistas —como la exención de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años— que buscan endulzar el veneno de la transferencia de recursos a los ricos.
Fractura en la “gente”: el diputado Olivares se desmarca del líder
La unidad del PDG es tan frágil como el papel en el que están escritas sus promesas. El diputado Javier Olivares ha salido a desmarcarse públicamente de la postura de Parisi, asegurando que su decisión se basa “en el interés de la ciudadanía y no en directrices partidistas”. Olivares aboga por mejorar el proyecto gubernamental, mostrando disposición al diálogo con el Ejecutivo y defendiendo la rebaja de impuestos para “reactivar la economía”.
Esta fractura interna es la confirmación de que el PDG nunca fue un partido popular, sino una tienda de alquiler de voluntades políticas. Mientras Parisi intenta posicionarse como el abanderado de una supuesta “clase media traicionada”, sus propios diputados ya están negociando su apoyo al gobierno. El jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, lo dejó claro hace apenas dos días: “los votos del Partido de la Gente son fundamentales para darle amplitud política y validez ciudadana al proyecto”.
La oposición real: el pueblo no está en el Congreso
Mientras Parisi, Jiles y Olivares simulan un debate de altura, la oposición real —los trabajadores, los pobladores, los cesantes— sigue esperando soluciones que nunca llegan. La diputada comunista Lorena Fríes y el socialista Daniel Manouchehri han denunciado que el proyecto es una “reforma tributaria encubierta”, y el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) lo calificó como “un proyecto hecho a la medida de los grandes empresarios”.
Pero incluso estas críticas, aunque certeras en el diagnóstico, se quedan atrapadas en la lógica del parlamento. Como escribió el teórico marxista Nicos Poulantzas, “la democracia burguesa no es más que el orden institucional de la dominación de clase”. Mientras el PDG y el gobierno negocian en las oficinas del Congreso, el pueblo sigue pagando las consecuencias de un sistema diseñado para exprimirlo. La rebaja del impuesto corporativo no generará empleo; profundizará la desigualdad. La repatriación de capitales no reactivará la economía; legalizará el dinero negro de la elite.
Conclusión: la comedia de los errores de la burguesía chilena
Lo que estamos presenciando no es una lucha entre “el pueblo” y “la elite”, sino una pelea de gallos dentro del mismo corral. Parisi quiere que el proyecto sea “menos apuradito” no porque le duela el sufrimiento popular, sino porque su fracción de la burguesía —la pequeña burguesía empobrecida— quedó fuera del reparto. El gobierno de Kast, por su parte, necesita los votos del PDG para legitimar una medida que beneficia directamente a sus verdaderos amos: los dueños de los bancos, las AFP y las grandes corporaciones.
Mientras tanto, los trabajadores chilenos siguen siendo los mismos de siempre: los que pagan los platos rotos de una crisis que no causaron. La “clase media” que Parisi dice defender es apenas una capa más arriba en la pirámide de la explotación. La única salida real no está en las disputas entre facciones burguesas, sino en la organización popular desde abajo. Como sentenció Rosa Luxemburgo, “la socialdemocracia es el partido de la revolución, pero también es el partido del orden”. El PDG, con su farsa de oposición, no es más que otra cara del mismo orden que oprime a las mayorías. La reconstrucción nacional que Chile necesita no se hará desde el Congreso ni con la pluma de los economistas de la CPC; se hará desde las calles, con las manos callosas de los que nunca han estado en la foto.