Robert Brooks fue torturado hasta la muerte por una decena de guardias blancos mientras permanecía esposado boca abajo en una camilla de enfermería. Los veredictos de culpabilidad contra algunos de sus verdugos no han significado justicia, sino un maquillaje institucional para encubrir un sistema que entrena, protege y reproduce la violencia racial contra los cuerpos negros encarcelados.
Por Equipo El Despertar
Una golpiza de Estado: el video que la fiscalía no quiso mostrar
El 9 de diciembre de 2024, Robert Brooks, un hombre negro de 43 años, fue trasladado desde el Centro Correccional Mohawk al Centro Correccional Marcy, en el norte del estado de Nueva York. Horas después, en lo que debía ser una revisión médica rutinaria, al menos 13 oficiales —todos blancos— se turnaron para golpearlo, patearlo y asfixiarlo mientras yacía esposado boca abajo en una camilla. Un video captado por las cámaras corporales de cuatro oficiales —que convenientemente estaban en modo de espera, sin audio— muestra a los guardias pateando a Brooks en la ingle, golpeándolo en el pecho con un zapato, metiéndole objetos en la boca y levantándolo del cuello para luego dejarlo caer. Brooks murió a la mañana siguiente debido a una compresión del cuello y múltiples traumatismos contundentes.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó las imágenes como “impactantes y perturbadoras”, pero su oficina no publicó el video hasta que la familia de Brooks pudo verlo, un protocolo que prioriza la forma sobre la urgencia de la justicia. Como escribió el intelectual afroamericano Gerald Horne, “la violencia estatal contra los negros no es un exceso, sino la esencia del contrato social estadounidense”. Aquí, el contrato se firmó con esposas y puños blancos.
El sistema que protege a sus verdugos
Una investigación del Correctional Association of New York reveló en 2022 que el 80% de las personas encarceladas en ese centro reportaron haber sufrido o presenciado abusos por parte del personal, y casi el 70% denunció discriminación racial. Los negros constituyen el 46% de la población de Marcy, pero solo el 18% de la población general de Nueva York. Tres de los guardias que asesinaron a Brooks ya tenían antecedentes de agresiones a otros reclusos.
A pesar de estas evidencias, el sistema judicial funcionó como un escudo de impunidad. De los 13 oficiales implicados, solo unos pocos enfrentaron cargos significativos. David Kingsley fue condenado por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, pero otros dos —Matthew Galliher y Nicholas Kieffer— fueron absueltos de todos los cargos. Anthony Farina y Nicholas Anzalone, que enfrentaban cargos de asesinato, se declararon culpables de un cargo menor de homicidio involuntario en primer grado y recibieron 22 años de prisión cada uno. Christopher Walrath, otro de los acusados, aceptó un acuerdo y fue sentenciado a 15 años. Mientras tanto, Michael Mashaw y David Walters recibieron penas irrisorias de entre dos y nueve años por homicidio involuntario en segundo grado.
El fiscal especial del caso, William Fitzpatrick, declaró que Brooks “no hizo absolutamente nada” para provocar la agresión y que murió ahogado con su propia sangre. Pero esa verdad jurídica no se tradujo en justicia plena. Como denunció Thomas Gant, del Center for Community Alternatives: “Robert Brooks fue asesinado no solo por los guardias, sino por un sistema que prioriza el castigo perpetuo sobre la sanación y la transformación”.
Las enfermeras que miraron sin ver
Dos enfermeras blancas estaban presentes durante la golpiza, de pie junto a la camilla mientras Brooks sangraba. No hicieron nada. No llamaron a nadie. No detuvieron a los guardias. Fueron suspendidas, pero ninguna fue acusada penalmente. Su presencia es la metáfora perfecta del estado capitalista: profesionales que juraron cuidar, pero que obedecen las reglas de un sistema que primero castiga y después, si acaso, pregunta.
La gobernadora Kathy Hochul ordenó el despido de 14 empleados implicados, pero su reacción tras las absoluciones fue reveladora: “Aunque estoy decepcionada por las absoluciones, respeto el veredicto”. Y añadió, en un alarde de cinismo institucional, que la mayoría de los agentes penitenciarios “actúan con profesionalismo e integridad”. Es la misma lógica que permite que los policías que asesinan a civiles negros sigan cobrando sueldos pagados con nuestros impuestos.
El dolor de una familia y la rabia de un pueblo
El hijo de Robert Brooks, Robert Brooks Jr., declaró que ver el video de la golpiza fue como ver “una película de terror” y rogó: “Ruego que este caso enseñe a otros que no pueden tratar a los reclusos como animales”. Su hermano, Jared Ricks, escribió que espera que el “comité de bienvenida” muestre más compasión a los cuatro acusados cuando lleguen a la prisión estatal como reclusos que la que mostraron a su hermano.
Las protestas no se han detenido. En Harlem, activistas se han manifestado exigiendo justicia. El Partido Comunista de Estados Unidos exigió que los 13 oficiales fueran acusados de asesinato en primer grado. La senadora estatal Julia Salazar presentó una legislación de transparencia y rendición de cuentas. Pero nada de eso devolverá la vida a Brooks ni desmantelará el sistema que lo mató.
Conclusión: el fin de la impunidad no llegará por la vía judicial
El asesinato de Robert Brooks no es un caso aislado. Es el síntoma de un sistema carcelario que opera como una fábrica de violencia racial, donde los cuerpos negros son materias primas para la brutalidad estatal. Las condenas a unos pocos guardias no son justicia; son un chivo expiatorio para que el sistema siga funcionando como siempre. Como sentenció Angela Davis, “las prisiones no resuelven los problemas sociales, los multiplican”. En el caso de Brooks, la prisión no solo lo encerró, sino que lo ejecutó.
Mientras los grandes medios celebran las condenas como un triunfo de la rendición de cuentas, la realidad es otra: el 98,2% de los asesinatos a manos de policías en Estados Unidos en 2025 no terminaron en ninguna condena significativa. Brooks se suma a una lista interminable de nombres negros —George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner, Freddie Gray— cuyos asesinos siguen libres o recibieron penas irrisorias. El problema no es solo la brutalidad policial; es un Estado que la financia, la protege y la reproduce. Y mientras no se cuestione la existencia misma de las prisiones y la policía, el nombre de Robert Brooks será solo otro epitafio en el cementerio del sueño americano.