El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este martes un nuevo bombardeo contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental, el tercero en tres días consecutivos. El saldo: cuatro personas fallecidas a las que Washington etiqueta como “narcoterroristas” sin presentar una sola prueba que respalde la acusación. Con este ataque, la campaña militar estadounidense en la zona —iniciada en septiembre de 2025 bajo el nombre de “Operación Lanza del Sur”— alcanza las 174 víctimas mortales en lo que especialistas en derecho internacional califican como una serie de ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.
Por Equipo El despertar
El imperio contra el “enemigo invisible”: la guerra sin evidencias
El último ataque se produjo el 14 de abril contra una lancha que, según el comunicado oficial del Comando Sur, “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”. El parte castrense, publicado en redes sociales con un video borroso como única “prueba”, no aportó ningún elemento concreto que demostrara la presencia de drogas a bordo. La fórmula se repite: la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur, dirigida por el general Francis Donovan, ejecuta un “ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, y cuatro “narcoterroristas varones” aparecen en la columna de bajas.
La ausencia de pruebas no es un descuido, sino una característica estructural de esta guerra. Como ha señalado la propia agencia Associated Press, “la administración Trump ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a ‘narcoterroristas’”. Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos coinciden en que estos ataques “probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que han atacado aparentemente a civiles que no representan una amenaza inminente para Estados Unidos”. La única certeza que deja el Pentágono es la muerte de decenas de personas cuyos rostros, identidades y oficios reales nadie se ha molestado en investigar.
Una “amenaza inminente” que no existe: el derecho a matar en aguas internacionales
La doctrina jurídica que sustenta esta escalada es, cuando menos, peculiar. La Casa Blanca sostiene que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado formal” con los cárteles de la droga y que, por lo tanto, las tripulaciones de las embarcaciones sospechosas de narcotráfico deben ser tratadas como “combatientes”. Sin embargo, como ha señalado el New York Times en su monitoreo de estos ataques, “un grupo variado de especialistas jurídicos en el uso de la fuerza letal han dicho que los ataques son ejecuciones extrajudiciales ilegales porque el ejército no está autorizado a atacar de manera deliberada a civiles —ni siquiera a presuntos delincuentes— que no sean una amenaza inminente de violencia”.
La falacia del argumento oficial se revela cuando se examina el contenido de los propios videos difundidos por el Comando Sur. En las imágenes, tomadas desde aeronaves militares, se observan pequeñas embarcaciones —muchas de ellas con aparejos de pesca artesanal a la vista— siendo alcanzadas por proyectiles de alta precisión mientras se mantienen detenidas en el agua o navegan a baja velocidad. No hay escenas de persecución, no hay advertencias previas, no hay indicios de que esas lanchas representaran un peligro inmediato para nadie. Como ha reportado Al Jazeera, “las imágenes muestran un bote estacionario con motores fuera de borda y lo que parecen ser flotadores de redes de pesca cerca”. Pescadores, no traficantes.
La retórica de la guerra: cuando la crisis de opioides sirve de coartada
El presidente Donald Trump justifica esta ofensiva como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y reducir las muertes por sobredosis que afectan a su país. Pero incluso esta coartada se resquebraja ante el más mínimo análisis. Como ha documentado el New York Times, “el aumento de las sobredosis en la última década ha sido causado principalmente por el fentanilo procedente de laboratorios en México, no por la cocaína que llega en embarcaciones desde Sudamérica”.
Detrás de la retórica antinarcóticos se oculta una lógica más primitiva: la necesidad del imperio de proyectar poder en una región que considera su patio trasero. Los bombardeos en el Pacífico y el Caribe no comenzaron por casualidad en septiembre de 2025, sino como antesala de una intervención mucho más audaz: la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, ejecutada mediante el bombardeo de Caracas y la ocupación del palacio presidencial. Las 32 víctimas cubanas de aquella incursión, junto con las 174 acumuladas en el Pacífico, dibujan el mapa de sangre de una campaña que no tiene fronteras ni escrúpulos.
¿Pescadores o narcos? La víctima sin rostro del capitalismo global
Desde una perspectiva de clase, lo que estos bombardeos revelan es la capacidad del imperialismo para fabricar un “enemigo” abstracto —el “narcoterrorista”— al que se puede aniquilar sin juicio, sin pruebas y sin consecuencias políticas. La administración Trump no ha proporcionado “ninguna evidencia definitiva de que las embarcaciones atacadas desde el año pasado estuvieran involucradas en el tráfico de drogas”. Pero la falta de pruebas es irrelevante para el discurso oficial: la mera sospecha, la mera ubicación en una “ruta conocida”, basta para justificar un ataque con misiles.
Mientras tanto, las verdaderas víctimas de esta guerra —pescadores artesanales, migrantes, trabajadores del mar que apenas sobreviven en la economía informal del Pacífico— permanecen en el anonimato. El Comando Sur no ha dado a conocer sus nombres, ni sus nacionalidades, ni las circunstancias que los llevaron a estar en ese lugar y en ese momento. Para el imperio, no son personas: son “bajas enemigas” en una guerra que libra contra un fantasma. Como escribió el sociólogo Loïc Wacquant, “el Estado penal no persigue delitos, persigue poblaciones”. En el Pacífico oriental, esa persecución se hace con misiles teledirigidos y sin otra coartada que el silencio cómplice de los grandes medios.
La pregunta que flota sobre las aguas ensangrentadas del Pacífico es incómoda pero necesaria: ¿cuántos pescadores más tendrán que morir antes de que el mundo se atreva a llamar a esto por su nombre? No es guerra contra las drogas. Es guerra contra los pobres. Y mientras el imperio siga disparando sin presentar pruebas, cada nueva explosión será solo otro capítulo en la larga historia de la impunidad del poderoso.