Mientras la abogada Karina Riquelme enfrenta una investigación por presunta “revelación de secreto” tras defender a los hijos de Julia Chuñil, la propia Fiscalía chilena, que la persigue, acumula una larga historia de filtraciones selectivas a medios hegemónicos sin que nadie rinda cuentas. La paradoja no es casual: es la lógica de un Estado de clases que persigue a los defensores populares mientras blinda sus operaciones de guerra mediática. El caso Riquelme es la ratificación de una máxima: el aparato represivo golpea a quienes defienden a los suyos, mientras la violación del secreto judicial se convierte en política pública cuando favorece a los poderosos.
Por Equuipo El Despertar
Valdivia / Santiago. El caso Julia Chuñil, que ya conmocionó al país con la desaparición de la activista mapuche, sumó un nuevo capítulo que deja al desnudo la doble vara de la justicia chilena. La abogada Karina Riquelme, defensora de los hijos de la víctima, pasó formalmente a calidad de imputada por una investigación penal que indaga una presunta “violación de secreto de sumario”. Según confirmó su abogado Rodrigo Pizarro, la causa “se está llevando adelante por hechos que dicen relación con que Karina supuestamente habría revelado el secreto de la causa reservada asociada a la desaparición de Julia Chuñil”. La profesional, que por su rol como querellante tenía acceso legítimo a los expedientes, ahora es tratada como sospechosa por ejercer su derecho a informar y defender a la familia. El argumento es que habría compartido información “sensible”; pero lo que el Ministerio Público no dice es que esa información ya había sido filtrada previamente a la prensa. Y no por la defensa.
La Fiscalía que todo lo filtra y nada le pasa
Aquí reside la hipocresía de clase del sistema judicial chileno. Mientras Riquelme es investigada por una supuesta trasgresión, el historial de filtraciones de investigaciones desde la propia Fiscalía es extenso y recurrente. En 2024, el Ministerio Público abrió una investigación por la filtración de la carpeta del exfutbolista Jorge Valdivia, donde se dieron a conocer detalles de las denuncias por delitos sexuales. El propio órgano reconoció que “las filtraciones expuestas por distintos medios de comunicación han dado a conocer información sensible que permite aproximarse a las identidades de las víctimas”. ¿Hubo imputados? No. ¿Se persiguió a algún fiscal? Tampoco.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, fue lapidario al describir esta política de facto: “Nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo, que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Eso habla muy mal del Ministerio Público que no puede realizar ninguna investigación secreta”. Las críticas se han intensificado tras conocerse chats privados de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, que filtró el propio sistema. La Asociación de Fiscales reconoció que este tipo de situaciones dañan “la imagen de la Fiscalía, al sistema procesal penal y pone en riesgo el propio éxito de la investigación”, al tiempo que recordó que la violación del secreto “está establecido en el Código Penal”. Sin embargo, las purgas y los procesos disciplinarios, cuando ocurren, se dirigen siempre contra los funcionarios de menor rango o contra los defensores populares, como Riquelme. Nunca contra las altas esferas.
La función de clase de la reserva procesal
El tratamiento mediático del caso es revelador. Los grandes medios han replicado acríticamente la tesis fiscal, titulando que la abogada “filtraba antecedentes”. La diputada Camila Vallejo (PC) fue clara al respecto: “La Fiscalía tiene filtraciones sistemáticas y nunca se investiga a nadie. Se persigue a la defensa, no a los responsables”. El analista político Axel Callís señaló que son “preocupantes las filtraciones recurrentes que no delimitan entre la vida pública y la privada”.
Lo que la prensa hegemónica calla es que Riquelme fue la voz que denunció las irregularidades en el proceso, las amenazas previas a Chuñil, y la obstrucción de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, a quien la defensa incluso formalizó una denuncia. Al imputarla por revelación de secreto, la Fiscalía busca un triple objetivo: primero, amedrentar a los abogados que defienden causas sensibles; segundo, desviar la atención de sus propias inconductas; y tercero, debilitar la credibilidad de la defensa popular para pavimentar el camino hacia una sentencia condenatoria contra los hijos de Chuñil. La jugada es tan vieja como el patriarcado: si no puedes desacreditar el mensaje, fusila al mensajero.
La falsa simetría de la ley
El caso Riquelme ilustra a la perfección la lógica de clase que rige el derecho penal chileno. La Fiscalía abre una investigación reservada cuando se trata de perseguir a quien señala los crímenes del Estado; pero cuando se trata de proteger a sus propios operadores, las filtraciones se convierten en “errores administrativos” o, directamente, en herramientas de lawfare. La misma institución que imputa a una abogada por revelar información de un caso de desaparición forzada es la que durante años ha filtrado a la prensa chats y documentos para favorecer causas de alto voltaje político. La diferencia es clara: las filtraciones que sirven al poder se disfrazan de “transparencia”; las que lo cuestionan, se persiguen como delito. La lucha por la justicia no se ganará en los tribunales burgueses, sino en las calles y en la conciencia del pueblo.