El Juzgado de Garantía de Viña del Mar acogió a trámite la querella criminal presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje; el seremi Marcelo Ruiz y el director (s) del Serviu, Rodrigo Muñoz, por los delitos de prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y fraude al Fisco. A esta acción se suma la querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón en representación de las familias damnificadas, que amplía el frente judicial contra el secretario de Estado. El caso ya acumula 10 recursos de protección y un requerimiento de inhabilidad, acusando a las autoridades de orquestar una estrategia para excluir a las empresas de la reconstrucción de El Olivar, utilizando el aparato estatal para cometer delitos y engañar a más de 350 familias damnificadas. Mientras el ministro enfrenta penas que, de ser condenado, podrían alcanzar los 20 años de presidio, la clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la farsa judicial: el mismo poder que criminaliza a los pobladores por una toma de terreno es el que protege a sus funcionarios con el blindaje de la institucionalidad. El caso El Olivar no es un escándalo aislado; es la confirmación de que la justicia, en el Chile de los patrones, es un lujo para los poderosos y un castigo para los de abajo.
Por Equipo El despertar
Viña del Mar. El lunes 8 de junio, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar declaró admisible la querella que podría marcar un antes y un después en la relación entre el poder político y la justicia chilena. La acción judicial, presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura, apunta directamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje; al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz; y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz.
El libelo, de 168 páginas, describe una trama digna de una novela de corrupción: el ministro habría decidido, incluso antes de asumir su cargo, que las empresas Social Arquitectura y Constructora San Sebastián debían ser excluidas de la reconstrucción de El Olivar. Para materializar su plan, habría utilizado resoluciones manifiestamente injustas, presionado a funcionarios para que falsificaran informes y engañado a las familias damnificadas para que firmaran la desvinculación de sus contratos. La abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, fue categórica: el secretario de Estado “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes, y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.
La querella de las familias: Rendón amplía el frente judicial
Pero el cerco judicial sobre Poduje no se limita a los intereses empresariales. El abogado Luis Mariano Rendón, conocido por su activismo en derechos humanos, presentó una nueva querella criminal contra el ministro, esta vez en representación de las familias damnificadas de El Olivar. La acción judicial, que fue acogida a trámite por el tribunal, añade una dimensión crucial al caso: no se trata solo de un conflicto entre empresas y el Estado, sino de una violación directa a los derechos de las personas más vulnerables, aquellas que perdieron sus hogares en el megaincendio de 2024 y que hoy ven cómo sus viviendas son demolidas por decisiones arbitrarias.
La querella de Rendón refuerza la tesis de que el ministro Poduje actuó con desviación de poder, utilizando el aparato estatal para imponer su voluntad personal por sobre el interés público y los derechos de las familias afectadas. Al incorporar a las víctimas directas como parte querellante, el abogado busca que la justicia no solo sancione los delitos funcionarios, sino que también repare el daño causado a quienes han sido doblemente victimizados: primero por el incendio y luego por el abuso de poder del Estado.
Los delitos imputados: prevaricación, falsificación y fraude al Fisco
La querella imputa cuatro delitos de alta gravedad:
- Prevaricación administrativa reiterada: Consiste en dictar resoluciones manifiestamente injustas y fuera de las competencias legales. El artículo 228 del Código Penal sanciona a quien, desempeñando un empleo público no judicial, dicte a sabiendas una resolución manifiestamente injusta.
- Falsificación ideológica de instrumento público: Implica faltar a la verdad en hechos sustanciales y presionar a funcionarios para antedatar documentos. El artículo 193 del Código Penal castiga con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo al empleado público que, abusando de su oficio, cometa falsedad faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales.
- Uso malicioso de instrumento público falso: Se refiere a la utilización de documentos falsos para obtener beneficios.
- Fraude al Fisco: Relacionado con la orden de demoler casas de forma innecesaria, provocando un perjuicio económico al Estado. El artículo 239 del Código Penal establece que si la defraudación excede de 400 unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.
Las penas que enfrenta: hasta 20 años de presidio
La acumulación de estos delitos podría significar para Poduje y sus coimputados penas que sumarían hasta 20 años de presidio. El artículo 193 del Código Penal establece para la falsificación ideológica una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. El fraude al fisco, por su parte, puede alcanzar el presidio mayor en sus grados mínimo a medio. La prevaricación administrativa, aunque técnicamente conlleva una pena de inhabilitación, se suma al cuadro de delitos funcionarios que comprometen gravemente la carrera del ministro.
A esto se suma un requerimiento de inhabilidad presentado por la Constructora San Sebastián ante la Contraloría, que busca declarar a Poduje inhábil para intervenir en cualquier proceso relacionado con la empresa, por carecer de objetividad e imparcialidad. La empresa argumenta que, antes de ser ministro, Poduje, en su calidad de director de la consultora Atisba, elaboró informes técnicos sobre la reconstrucción de Viña del Mar en los que ya anticipaba su posición contraria a las empresas.
El contexto: un gobierno que se desangra en sus propias contradicciones
El caso El Olivar no es un hecho aislado. Se inscribe en una ofensiva más amplia del gobierno de José Antonio Kast contra los derechos de los trabajadores y las empresas que no se pliegan a sus designios. Mientras el Ejecutivo impulsa recortes en salud, vivienda y desarrollo social, sus propios ministros son acusados de utilizar el aparato estatal para perseguir a empresas y enriquecer a sus aliados.
El ministro Poduje ha respondido a las acusaciones calificando a los querellantes de “sinvergüenzas” y asegurando que el Ministerio presentó cuatro querellas contra la Constructora San Sebastián por fraude al fisco, estafa y negociación incompatible. Sin embargo, su defensa no ha logrado frenar la avalancha judicial: ya son 10 recursos de protección los que se tramitan en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presentados por las empresas y por las propias familias damnificadas.
La función de clase de la impunidad
Desde una perspectiva marxista, el caso Poduje no es una anomalía del sistema judicial, sino su expresión más pura. La ley, en el Chile del capitalismo neoliberal, no es un ente neutral, sino un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante. El mismo sistema que persigue con saña a los pobladores por una toma de terreno, que encarcela a los jóvenes de los barrios populares por delitos menores, es el que protege a los ministros acusados de delitos graves con el blindaje de la institucionalidad.
Mientras los de abajo son condenados con todo el peso de la ley, los de arriba disfrutan de un estatuto de excepción que les permite dilatar procesos, destruir pruebas y, en última instancia, salir impunes. La querella contra Poduje, tanto la de Social Arquitectura como la de Luis Mariano Rendón, es un recordatorio de que la justicia, en el Chile de los patrones, es un lujo para los ricos y un castigo para los pobres. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura” contra la corrupción. La verdadera corrupción no está en los informes falsos de El Olivar, sino en un sistema que blinda a los poderosos y criminaliza a los de abajo.