El presidente derechista Rodrigo Paz Pereira, con el respaldo explícito del Congreso y el silencio cómplice del imperio estadounidense, ha desatado una ola de represión brutal contra las protestas sociales que exigen su renuncia, tras un mes de movilizaciones y bloqueos que evidencian el agotamiento del “cambio” neoliberal que prometió en campaña. Con un saldo oficial de al menos siete muertos, 23 heridos y 321 detenidos —aunque organizaciones sociales advierten que las cifras reales podrían ser mucho mayores—, el mandatario de centroderecha ha eliminado las trabas legales a la intervención militar, restringido libertades y amenazado con declarar el “estado de excepción”, todo ello mientras la economía real se desangra por la crisis de combustibles y el desabastecimiento. La respuesta de la clase obrera, los campesinos aimaras y los sectores populares no ha cedido: la consigna ya no es solo salario o comida, sino la expulsión de un gobierno que, fiel a la agenda de sus amos, responde con balas a las demandas justas de quienes construyen el país con sus manos.
Por Equipo El despértar
La Paz, Bolivia. Ya van 28 días. Casi un mes de cortes de carreteras, marchas multitudinarias y enfrentamientos con las fuerzas del orden ha sumido a Bolivia en una de sus crisis políticas y sociales más agudas desde el retorno a la democracia. El presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió hace apenas seis meses con la promesa de poner fin al “socialismo obsoleto” y reactivar la economía con recetas de recorte fiscal, se enfrenta ahora a una rebelión popular que exige su renuncia. La chispa inicial fue la eliminación de la subvención a los combustibles y el aumento de precios de hasta un 90%, seguida por la escasez de divisas y la comercialización de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos. Pero detrás de esas medidas está la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pronosticó una contracción del PIB boliviano del 3,3% para este año y presiona por un ajuste estructural que castiga a los más pobres.
Las garras del “estado de excepción”: blindaje legal para la represión
En un movimiento que desnuda la esencia autoritaria de su proyecto, Paz logró que el Congreso (con mayoría de diputados oficialistas y el apoyo de Unidad) derogara la Ley 1341, una norma de 2020 que limitaba la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La nueva ley, ya promulgada, elimina las restricciones para que los militares salgan a las calles en apoyo de una policía desbordada y permite restringir libertades de movimiento y reunión. El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), advirtió que esta medida generará “mayor violencia” y dejará las reivindicaciones sociales “desprotegidas”. Pero el gobierno no hizo caso. El presidente Paz fue explícito en su amenaza: “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”. Y sus palabras no se quedaron en retórica. El pasado sábado 23 de mayo, un operativo conjunto de policías y militares denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas” intentó despejar las rutas de acceso a La Paz, pero fracasó tras violentos enfrentamientos en El Alto y Senkata, donde los agentes recurrieron al uso de gases lacrimógenos contra la población.
El saldo hasta ahora es sangriento. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 y el 24 de mayo de 2026, se registraron 321 personas arrestadas, 23 heridas y siete fallecimientos. La muerte más reciente es la de Víctor Cruz Quispe, un civil que falleció tras recibir un proyectil de arma de fuego cerca de Vilaque durante los disturbios del sábado. El vocero presidencial insistió en que policías y militares no portaban armas de fuego, pero la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos han exigido una investigación independiente.
El pueblo no se arrodilla: Bolivia resiste
Lejos de amedrentarse, los sectores movilizados han redoblado su presión. Este jueves, al cumplirse 28 días de protestas, Bolivia amaneció con 64 puntos de bloqueo activos en seis departamentos, según el mapa de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La Paz sigue siendo el epicentro, con 22 cortes que la mantienen prácticamente cercada. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la Central Obrera Boliviana (COB) han llamado a “masificar” las medidas de presión. El martes, unas 1.600 cisternas de combustible permanecían detenidas en las rutas hacia la planta de Senkata, mientras que la Asociación de Surtidores Privados de Hidrocarburos de La Paz alertó de una “paralización casi total” en la distribución.
La solidaridad de clase también se expresa en las calles. El miércoles, Día de la Madre, miles de campesinas aimaras, con sus tradicionales polleras, marcharon por el centro de La Paz para exigir la salida de Paz. “No tenemos miedo a morir. Vamos a dar nuestras vidas por defender (…). Ya le hemos dicho (al gobierno) que alisten sus maletas y que se vaya”, declaró a la AFP la campesina indígena Marta Poma Luque. Choferes en huelga paralizaron el transporte público y se sumaron a las protestas.
La alianza de las derechas y la hipocresía del “Escudo de las Américas”
Mientras el gobierno de Paz reprime en las calles, recibe el apoyo explícito de Washington. El presidente Donald Trump, a través de la alianza “Escudo de las Américas” (que integra a Bolivia, Chile, Argentina y otros países de la región), ha respaldado al mandatario boliviano, advirtiendo sobre “afanes de desestabilización” y legitimando el uso de la fuerza. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó incluso las protestas como un “intento de golpe de Estado”. Esta injerencia imperialista busca salvaguardar los intereses de las transnacionales que operan en el país y asegurar la continuidad de un modelo económico que prioriza la ganancia del capital sobre la vida de los trabajadores. No se trata de defender la democracia, sino de defender un orden de clase que, en Bolivia, está profundamente cuestionado.
El costo del ajuste y la crisis humanitaria
La crisis económica es el telón de fondo de esta convulsión. La dependencia de la importación de combustibles y la caída de las reservas internacionales han golpeado a los sectores populares. La eliminación de los subsidios a la gasolina disparó los precios, y la mala calidad del combustible distribuido por el Estado arruinó los motores de miles de vehículos de transporte público, afectando directamente el sustento de los trabajadores. Mientras el gobierno de Paz recurre a la represión, la población de La Paz y El Alto sufre un agudo desabastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal. El presidente reconoció que las pérdidas económicas por los bloqueos ascienden a 600 millones de dólares, pero no mencionó los millonarios recursos que se fugan del país vía remesas de utilidades y paraísos fiscales.
Epílogo: la lucha sigue en las rutas y en las barricadas
Este viernes, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) intentará una nueva mediación entre el gobierno y los sectores movilizados en la Vicepresidencia. Pero las bases están divididas: mientras sectores del transporte y el comercio, agotados por las pérdidas, piden una tregua, la dirigencia campesina e indígena mantiene su posición innegociable: la renuncia del presidente. La derogación de la ley que limitaba la acción militar es un paso atrás en la conquista de derechos. Es la puerta de entrada a una militarización que anticipa un baño de sangre si el diálogo no prospera. La clase trabajadora latinoamericana observa con atención este conflicto. No es solo una crisis local; es un laboratorio de las consecuencias del ajuste neoliberal en la región, y una prueba de fuego para el movimiento popular. El tiempo se acaba para Paz, pero la organización de los de abajo es la única garantía de que la patria que quiere defender con balas no es la de los trabajadores, sino la de los patrones.