A tres meses y medio del “gobierno de la emergencia”, el Presidente José Antonio Kast admitió que el país atraviesa meses “críticos” y “complejos”, con la tasa de desempleo más alta de Sudamérica. Las cifras oficiales del INE para el trimestre febrero-abril de 2026, las primeras de su mandato, arrojan una desocupación del 9,4%, la peor desde la pandemia, con 40 meses consecutivos por sobre el 8%. Mientras el ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoce que “lamentablemente es el peor registro desde el trimestre abril-junio de 2021”, el gobierno se ufana de que, en esa misma medición, se destruyeron 40.000 empleos formales y se crearon 108.000 informales. La clase trabajadora chilena asiste al espectáculo de una administración que, en lugar de atacar las causas estructurales de la cesantía, profundiza el ajuste fiscal, flexibiliza los derechos laborales y entrega millonarias rebajas tributarias a las grandes empresas, mientras el pueblo se hunde en la precariedad y la desesperanza.
por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Nunca antes un gobierno había heredado una tasa de desempleo tan alta y, en lugar de revertirla, la había profundizado. Según el propio ministro del Trabajo, Tomás Rau, los datos publicados por el INE son “malas cifras que exigen actuar con urgencia”, pero el plan de acción del Ejecutivo es una confesión de su fracaso: más ajuste, más flexibilidad y más recortes para los de abajo.
La contradicción de la “mano dura” laboral
En el Día del Trabajador, el Presidente Kast ya había admitido que Chile enfrenta una “emergencia laboral”, con más de 900 mil personas sin trabajo formal y 2,5 millones sobreviviendo en la informalidad. Sin embargo, su respuesta a esta crisis no ha sido la inversión social ni la protección del empleo, sino el ajuste fiscal: un recorte de 6.000 millones de dólares del gasto público, una rebaja del impuesto corporativo y la flexibilización de la ley de 40 horas.
El ministro Rau, en una declaración que debería ser lapidaria para cualquier gobierno que se precie de “progresista”, admitió que “no solo es preocupante el menor empleo, sino su calidad. De los 68.000 empleos que se crearon, se destruyeron 40.000 empleos formales y se crearon 108.000 empleos informales”. En otras palabras: el gobierno de Kast está celebrando la creación de empleos precarios, sin contrato, sin seguridad social, sin derechos, mientras la clase trabajadora se hunde en la informalidad que el propio modelo promueve. El desempleo femenino, por su parte, escaló al 10,5%, su cifra más alta desde abril de 2021, lo que confirma que las mujeres son las primeras víctimas de la ofensiva neoliberal.
El modelo de la “austeridad” y sus víctimas
La respuesta del gobierno a esta crisis es, como era de esperar, profundizar el modelo que la generó. Kast ha llamado al sector privado a “colaborar” contratando personas, pero no ha hecho nada para garantizar que esos empleos sean dignos. En su intervención, el Presidente fue explícito: “El Estado no puede con todos”, descargando la responsabilidad de la crisis en los trabajadores y las familias que ya no pueden llegar a fin de mes.
La Mesa por el Empleo, mandatada por el Presidente, se ha fijado la meta de crear 50 mil nuevos empleos en cuatro meses, una cifra ridícula frente a los 940 mil desocupados que ya existen. Pero lo más revelador es que la estrategia del gobierno no es generar empleo mediante la inversión pública o la protección de la industria nacional, sino mediante la desregulación y la flexibilización. Kast ha anunciado modificaciones a la ley de 40 horas y un proyecto de contratos por hora, que no es más que la puerta de entrada a la precarización total de la fuerza de trabajo. El ministro Rau, por su parte, justifica el proyecto de Sala Cuna Universal como una “medida pro empleo femenino”, pero en los hechos busca eliminar las barreras que, según el gobierno, desincentivan la contratación de mujeres. Es la misma lógica de siempre: para que el capital contrate, hay que abaratar el costo de la mano de obra, incluso si eso significa sacrificar los derechos conquistados.
La hipocresía de la “reactivación”
Mientras Kast advierte que las nuevas inversiones “quizás se van a hacer realidad en seis meses, en un año, en un año y medio”, la clase trabajadora sigue esperando. El gobierno ha impulsado el llamado “Plan de Reconstrucción Nacional”, que el ministro Rau define como “medidas pro inversión, pro crecimiento y pro generación de empleo”. Pero el plan no es más que una nueva entrega de recursos al gran capital, con rebajas tributarias millonarias que no se traducirán en empleo, sino en mayores ganancias para los grupos económicos que ya dominan el país.
El Presidente, en un gesto de cinismo que ya es su sello, ha reconocido que su política de austeridad causará “dolor”. Lo que no dice es que ese dolor lo pagarán los trabajadores, mientras los empresarios se frotan las manos con las rebajas de impuestos y la flexibilización laboral. La “austeridad” de Kast es el nombre elegante del saqueo: el Estado se retira, los derechos se recortan y el capital se lleva el botín.
El desempleo como arma de dominación de clase
Desde una perspectiva marxista, el desempleo no es un fenómeno natural ni una fatalidad económica: es un instrumento de disciplina de clase. Un ejército de reserva de trabajadores desocupados ejerce presión a la baja sobre los salarios y permite al capital imponer condiciones cada vez más precarias. El gobierno de Kast, al profundizar el ajuste fiscal y la flexibilización laboral, no está combatiendo el desempleo: lo está utilizando como un ariete contra los derechos de los trabajadores.
Mientras el ministro Rau habla de “urgencia”, el presidente Kast llama a “abrir espacios laborales” y la derecha celebra la creación de empleos informales, la clase trabajadora chilena sigue pagando el costo de un modelo que la excluye y la explota. La promesa de “pleno empleo” no es más que una coartada para profundizar la precarización. La verdadera solución no pasa por flexibilizar los contratos ni por recortar el gasto público, sino por recuperar la soberanía económica, nacionalizar los recursos estratégicos y garantizar que el trabajo sea un derecho, no una mercancía.